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Mientras escribo estas líneas —es martes por la noche, y hoy la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento contra Uribe—, pasa pitando por la séptima una exigua caravana de autos, no más de 30. Todas, flamantes cuatro por cuatro. El sonido se pierde rápidamente en la oscuridad de la noche.
No me burlo. Constato el estado de ánimo que percibo. Uribe ha sido ya por un par de meses el político más desprestigiado del momento según los sondeos, y sus seguidores, que constituyen en todo caso una gran corriente política, son ya no más que una entre varias. Además, la gente está muy concentrada en sobrevivir a la pandemia. Por supuesto, la anécdota que cuento tiene un sesgo inevitablemente bogotano, y en la capital Uribe siempre fue débil; hay que ver qué pasa en otras plazas.
La decisión de la Corte no es sorpresiva. Uribe ha cumplido con el dictado de vivir peligrosamente. Sufre de hubris: la temeridad del poderoso que cada vez que se sale con la suya siente que está dispuesto a tomar mayores riesgos. Está enredado en múltiples temas judiciales, todos de gran calibre: conformación de grupos paramilitares, masacres, asociaciones de diverso tipo con hampones. No hablemos ya de los horrores que ocurrieron bajo su gobierno. Lo que estamos contemplando es sólo la punta de un iceberg con el que el país tiene que saldar en algún momento cuentas. No creo que se les escape hasta a sus mejores amigos que ha mantenido interacción continua con los bajos fondos. De ahí su comercio con el abogánster y su necesidad de tener en nómina a alguien como él. Obviamente, su base social es mucho más amplia que esa. Una de mis explicaciones del fenómeno uribista es precisamente la capacidad que ha tenido el caudillo para coordinar diversos intereses y demandas desde la legalidad y la ilegalidad.
Pero con todo y su inverosímil habilidad y capacidad de trabajo, y por representar lo que representa, la probabilidad de que en algún momento se resbalara era alta. Por eso me parecen errados, y de hecho un poco escandalosos, los argumentos que se han esgrimido a su favor. El presidente Duque planteó que una persona con la trayectoria de Uribe debería tener el derecho de desarrollar su defensa en libertad. La intuición básica, entonces, es “usted no sabe quién es él”, que revela una mentalidad primitivamente elitista. Sí: Colombia ha cubierto a Uribe de honores. Sí: el caudillo está ya irreversiblemente inscrito en nuestros libros de historia. Eso no le da derechos especiales; le pone exigencias y deberes.
Otros —incluyendo a un cada vez más irritante Juan Manuel Santos— claman exigiendo garantías para Uribe. ¿Pero quién no las ha tenido de sobra sino el caudillo? Incluyendo a un presidente-defensor y a una cauda de energúmenos amenazando no tan veladamente con salir a disparar y a matar para defender a su ídolo. De consuno impulsan una agenda legislativa cuya prioridad es la reforma a la justicia para que no se vuelva a meter con las gentes de bien. ¿Cuáles otros ciudadanos cuentan con semejantes garantías? ¿Las han tenido, digamos, las Madres de Soacha?
Se podría contraargumentar que también hay personas poderosas que detestan a Uribe. Claro. Las pasiones políticas del país están en plena ebullición. Pero el desenlace judicial no dependía de eso. Basta con revisar el larguísimo expediente que carga Uribe a sus espaldas para entender que era en realidad cuestión de tiempo para que algo así sucediera.
El poder de Uribe —dada su íntima relación con toda clase de poderes fácticos— es mucho mayor que lo que representa su ya significativo caudal electoral. Así que la pregunta es qué sigue. Esa, me temo, nos tendrá ocupados un buen tiempo. Tratemos de responderla entre todos, con responsabilidad y lucidez. Por el momento, es prioritario defender la democracia y el Estado de derecho.
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