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En medio de las polémicas que cada tanto sacuden al Gobierno del presidente Gustavo Petro, varias de ellas generadas por el propio jefe de Estado, ha pasado desapercibido un trabajo discreto que se viene realizando desde hace algunas semanas en varios frentes y cuyo propósito fundamental es darle un aire –tanto jurídico como político– a buena parte de los procesos que se han venido estancando dentro de la llamada paz total.
Se han cruzado mensajes, se han hecho reuniones privadas, se han citado audiencias públicas y hasta se han desarrollado visitas a cárceles con el fin de construir una propuesta legal viable que derive en la entrega de armas de bandas urbanas y rurales que, aupadas en el narcotráfico y la violencia extrema, han desafiado al Estado en diversas regiones, pero con el bemol de que no tienen un gen político en sus orígenes.
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Todo el lío radica en que desde noviembre del 2023, cuando la Corte Constitucional le dio su visto bueno a la cirugía que la Casa de Nariño promovió en la ley de orden público para poderse acercar a este tipo de organizaciones criminales, quedó sin piso un eje clave de la apuesta oficial.
En efecto, el alto tribunal advirtió que sí es constitucional que el jefe de Estado avale “entablar acercamientos y conversaciones” con este tipo de estructuras, pero declaró inexequible el apartado en el que indicaba que “los términos de sometimiento a la justicia” serían elaborados “a juicio del Gobierno Nacional”. Ahí, con este último acápite declarado ajeno a la Carta Política, le dijo a la administración del presidente Petro que sí debe tramitar una reforma legal por el Congreso para implementar esos desmantelamientos.
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Desde que se conoció esa decisión ha pasado cerca de un año y aún no hay claridad sobre cómo se podrían generar desmovilizaciones colectivas de narcobandas como el Clan del Golfo, Los Pachenca, Los Shottas, Los Espartanos, Los Mexicanos y, entre otras, Los Zetas, ya que con todas hay lo que en singular se denominó “espacio de conversación sociojurídico” y cuyos inicios se han venido dando en fechas distintas.
“En el Gobierno tenemos la facultad legal para sentarnos a dialogar en esos espacios, pero no tenemos un marco jurídico diferencial, como el que pidió la Corte, para poder ofrecer alguna alternativa penal”, reconoció una fuente del alto Gobierno. Y de ahí es que se desprende la estrategia que se echó a andar para tejer ese espectro, ya sea con las herramientas legales actuales o probando legislativamente con asuntos muy concretos que permitan esquivar el ambiente hostil que tiene el Ejecutivo en el Capitolio.
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Por un lado, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, está analizando con su equipo hasta dónde se puede avanzar con la normatividad vigente, partiendo de una caracterización de los integrantes de esos grupos criminales y de las mismas formas de operar que tienen, porque jurídicamente se podrían diferenciar entre los integrantes de esas estructuras que han cometido delitos de lesa humanidad y los que no. Además, ahí son claves los escenarios en los que se perpetraron los delitos.
El Espectador estableció que para la primera semana de septiembre, en Medellín, se daría una audiencia sobre paz urbana con presencia de la ministra Buitrago y delegados de las bandas que están en un estancado diálogo con el Gobierno, con el fin de analizar el tratamiento jurídico que se les podría dar a estas estructuras y las herramientas que se requieren para aplicarlos.
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Otra fuente oficial que conoce los detalles de todos estos análisis le dijo a este diario que un ejemplo que está siendo verificado se dio en 2011, durante el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos, cuando se registró la desmovilización de una estructura paramilitar bautizada Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac), la cual se hizo con las normas penales de la época y sin modificar leyes vigentes en ese momento.
Lo que pasó en ese entonces es que la estructura –que delinquió como heredera de paramilitares en Vichada, Meta y Guaviare– desmovilizó a 269 integrantes, quienes fueron judicializados con los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. El Ejecutivo de turno negó injerencia directa en ese proceso, y la Fiscalía de entonces justificó que la controversia que se generó y que derivó en la libertad del grueso de ese grupo es que su presentación para el sometimiento se dio sin armas, por lo que no se pudo aplicar la figura de la flagrancia. No obstante, quedaron actas de que habían entregado alrededor de 500 fusiles, 80.000 cartuchos y 400 granadas.
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Lo que se busca es evitar la falta de preparación jurídica que hubo en ese momento para que, si no se aplican reformas legales con las actuales mesas de desarme, no se registren vacíos que deriven en posibles visos de impunidad con personas que en todo caso son delincuentes y tienen pendientes con la justicia; incluso, algunos con estrados internacionales como el caso de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, quien fue reconocido por el gobierno Petro como uno de sus interlocutores para el “espacio de conversación sociojurídico” con el Clan del Golfo y sobre el cual pesa un expediente federal en Estados Unidos por narcotráfico.
“Si eso no está resuelto en un mes, no hay tiempo. Llevamos dos años en esto y la Oficina del Comisionado de Paz no se ha puesto en la tarea. Hay más buenas intenciones que realidades”, aseguró Ariel Ávila (Alianza Verde), quien preside la Comisión Primera del Senado y fue ponente de un primer proyecto de sometimiento y sujeción –avalado por la Casa de Nariño– que no prosperó por falta de apoyo en el Congreso.
Esta alerta del legislador concuerda con el trabajo que viene haciendo la ministra de Justicia, ya que si el proceso de caracterización de grupos y sus militantes que se espera desarrollar llega a buen término se podrían usar las herramientas actuales que tiene la Fiscalía General para los sometimientos y desarmes colectivos, con lo que se esquivaría el tortuoso paso por un Congreso que este semestre tiene de una marcada agenda económica y que está calentando motores para el anticipado debate electoral en el que el propio presidente Petro ya metió al país.
Y aunque en la frustrada reforma que no pasó en el Capitolio se habló de temas como dejarles hacer uso de parte de las fortunas que amasaron durante su paso por la ilegalidad, y de posibles rebajas de condenas, todos esos temas por ahora están en stand by mientras se define si hay otras alternativas legales que en todo caso tienen como línea roja no acceder al reconocimiento político que algunas de estas organizaciones criminales han exigido.
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En esta parte de la ruta que se está construyendo entra directamente el comisionado de Paz, Otty Patiño, quien cada tanto se reúne con el presidente Petro para informarle sobre el momento en que está la apuesta por desarmar estructuras ilegales. En efecto, la oficina del funcionario viene desarrollando sus propios análisis, pero con canales de diálogo con los ministerios del Interior y de Justicia, sus voceros en las diferentes mesas de conversaciones que están abiertas y otras instancias.
Aquí es donde se dejó claro que el reconocimiento político no se va a dar a estructuras distintas al ELN y a algunas de las disidencias de las FARC, pero que eso no implica que no existan otras alternativas. De hecho, si la Fiscalía de Luz Adriana Camargo –quien también tiene contactos con la Casa de Nariño para buscar alternativas penales para destrabar la paz total– dice que se requieren reformas legales que no se pueden hacer vía resolución o decreto, se estructurarían articulados más sencillos para llevar al Congreso y facilitar las entregas colectivas urbanas y rurales.
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“La ley de sometimiento fue entregada al Congreso el año pasado y fue una iniciativa inicial para algunos grupos, porque ya tenemos marcos que regulan a otros. De hecho, con la última sentencia de la Corte Constitucional, sobre la jurisdicción que debía conocer los procesos de Salvatore Mancuso, es claro que el paramilitarismo tiene una vía clara que es Justicia y Paz. Ese proyecto de ley no tuvo debate y se hundió en el trámite general en el Congreso. Pero, sobre esa misma base, se exploran vías para saber si hay marcos regulatorios que puedan comprender a algunos grupos, y a otros que son amorfos y que no encajan en las jurisdicciones existentes”, dijo la ministra Buitrago en una reciente entrevista con El Espectador.
Precisamente, ahondando en esa declaración, este diario estableció que de ahí parte la que sería la tercera fase de la estrategia. Según cifras oficiales, con la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz, se han emitido 89 sentencias y se tiene a 10.000 desmovilizados de las autodefensas esperando un fallo, por lo que se requiere determinar cómo se dinamiza.
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Además, en los recorridos que personas cercanas a estas fases de negociación han hecho en diversas cárceles en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, se han encontrado con una queja generalizada. El artículo 18A de esa norma dice en uno de sus apartados que, tras los 8 años de condena que se estableció en Justicia y Paz, se puede pedir la libertad siempre y cuando se cumpla –entre otros– con el requisito de “no haber cometido delitos dolosos con posterioridad a la desmovilización”.
Varios exparamilitares siguen presos porque, aseguran sus abogados, han delinquido con asuntos que podrían verse legalmente menores, como un robo, pero que frenan su regreso a la libertad por cuenta de la interpretación que se le da a ese apartado.
Es por eso que el senador de La U Antonio José Correa le propuso al Gobierno, a la Rama Judicial y a los propios desmovilizados promover un proyecto de ley que “dinamice” los procesos de Justicia y Paz y que extienda su vigencia, porque ya lleva 19 años aplicándose y su vida jurídica es de 20.
“Estamos en la fase de terminar los consensos con los diferentes actores que están involucrados en el tema, para ahí sí presentar el texto en máximo dos semanas para discusión del Congreso”, confirmó Correa. Un asunto clave en todo esto son los llamados terceros civiles, porque son las personas que han aparecido mencionadas en los expedientes judiciales y no han sido procesadas por no tener un marco transicional que permita dar ese paso.
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Tanto en la Casa de Nariño como en el Capitolio reconocieron que si eso no se atiende con algún mecanismo legal, Colombia se puede enfrentar a demandas internacionales por posible impunidad con las víctimas de la guerra. El reciente caso de Chiquita Brands, condenada en Estados Unidos por financiar paramilitares colombianos, es un caso de estudio en este frente, lo cual se suma a que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene una veeduría sobre el país.
“La inclusión de terceros no se hizo del todo en todas las normas y eso también preocupa, porque los terceros que siempre se quedan fuera de la historia son fundamentales”, reconoció también la ministra de Justicia en una audiencia pública sobre el tema que el Congreso realizó hace tres semanas.
Y el otro paso adicional que se está dando en toda esta estructura de búsqueda de alternativas penales que se quieren implementar para que la paz con narcobandas rurales y urbanas no fracase lo está dando otro sector del Congreso. El pasado 20 de agosto, ante la presidencia del Senado –liderada por el conservador Efraín Cepeda– se radicó oficialmente una solicitud para crear una comisión legislativa accidental que acompañe los procesos que se adelantan con “organizaciones armadas no rebeldes”.
“Construir concepto sobre adecuaciones de la arquitectura institucional y procesal del sistema de justicia transicional en Colombia (Jurisdicción Especial para la Paz y Justicia y Paz) para adaptarlo a los desafíos que supone, por una parte, salvaguardar las garantías al debido proceso y cierre de quienes se encuentran sometidos actualmente provenientes de procesos de desmovilización pasados y, por otra, la preparación de un marco jurídico para la desmovilización de las organizaciones armadas organizadas del crimen de alto impacto que operan actualmente en el territorio nacional”, se lee en uno de los apartados del documento de tres páginas al que accedió El Espectador.
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La Casa de Nariño ve con buenos ojos esa comisión y no tiene reparos en que se conforme, y desde el Legislativo buscan que este acompañamiento permita materializar el marco jurídico que aún hace falta y por el que existe un riesgo latente de que los espacios de conversación sociojurídicos naufraguen.
Entre los firmantes de la proposición para crear la nueva instancia legislativa, que se definirá entre martes y miércoles de la semana que comienza este 26 de agosto, están los senadores Zuleta, Correa, Iván Cepeda y –entre otros– Julio Elías Vidal.
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“Sí se necesita un instrumento jurídico que debe pasar por el Congreso, pero se debe afinar lo que se necesita para que el debate sea puntual y se pueda conseguir apoyo en Senado y Cámara”, precisó la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico y acompañante de los diálogos con las bandas que delinquen en Medellín. Desde su oficina, además, se viene trabajando en un debate de control político a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con el fin de determinar qué ha hecho falta para atender los procesos de los que ya dejaron las armas y aún, pese a todo, se mantienen en la legalidad.
Y, por otro lado, se ha esbozado la posibilidad –aún muy cruda– de que se busque una cirugía a la Constitución para consolidar un sistema nacional de justicia transicional que recoja a Justicia y Paz y la JEP, pero ni del lado judicial ni del político la idea ha tomado fuerza. Además, a esta última instancia, nacida del proceso de paz con las extintas FARC, se le vienen haciendo análisis para determinar si también se le deben hacer o no ajustes, mientras que sus voceros han participado en algunos de estos espacios de búsqueda de nuevos caminos.
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En los consejos de paz que lidera el presidente Petro cada tanto en la Casa de Nariño todos estos escenarios se han analizado con lupa y cualquier paso definitivo que se dé tiene que contar con el visto bueno del jefe de Estado, por lo que hay expectativa de hasta dónde querrá avanzar en estos procesos de paz total cuando ya está en el segundo tiempo de su mandato y quiere dejar obras tangibles que le permitan impulsar la reelección del proyecto progresista en el 2026.
Desde su círculo más íntimo confirmaron que estos asuntos harían parte del debate electoral y que no se descarta que, en medio de todo, se retome el relato constituyente para darle un tono plebiscitario a las siguientes presidenciales.
Vea la proposición para crear una nueva instancia legislativa en torno a la paz:
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