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Ni siquiera la pandemia más brava de la historia reciente, y la única conocida por este país en el ultimo siglo, logró romper con la radicalización política. Ni siquiera una tragedia sanitaria, social y emocional de 150 días de encierro pudo calmar las narrativas posplebiscito y apostarle, al menos, a la ilusión de que el lenguaje político podría cambiar y mutar a una nueva normalidad amable, solidaria.
Era previsible que la decisión de la Corte Suprema de darle detención domiciliaria a Álvaro Uribe atizara la radicalización pues, a pesar del desgaste del expresidente en las encuestas, sigue monopolizando la representación de uno de los dos extremos del espectro político. La derecha y la centroderecha son él.
Pero más allá de la radicalización, la decisión de la Corte tuvo efectos que consolidaron la sensación, ya impuesta por la pandemia, de que políticamente cualquier exabrupto es posible.
El principal registro del descuaderne fue la alocución presidencial sobre la decisión de la Corte. Como en cualquier república bananera, en la que la división de poderes no importa, el mandatario hizo una declaración por redes sociales para defender a su mentor. A pesar del tono amable y de insistir –como suele hacerlo– en “yo lo que quiero es llamar a la reflexión”, terminó dándole una patada a la institucionalidad. Y reforzó esa patada al usar los canales oficiales de la Presidencia y permitir (o tal vez avalar) que sus asesores comparen la impune libertad de Santrich con la detención de Uribe. Como si lo primero no fuera producto de la ineficiencia estatal, o como si lo uno tuviera que ver con lo otro.
Duque no atacó la institucionalidad en una entrevista, ni cometió un lapsus. Lo hizo en una alocución con corbata, desde su atril, con la bandera al fondo, en la que acabó con la independencia de las ramas del poder público al calificar la decisión de la Corte como consecuencia de “ataques y difamaciones”.
Pero además, debajo de esas líneas explícitas, pronunció otras en las que volvió a impulsar la radicalización de 2016 en torno al plebiscito. Mezcló peras con manzanas al decir: “Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar… no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”. Sin duda, fue una indirecta dirigida al Acuerdo de Paz o, tal vez, el relanzamiento de una estrategia de comunicación: volver a la radicalización en torno al Acuerdo, para defender a Uribe.
El partido de la exguerrilla también cometió un error gigante al tuitear en tono sesentero y desgastado calificando a Uribe de tirano y dictador. Dan papaya para que muchos fortalezcan la narrativa de que el expresidente irá a juicio por cuenta de haber liderado el No. Sin embargo, que la FARC se equivoque en comunicaciones es algo más previsible que el desatino presidencial.
No solo porque Duque tiene a cargo impulsar un acuerdo que prometió no hacer trizas y que hace parte de la estatalidad, sino porque con una de sus frases comunes habría podido dejar cómodo a todo el mundo y atender su retórica de la reconciliación. Decir que confía en que Uribe podrá demostrar su inocencia habría sido suficiente para tener contento a su partido, sin romper con una tradición de respeto entre ramas que hasta ahora había sido sagrada en Colombia.
No se trata de volver a la hipocresía frentenacionalista, pero sí de contribuir a un ánimo colectivo de solidaridad y de recuperar algo de la dignidad estatal. No es ético ni estético que un presidente hable en contra del Estado que, en teoría, lidera. Menos en pandemia.