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El Gobierno nacional invoca la necesidad de buscar y lograr acuerdos básicos entre los diferentes sectores del país para atenuar los catastróficos efectos de la pandemia. Con arreglos burocráticos, ha consolidado unas mayorías en el Congreso. Evoca el Frente Nacional, cuando estas impedían cualquier asomo de oposición. Las alianzas le permitirán mejorar la gobernabilidad, pero sus primeros resultados son preocupantes.
En la elección del presidente del Congreso funcionó la aplanadora. El candidato y hoy presidente no fue vetado por la investigación que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por la posible compra-venta de votos. La presunción de inocencia debe primar ante todo. Las inquietudes de su elección se refieren a otros aspectos. Su delicado estado de salud, certificado por los médicos que excusan las 149 ausencias durante la pasada legislatura, ya que sus dolencias comprenden, entre otros males, otitis, dolores dentales, cuadros diarreicos, síndrome vertiginoso, virus respiratorios… Podría alegarse que, si bien no era asiduo en su asistencia, las pocas veces que fue su desempeño en los debates e iniciativas compensaba su esporádica presencia, mas no es este el caso, pues sus colegas afirman que solo le oyeron decir buenos días o buenas tardes. El cuadro clínico no ha afectado su aspecto físico, es de esperar que no esté aquejado de alguna dolencia asintomática.
Los acuerdos políticos aseguraban que a Cambio Radical le correspondía la Presidencia del Senado y se puede preguntar: ¿no tenían otro candidato que hubiera demostrado un mejor desempeño en su trabajo legislativo? El mensaje fue claro: la coalición tiene la mayoría y hace lo que quiera. La insensata declaración de la segunda vicepresidenta del Senado, negando el reclutamiento forzado de menores en las Farc, la hizo después de su elección. ¿Hubiera obtenido la nominación si lo hubiera afirmado antes?
Otra muestra de la aplicación de la aplanadora es el caso del ascenso del comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro. La presunción de inocencia debe protegerlo de cualquier veto, pese a estar involucrado en cinco investigaciones por peculado y tráfico de influencias. Inquietan, sí, sus acciones y opiniones oficiales. Por ejemplo, las condolencias presentadas en nombre del Ejército colombiano a la familia de Popeye por su fallecimiento. No se conocen condolencias oficiales a los parientes de los cientos de líderes cívicos asesinados. Preocupa su política de igualar a los delincuentes con quienes los denuncian, pues ha dicho que deben ser retirados del Ejército quienes mancillan el honor de la institución, sea por la comisión de delitos o por no respetar el conducto regular para denunciar los hechos delictivos. En los recientes casos de los perfilamientos, las “chuzadas” y la corrupción en la denominada Operación Bastón, quienes denunciaron tuvieron que obviar el conducto regular, pues los implicados en múltiples casos eran sus superiores jerárquicos. Según la teoría de Zapateiro, lo más seguro es la salida del denunciante. Esto ya ha ocurrido. El caso más reciente fue el retiro del Ejército del sargento que denunció a los siete soldados que violaron una niña de la etnia emberá. Es importante recordar que, de acuerdo con la Constitución, el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas… hasta ahora, su silencio parece avalar las afirmaciones de su subordinado.
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