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El clan criminal de Marcos de Jesús Figueroa García o Marquitos en la Costa Caribe sería el responsable de numerosos homicidios selectivos, narcotráfico, extorsiones y hechos de contrabando. Pero para la Fiscalía la detención de Marquitos en 2014 en Brasil y su estadía en prisión no ha impedido que este siga ejerciendo dominio territorial. Y aunque su hijo Marcos Francisco Figueroa Fonseca fue detenido en abril de 2018, ahora, según la Fiscalía, esa organización tiene en jaque el juicio en contra de este último, que se adelanta en Valledupar por su posible participación en cuatro asesinatos.
Así lo indicó el organismo ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar el pasado 14 de enero, cuando se iba a realizar la audiencia de acusación en contra de Figueroa Fonseca; el sobrino de Marquitos, Damiler Paul Corrales; el exalcalde de Maicao Ovidio Mejía Marulanda, Arles Johan Amaya Brito, José Miguel Torres Cataño y Tirso Segundo García Márquez. Instalada la audiencia, la fiscal del caso, en vez de ponerse a leer la acusación, aseguró que el proceso debía ser trasladado de inmediato a Bogotá por seguridad de los testigos y porque la independencia de la justicia estaba en riesgo.
Las razones del fiscal para hacer esas aseveraciones son una serie de amenazas de muerte que ha venido recibiendo uno de los testigos claves en este caso, a quien le han ofrecido hasta dinero a cambio de que se retracte de los señalamientos. Las amenazas han llegado también a sus familiares en La Guajira. De hecho, el testigo, de quien El Espectador reserva su nombre por seguridad, denunció a todos los involucrados en este caso y a un juez de Maicao en mayo y septiembre de 2018 por los delitos de amenazas personales, constreñimiento, desplazamiento forzado y prevaricato.
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A este panorama se suma, de acuerdo con la Fiscalía, la notoriedad de la influencia de la organización criminal de Marquitos en ese departamento y en Cesar, Córdoba, Atlántico, Bolívar y Magdalena; así como el contexto del paramilitarismo en esta región que lo padeció enormemente. Y es que, según el escrito de acusación del ente investigativo, la organización de Marquitos se consolidó en la región en medio de una disputa con los grupos paramilitares y luego de servir como jefe de escoltas de Jorge Gnecco Cerchar, asesinado por las autodefensas.
“Marquitos Figueroa mantuvo su posición de no ser subordinado de ningún cabecilla de las autodefensas, lo que hizo fue poner su potencial ideológico y maligno al servicio de algunas estructuras criminales, situación que incomodó a Rodrigo Tovar Pupo (…) Al ser extraditado Jorge 40 a Estados Unidos, Figueroa regresó a Colombia y tomó el territorio y rutas del narcotráfico junto con el gobernador de la Guajira, (Juan Francisco Gómez) alias Kiko Gómez, como resultado de esto se produjeron numerosos homicidios selectivos (…) en especial contra enemigos políticos de Kiko Gómez”, dice la acusación.
El exgobernador Kiko Gómez, quien sería el socio de Marquitos, ya paga una condena de 55 años de prisión por tres asesinatos: el de la exconcejal de Barrancas Yandra Brito, su esposo y su escolta. Mientras tanto, Marcos Francisco Figueroa Fonseca, alias Pacho, hijo de Marquitos, y sus socios, fueron acusados por la Fiscalía por su posible participación en los homicidios de Dani Deluque Taborda, alias el Venezolano, ocurrido en Valledupar el 15 de febrero de 2012; de Juan Bautista Ruiz y Darwin Danel Daza Lozano, en Fonseca (La Guajira) el 6 de febrero de 2013, y de Hernando López Sierra el 28 de julio de 2014, también en Fonseca.
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“Son hechos perpetrados por la organización criminal (…) fueron cometidos como fuente de financiación o por control territorial de las zonas de injerencia de esta organización”, dice la acusación. La Fiscalía asegura que el grupo del hijo de Marquitos viene delinquiendo desde hace más de siete años. “Sus integrantes se encuentran debidamente jerarquizados, es decir, están liderados por varias personas que serían sus cabecillas principales, seguidos de unos mandos medios y un personal de base, quienes constantemente se concedan para planear, coordinar y ejecutar acciones criminales mediante un acuerdo de voluntades”, añade el documento.
La Fiscalía argumentó ante el juzgado de Valledupar que mantener el juicio en “cualquiera de los departamentos de la Costa Atlántica” se afectaría el proceso y los testigos podrían ser amedrentados. Cuestionó, por ejemplo, que la defensa del exalcade de Maicao, Ovidio Mejía Marulanda, haya solicitado ante un juzgado que le fuera revocada la medida de aseguramiento que lo tenía en la cárcel. Dos abogados de los procesados, sin embargo, consideraron que no había lugar a mandar el juicio a Bogotá al señalar que la sola denuncia que interpuso el considerado testigo clave no probaba las supuestas amenazas que este habría recibido. El abogado de Marcos Figueroa no se pronunció al respecto.
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La respuesta de la Corte
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que hace un par de semanas ordenó proteger al testigo, pero decidió que el juicio debe seguir en el juzgado de Valledupar porque, sin negar la gravedad de las amenazas, la Fiscalía —a su juicio— no explicó cómo la ubicación puede afectar “el normal desarrollo de la actuación o influyen en el ánimo y la objetividad del juez de conocimiento”. De hecho, la Corte recordó que existe el programa de protección como herramienta idónea para garantizar la integridad del amenazado sin afectar el avance del proceso. “La Fiscalía ha contado y cuenta con los recursos judiciales ordinarios y los medios judiciales que estime convenientes”, dijo el alto tribunal.
La Sala además dijo que la sola existencia de grupos ilegales en una región no es argumento para cambiar un juicio de locación, ya que entonces no habría lugar apto en el país en el que pueda actuar la justicia. “La zona de influencia de la organización criminal no es razón suficiente para variar el conocimiento del juicio”, dijo la Corte. En todo caso, la Corte Suprema ordenó a la Policía y a la Fiscalía que hagan una valoración del riesgo que sufre el testigo y que adopten las medidas de seguridad que sean más eficaces para protegerlo, ante la gravedad de lo manifestado por la Policía, por las evidencias que llegaron y por la importancia del testimonio para el proceso.
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