Sistema de gestión judicial, un salvavidas para la JEP

“El despacho evidencia un estado de cosas inconstitucional respecto del reparto de asuntos para trámite en la secretaría judicial de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz”, señaló el Consejo de Estado. Esta grave afirmación la hizo al estudiar el caso de Tito Barrios Fonseca, un hombre que está en la cárcel la Picota desde el pasado 24 de noviembre por rebelión. Al no tener más condenas en su contra, Barrios Fonseca pidió de inmediato amnistía, pero se estrelló con un muro: su caso ni siquiera se ha empezado a analizar porque, como otros 6.461 en su misma situación, aún está pendiente de reparto.

La solicitud de Barrios Fonseca llegó a la JEP el pasado 6 de diciembre, 12 días después de que fuera encarcelado. “Es evidente que se han sobrepasado los términos legalmente establecidos para resolver sobre el beneficio solicitado. Estos vencían el 21 de diciembre de 2018”, advirtió el consejero William Hernández. Pero esta dilación, también indicó el magistrado, “se encuentra justificada por el estado de represamiento que presenta la secretaría judicial de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP”.

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Según las cuentas que hizo el magistrado Hernández, el 1° de noviembre de 2018 existían 3.800 solicitudes represadas, que en 28 días pasaron a ser 5.100 y, al 21 de enero, 6.461. Lo que Barrios Fonseca pidió a los jueces fue un hábeas corpus, recurso judicial con el que una persona detenida puede recuperar su libertad de inmediato si demuestra que su detención es ilegal. Barrios Fonseca alegaba que, con base en el Acuerdo de Paz, él tenía derecho a ser amnistiado y a estar libre. El Consejo de Estado, sin embargo, le respondió que la tardanza justificada de la JEP no implicaba que las detenciones automáticamente fueran irregulares.

De esa forma, el Consejo de Estado negó el hábeas corpus que solicitó Barrios Fonseca, pero el tema, era claro, iba mucho más allá. La JEP, de inmediato, divulgó públicamente la información que días atrás le había entregado al Consejo de Estado: un plan de acción para descongestionar la Sala de Indulto o Amnistía. “Dicho plan contiene distintas actividades que se implementarán hasta el 17 de mayo, como lo acordó el Órgano de Gobierno de la JEP el pasado 29 de enero”, manifestó la entidad a través de un comunicado, en el cual enunció 10 acciones principales para superar el represamiento de solicitudes de amnistía o indulto.

Esas actividades incluyen contratar más personas para apoyar la gestión documental de los procesos, pasar a funcionarios del Grupo de Análisis de Información (GRAI) a los despachos de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) o definir el mecanismo de clasificación y priorización para la asignación o distribución de radicados. Pero uno de los puntos más importantes es el último que menciona el comunicado: “Contratar el sistema de gestión judicial definitivo para la Jurisdicción”.

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Ese sistema es fundamental, no solo para la Sala de Indultos y Amnistías, sino para toda la JEP. El pasado 1° de febrero, Fiduprevisora abrió la convocatoria pública para “Contratar el diseño, implementación, licenciamiento y soporte técnico del Sistema de Gestión Judicial para la Jurisdicción Especial para la Paz”, explicando que se trata del “diseño, implementación y soporte técnico de una herramienta tecnológica, que permita gestionar y consultar la trazabilidad de cada caso allegado a la JEP, que permita la comunicación e interacción con los demás sistemas de información de la JEP”.

El sistema de gestión organizará la información en cuatro bloques: procesos judiciales (actores, secuencia de tareas, acceso al expediente virtual), investigaciones (se asocian pruebas y análisis de los procesos), logística (gestión de audiencias y notificaciones) y seguimiento a sentencias y resoluciones (trazabilidad de las decisiones de todas las autoridades de la JEP). Se trata de una iniciativa que, además, se integrará con el Sistema Interinstitucional de Información de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.

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El sistema de gestión judicial será, en términos concretos, la biblioteca de toda la JEP, pues “Proveerá la información de las acciones asociadas con cada actor (víctima o procesado) en el marco de los procesos judiciales, de manera que el Sistema de Atención a Víctimas y otros actores pueda en todo momento generar la relación de acciones de cada persona con la JEP”. La idea es que, para diciembre de este año, esté montado.