Se elevaría el costo de los créditos

Por eso, tras la aprobación de un proyecto de ley al que sólo le hace falta la conciliación y que busca que los ciudadanos puedan pagar sin ningún tipo de sanción de por medio, se abrió el debate entre los representantes del sector. David Barguil, representante a la Cámara, explica que la medida rige para todos los tipos de crédito: microcrédito, de consumo, comercial, hipotecario que ya lo tenía, hasta por $500 millones. Y detalla que esto permitirá que los usuarios puedan buscar la oferta en todos los bancos donde tengan una tasa de interés más baja. Una jugada de mercado que, aclara, significará que la tasa de interés, por efecto de competencia, termine bajando.

Detalla el congresista que ahora quien llegue a un banco podrá acordar las condiciones que más le favorezcan. Para las entidades financieras, habrá una rotación de sus propios recursos, algo que, en últimas, podría generar mayores ingresos. Y en el caso de las entidades públicas, se deja claro que los entes territoriales serán parte del grupo de los grandes ganadores, pues podrán, alcaldes y gobernadores, pagar lo que deben los municipios en momentos en los que registren un buen recaudo tributario.

Sin embargo, los representantes de la banca no lo ven de esa forma. María Mercedes Cuéllar, presidenta de Asobancaria, el gremio que reúne a todas las entidades de este tipo, reclama que “el prepagado en general no es algo bueno para los bancos, porque ellos también adquieren compromisos con las personas que les fondean los recursos, los mismos que les prestan”. Y agregó que lo que más preocupa es que “eximir a todas las entidades públicas de la sanción por pagar anticipadamente es complicado, porque le introduce un riesgo demasiado grande al sistema”.

El superintendente financiero, Gerardo Hernández, a su turno, sentó su posición y recalcó que no es una buena medida para el sistema financiero y su soporte en materia de recursos. “Puede generar unos efectos que no son los deseados, como es el caso del aumento en el costo del préstamo de las entidades financieras a las entidades públicas”.

Y aunque el texto aún tiene por delante la conciliación, espacio donde podría tener algunas modificaciones, entraría en vigencia el próximo mes de julio, aproximadamente. Y se espera con ansias, porque en el sector financiero ya se está especulando que medidas como esta podrían hacer que no sólo se restrinja el crédito porque se elevaría el costo, sino que podría darse la posibilidad de que las entidades privadas les cierren las puertas a las públicas a la hora de solicitar un préstamo.

Analistas del sector aseguraron que todo dependerá de la negociación que se haga entre el solicitante del crédito y el banco mismo, pues muchos de los créditos que hoy están colocados ya estaban exentos de algún tipo de multa si se adelantaba el pago de la deuda o una sola parte de ella. Recordaron también que el único crédito que permitía hacer pagos por adelantado o cancelar la totalidad del préstamo sin asumir sanciones era el hipotecario. Un segmento que apenas representa el 2% del total de créditos solicitados en el país.