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Hace una década, militares del Batallón La Popa con sede en Valledupar (Cesar), permitieron y ejecutaron cientos de los peores crímenes registrados. Según establece la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre dos de sus comandantes y un grupo de 12 militares serían responsables por la muerte de más de 120 inocentes, quienes fueron reclutados, asesinados y presentados como bajas en combate. Este 9 de diciembre, la Sala de Reconocimiento emitió la resolución de conclusiones con la cual pide al Tribunal para la Paz saber si las reparaciones propuestas se ajustan a la esencia de la justicia transicional.
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La resolución de conclusiones no es un documento cualquiera. Es el puente entre el reconocimiento de responsabilidad y la ejecución de sanciones contra 12 exmilitares, quienes en los últimos años recibieron beneficios tales como la libertad, a cambio de comprometerse a contar verdades del Batallón La Popa y aceptar su culpa. Se trata de los mayores Guillermo Gutiérrez y Heber Gómez; el teniente Carlos Lora; los subtenientes Eduart Álvarez y Elkin Burgos; los sargentos Edraín Perea, Manuel Padilla y José Rueda; el cabo Elkin Rojas; y los soldados Juan Soto, Yeris Gómez y Alex Mercado.
En principio, el Tribunal para la Paz considerará la propuesta colectiva “Dignificación del buen nombre: víctimas de las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo”. Según la documentación de la JEP, entre 2002 y 2004, tres indígenas Kankuamos fueron asesinados y presentados como criminales. Por tanto, los exmilitares propusieron un proyecto radio en el cual se contrate espacio publicitario en emisoras públicas y privadas durante los horarios de mayor audiencia. Por 30 segundos, los 12 exmilitares reconocerán en toda la costa su responsabilidad y señalarán su arrepentimiento y homenaje a la memoria de los fallecidos.
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Esto es lo que los colombianos escucharán en el Cesar, si el Tribunal da luz verde a la medida de reparación:
En el marco del sometimiento ante la JEP dentro del Caso 03, subcaso Costa Caribe Batallón La Popa. Hoy nos permitimos recordar a -Nombre de la víctima- nacido en – lugar de nacimiento- quien fue un honorable ciudadano y no una persona perteneciente a grupos al margen de la ley como se presentaron. Siendo en realidad miembros de una comunidad indígena. Los responsables del hecho piden perdón a sus familiares y a la sociedad en general.
Asimismo, los exmilitares se comprometieron a desarrollar un reportaje radial, con el mismo alcance, en el que cada uno aclare que las víctimas no pertenecieron a grupos al margen de la ley. El contenido de dicho reportaje será aportado por los mismos familiares de víctimas. El rol de los comparecientes será el de recolectar la información con ayuda del equipo psicosocial de la JEP y construir los guiones.
Luego, tendrá lugar un componente escrito que se divide en dos. Lo primero es un reportaje escrito en periódicos regionales, que narre la “vida y obra de las víctimas como miembros de las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo” y se divulgará en periódicos regionales como El Heraldo, El Pilón o El Diario del Cesar. Además, los exmilitares se encargarán de construir una placa-monumento en el espacio que la alcaldía de Valledupar disponga. Tendrá los nombres de todas las víctimas reconocidas.
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El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) cuestionó, en nombre de las víctimas, que el proyecto colectivo tiene como único fin resarcir la memoria de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo. “Encuentran necesario que se incorporen acciones dirigidas a restablecer los daños ocasionados bajo el segundo patrón de macro criminalidad que esclareció la Sala de Reconocimiento en la citada decisión, que incluye hechos donde las personas fueron trasladadas desde municipios de La Guajira y Atlántico hacia el Cesar”, se explica en la resolución de conclusiones.
No obstante, los exmilitares fueron reiterativos en favor de las comunidades étnicas. Por ejemplo, un grupo de siete comparecientes propusieron crear un “Resguardo de la Memoria Histórica del Pueblo Indígena”. Habrá una sala de audiovisuales con elementos que visibilicen a las víctimas y un podcast construido con los familiares de ellas. Habrá fotografías y documentos que den cuenta de la estigmatización contra los pueblos indígenas y murales pintados por los familiares de los inocentes asesinados.
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El soldado profesional (r) Yeris Andrés Gómez presentó una propuesta en solitario: los proyectos “Tras las huellas de la memoria” y “Del hombre a la tierra”, los cuales buscan la recuperación de la memoria ancestral y la ejecución de actividades de impacto ambiental en las comunidades. Se destaca la construcción de esculturas, símbolos, mausoleos o cualquier tipo de homenaje para la exaltación de la memoria de las víctimas. Ya que no posee las habilidades de un diseñador, ofreció “sus manos como obrero” para trabajar.
La discordia dentro del caso
Uno de los comandantes imputados es el coronel (r) Publio Hernán Mejía, quien estuvo al mando del Batallón La Popa entre 2002 y 2004. Antes de entrar a la JEP, tenía en su contra una condena de 14 años de prisión por asociarse con el Bloque Norte de las Autodefensas para cometer ejecuciones extrajudiciales. Aunque su deseo fue someterse al órgano de justicia transicional, no aceptó responsabilidad por la hipótesis que la JEP construyó en su contra: ordenar, participar y encubrir la muerte de hasta 75 personas.
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Dado que no aceptó responsabilidad, desde noviembre del año pasado su expediente quedó en manos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la cual lo llamará a juicio en un proceso adversarial cuya consecuencia podría ser una condena a 20 años de prisión. Asimismo, el próximo 14 de diciembre enfrentará una audiencia pública, pues las víctimas consideran que ha incumplido con su promesa de garantizar la idea de no repetición en Colombia. Denuncian que ha apoyado el porte de armas en el país y que no se comprometió con la verdad, ni la reparación, y, por tanto, podría ser excluido.
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