La pesadilla de los cigarrillos

A la hora de hablar de economías ilegales, el contrabando de cigarrillos es una de las economías más desconocidas, pero es de las que mayores ganancias generan. Además, sus redes se extienden por todo el país. Su historia no es nueva, pero recientemente preocupa el incremento en los volúmenes de los cargamentos que ingresan a Colombia. La especialización y descentralización que ha alcanzado el contrabando de cigarrillos en las últimas décadas, permite que una vez la mercancía ilegal entra, principalmente por La Guajira, y es repartida hacia el centro y norte del país, se dé comienzo a una larga cadena de hechos criminales, como sobornos, acuerdos entre funcionarios públicos y criminales y ajustes de cuentas cuya magnitud crece dependiendo del tamaño del mercado que logre consolidarse y del peso de la estructura criminal involucrada.

Históricamente el contrabando ha sido tratado como un tema de tradición cultural asociado a un profundo arraigo social en poblaciones locales. De hecho, es común escuchar en La Guajira —tal vez el departamento por donde mayor contrabando entra— la afirmación de que ha sido la población indígena wayuu la que ha constituido un espacio clave de interacción que ha involucrado diferentes economías ilegales. Sin embargo, la realidad parece ser diferente, pues en la actualidad este contrabando es controlado por bandas criminales y estructuras mafiosas.

Se calcula que el 10% del total de cigarrillos que circulan en el país son de contrabando, aunque su distribución geográfica no es homogénea. Llama la atención que en tan sólo dos años, pasó del 2% de cigarrillos de contrabando, en 2009, a un poco menos del 9% en 2011.

Al descomponer los datos anteriores es posible ver que en la Costa Caribe el 26% del total de cigarrillos que se consumen son de contrabando (ver gráfica). Se calcula que estos departamentos de la Costa pierden cerca de $51 mil millones al año por concepto de impuestos que serían destinados a la salud. La distribución se daría así: Bolívar, $17 mil millones; Atlántico, $11 mil millones; Sucre, $7.500 millones; Cesar, $6 mil millones, y Magdalena con casi $6 mil millones. Las siguientes zonas más azotadas por este contrabando son Antioquia, Córdoba y Chocó: entre los tres departamentos las pérdidas llegarían a un poco más de $35 mil millones.

El territorio tradicional para el contrabando ha sido la Alta Guajira, por su diversidad natural. En Bahía Portete hay al menos tres puertos artesanales: Puerto Nuevo, Puerto Portete y otro puerto de menor envergadura. En Bahía Honda hay uno más y hacia el extremo norte de La Guajira están los tradicionales nodos del contrabando en la región: Puerto López y Puerto Estrella. Hoy las zonas estratégicas del contrabando de cigarrillos son Bahía Portete, Puerto Nuevo y el otro puerto natural aledaño de Bahía Honda, por ser un corredor que conecta la red de caminos y trochas de la Alta Guajira con improvisadas pistas aéreas para la circulación de mercados como el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando.

El aumento del contrabando, entre otras explicaciones, se deriva de la creación de las zonas de régimen aduanero especial. Una de ellas es la que comprende los municipios de Maicao, Uribia y Manaure. Dichas zonas se rigen con una serie de leyes y decretos expedidos entre 2001 y 2007, que permiten garantías para el contrabando. Si bien la zona especial aduanera más complicada es la de Maicao, Uribia y Manaure, en general en el país se encuentran 15 zonas francas permanentes y 31 especiales permanentes. Muchas de ellas tienen problemas de funcionamiento.

En estas zonas se permite el ingreso de productos provenientes de todo el Caribe, debido a la figura de reexportación, en la que la mercancía no paga el impuesto al consumo, debido a que ésta no es distribuida en el país, sino que simplemente está de paso, aunque la realidad es bastante diferente. Así lo estableció la Ley 677 de 2001. Llama la atención la laxitud y premura con que estas zonas fueron entregadas durante las dos administraciones del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Asimismo, los sistemas de control y seguimientos a estas zonas y puertos son básicos y limitados. Por ejemplo, en Puerto Nuevo, tal vez el principal lugar por donde llega el cigarrillo de contrabando, los controles de las autoridades se reducen a algunos patrullajes de la marina, pero es un puerto que ni siquiera cuenta con una demarcación clara. Además, la historia de este puerto no deja de ser sangrienta.

Si bien alrededor de las actividades de contrabando ha existido un complejo y no centralizado entramado de bandas criminales y ejércitos privados que han cumplido funciones de cuidado de la mercancía, control de rutas y mercados y protección de los comerciantes e intermediarios del negocio, la incursión violenta del paramilitarismo por órdenes de Jorge 40 en la Alta Guajira desarticuló el control territorial indígena sobre los puertos. Así, luego de la masacre de Bahía Portete en abril de 2004, el desplazamiento forzado y la falta de claridad en los hechos relacionados con esta masacre hicieron que mujeres wayuu lideraran el cierre de Puerto Portete, mientras grupos armados ilegales se disputaban la administración y control de las operaciones de los otros dos puertos ubicados en Bahía Portete. Los barcos con mercancía de contrabando fueron desviados, entonces a Puerto Nuevo.

Por Puerto Nuevo entra la mayoría de cargamentos de cigarrillos de contrabando de las marcas Marlboro, Broadway, Calvert, Silver Elephant, Kentucky, Santa Fe, Fact, Blitz, Point y Empire, provenientes principalmente de Uruguay, Paraguay, Aruba, Estados Unidos, Panamá, China e India. El control de Puerto Nuevo lo tiene una banda denominada “Los Pitufos”, que trabaja para “Los Rastrojos”.

En un principio “Los Pitufos” controlaban el contrabando y el tráfico de drogas en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali y tenían nexos con funcionarios de la DIAN y la policía fiscal y aduanera en el puerto de Buenaventura, pero por órdenes de los hermanos Calle Serna, la banda “Los Comba” extendió sus dominios primero a Santa Marta y luego a Bahía Portete, donde hoy manejan parte importante del negocio de narcotráfico y tienen el control del contrabando de cigarrillos que ingresa por Puerto Nuevo en asocio con mafiosos y narcotraficantes locales, todos ellos herederos del exsenador liberal Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, quien fuera reconocido contrabandista de cigarrillos y narcotraficante de la región. En la pelea por el control de los puestos artesanales de la Alta Guajira están también “Los Urabeños”, quienes se disputan con “Los Rastrojos” los otros dos puestos ubicados en Portete y el puerto aledaño ubicado en Bahía Honda.

Los cigarrillos generalmente salen de Aruba y de ahí llegan a los puertos naturales anteriormente nombrados, o a Maicao, a donde también llegan cargamentos grandes de licor de contrabando. Según las investigaciones realizadas por autoridades colombianas, el contrabando de cigarrillos es manejado en Aruba por sectores de una familia de apellido Manzur —de hecho, una de ellos se encuentra en la lista Clinton—. Esta familia era el socio natural de El Hombre Marlboro en negocios ilícitos como narcotráfico, lavado de activos y contrabando de electrodomésticos, licores y cigarrillos.

¿Y qué hace la DIAN?

El director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, ha mostrado su preocupación por este fenómeno y ha liderado toda una campaña de formalización de puertos y denuncia de este tráfico, pero su lucha ha sido poco escuchada y relativizada. La principal preocupación reside en que de aumentar el contrabando, el sistema de salud se vería en serios aprietos debido a la disminución de los impuestos. Además, los problemas de salubridad aumentarían, ya que muchos de estos cigarrillos no cumplen las normas mínimas de control de calidad. Pero sobre todo, preocupa el aumento y crecimientos de las estructuras criminales, que parecen no ser combatidas por las autoridades policiales y judiciales.

Contrabando de cigarrillos: cerca del 14%

A esta conclusión llegó Fenalco tras la publicación del estudio “Incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia”. Allí determinaron que en el país “el contrabando de cigarrillos se acerca al 14% y es una tendencia que va en alza, cuando prácticamente estaba derrotada. En la Costa Caribe llega casi al 40%, mientras en Antioquia —donde se concentra el mayor volumen de ventas nacionales—, uno de cada cinco cigarrillos que se fuman es ilegal. Además, el estudio muestra que el contrabando tiene mayor penetración en los sectores vulnerables, hombres y mujeres de estratos bajos que viven en zonas rurales del país”, explicó Guillermo Botero, presidente del gremio de comerciantes.

Un negocio de 2.500 millones de unidades

El estudio de Fenalco detalló que “de acuerdo con las cifras de las industrias registradas, en 2011 se vendieron en Colombia alrededor de 15.400 millones de cigarrillos legales, que corresponden al 86% del mercado. Según esta investigación, el mercado ilegal vendió aproximadamente 2.500 millones de unidades (14%) durante el mismo período, por lo cual se considera que “el año pasado los entes territoriales dejaron de recibir cerca de $100 mil millones por impuestos, en detrimento de su inversión social”, reveló Guillermo Botero, titular del gremio.

Se informó también que entre las razones por las que los consumidores prefieren un cigarrillo de contrabando, está que quienes compran este tipo de producto aseguran que prima el precio, muy por debajo del mercado, con cajetillas de 20 unidades por $1.000, provenientes en su mayoría de Paraguay, India y China.

*Investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris