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¿Qué tan garantizada está la transparencia de estas elecciones?
Están dadas todas las garantías para las agrupaciones políticas con candidaturas en contienda, tal y como lo han podido corroborar con el acompañamiento que han brindado a todas las actividades ejecutadas del calendario electoral, así como la invitación a participar de los simulacros y auditorías a los sistemas de asistencia tecnológica, con presencia del Ministerio Público y de las misiones de observación nacionales e internacionales acreditadas para vigilar las elecciones del próximo 29 de octubre. La transparencia del proceso deviene de garantizar las oportunidades para que todos los actores puedan ejercer su rol de manera informada, para lo cual nos hemos dedicado a capacitar a todos los actores del proceso electoral, tanto de manera presencial como virtual. La ciudadanía puede tener certeza de que todas las actividades se han desarrollado con estricto apego a las disposiciones normativas que las rigen y que la puesta en marcha del plan de garantías electorales viene funcionando a cabalidad.
¿Todos los pasos ya se dieron para que se dé esa transparencia?
Sea esta la oportunidad de hacer un llamado a las agrupaciones políticas en contienda para hacer uso de la plataforma web para postulación y acreditación de sus testigos electorales, ante mesas de votación y comisiones escrutadoras, y que no dejen esta actividad para el último día del cierre, que es el viernes antes de la elección (27 de octubre) cuando podrían generarse problemas. Con corte al 18 de octubre solamente se había cargado a la plataforma información sobre 21.018 testigos electorales para 119.875 mesas a instalar.
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Con todos los procesos de revocatorias de inscripciones, que tocan protagonistas fuertes de la contienda, ¿se alcanzaron o no a modificar los tarjetones?
Es indispensable tener claro que la función de revocar inscripciones de candidaturas, cuando exista plena prueba de la configuración de alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o por la ausencia de requisitos para acceder a algunos cargos y corporaciones públicas de elección popular, recae exclusivamente en el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este orden de ideas, las últimas decisiones de revocatoria de inscripción que tome el CNE ya no podrán ser procesadas ni suprimidas las candidaturas, teniendo en cuenta que las tarjetas y material electoral ya se encuentra impreso y en distribución desde el miércoles 18 de octubre.
¿Cómo se está blindando el proceso en cuanto a ciberseguridad y qué tan garantizado está el escudo digital para que no se afecte la jornada?
La democracia colombiana está completamente blindada en materia de ciberseguridad. Como parte del plan de garantías electorales, la Registraduría puso en funcionamiento un Centro de Ciberseguridad, lo llamamos Security Operations Center (SOC) y es propio, y un sistema de seguridad cibernética para la infraestructura tecnológica de la entidad y del proceso electoral. A través de estos sistemas, se ofrece respaldo a las diferentes plataformas de la entidad durante los certámenes democráticos y evita que se atente contra estas.
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¿A qué hora se comenzarán a conocer resultados, por ejemplo, en Bogotá y Medellín, que son ciudades con alta polarización y expectativa por los resultados?
Estaremos dando la información del preconteo en tiempo real; de acuerdo a los simulacros, antes de las 9 de la noche proyectamos tener informe de todos los alcaldes y gobernadores del país. Después de esa hora seguiremos dando información de las demás corporaciones del país
Si hay segunda vuelta en Bogotá ¿cuántos puestos de votación se desplegarían y en cuánto tiempo se conocerían los resultados?
En una eventual segunda vuelta para la alcaldía del distrito capital se contará con un despliegue completo respecto de la oferta de puestos de votación en Bogotá. Es decir, los ciudadanos habilitados para sufragar en la capital lo harán en los mismos 962 puestos instalados para la primera vuelta en la ciudad. Al ser una única elección de un cargo uninominal en todo el país, tanto el procedimiento de transmisión de resultados de preconteo, como los resultados de los escrutinios, será mucho más expedito.
Registrador, ¿sí hay articulación con otras entidades, teniendo en cuenta sus roces con los ministros del Interior (Luis Fernando Velasco), de Defensa (Iván Velásquez) y otros funcionarios, en especial por lo relacionado con la seguridad del proceso electoral?
He manifestado en varias oportunidades que no se puede perder de vista que las elecciones son un asunto de todo el Estado y no le competen exclusivamente a la Registraduría. Por este motivo, hemos trabajado coordinadamente, y a la luz del principio de colaboración armónica, con el Gobierno Nacional. Así como también lo hemos hecho con el Ministerio Público, las gobernaciones y alcaldías y demás órganos de control. El compromiso de los ministros del Interior y de Defensa, y de las cabezas de las Fuerzas Militares y de Policía es garantizar la seguridad del proceso electoral en todo el territorio.
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Ya son 143 municipios identificados como de alto riesgo electoral: ¿por qué?, ¿qué han encontrado y cuáles son los 5 de más riesgo?, ¿qué se está haciendo?
La gerencia del Plan Democracia de la Policía presentó la cuarta versión del mapa de prevención y seguridad electoral en la pasada subcomisión de orden público, realizada el pasado 9 de octubre, concluyendo que, efectivamente, son 143 los municipios priorizados en materia de orden público. De estos municipios, 43 se encuentran en estado prioritario y la mayoría de estos están ubicados en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander y Meta. Reitero que el compromiso del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Militares y de Policía es la de garantizar el orden público en todo el territorio nacional, focalizando el pie de fuerza en estos municipios.
¿Cómo impacta en estas elecciones regionales la paz total del presidente Gustavo Petro y los ceses al fuego que se han anunciado con algunos grupos ilegales y bandas criminales?
Recordemos que, en virtud del artículo 189 de la Constitución, le corresponde exclusivamente al Presidente la preservación del orden público de la nación, así como dirigir cualquier tipo de acercamiento, conversaciones y diálogos tendientes a la desmovilización y/o la suscripción de términos de sometimiento de grupos armados ilegales. El Gobierno Nacional, tal y como ya lo dije, ha manifestado su compromiso de garantizar el orden público y la seguridad en todo el territorio para los comicios del 29 de octubre.
¿Ha podido hablar directamente con el presidente Petro sobre este u otros temas relacionados con los comicios del próximo 29 de octubre?
El señor Presidente ha estado enterado de todo por intermedio del Ministro del Interior.
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Registrador, de forma clara: ¿Colombia sí está blindada contra cualquier tipo de fraude electoral o posibles irregularidades como la que en las legislativas pasadas se denunció por votos perdidos?
El plan de garantías electorales se encuentra en ejecución y se han garantizado todas las etapas del calendario electoral hasta la fecha. No existe posibilidad de fraude electoral. Ya que se refieren a las elecciones de Congreso del 2022, en las que se reprodujo por redes sociales una falsa narrativa de fraude electoral, es importante tener en cuenta que la Registraduría comprobó en estrados judiciales la transparencia de todos los procesos y de los resultados electorales, confirmando la legitimidad de los cargos y corporaciones elegidos en el 2022. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó todas las pretensiones en contra de la Registraduría y concluyó que no existió violación alguna a la moralidad administrativa, en tanto que se comprobó que no hubo favorecimiento alguno para ninguna de las opciones electorales en contienda, reafirmando que los procedimientos se dieron a la luz de la normatividad vigente.
Pero las denuncias no fueron de redes, Registrador, salieron por los mismos partidos que las llevaron a estrados judiciales…
Es importante reiterar que sí fue una falsa narrativa de fraude y que estuvo basada, principalmente, en el desconocimiento generalizado de los procedimientos administrativos electorales, pues una diferencia entre los boletines no vinculantes de preconteo con los resultados oficiales de escrutinio para el Senado, circunscripción ordinaria, generó una polémica mediática. En esa oportunidad, los escrutadores corrigieron los errores, verificando el cómputo de las votaciones y las actas con tachones, borrones o enmendaduras, en el marco del debido proceso reglado en las normas electorales.
(Registraduría habría contratado dos veces software para escrutinio de elecciones)
¿Existe riesgo de que el 29 de octubre se desate alguna “polémica” similar?
En las capacitaciones a los jurados de votación, que prestarán sus servicios este 29 de octubre, se hizo especial énfasis en el correcto diligenciamiento del formulario E14, que es el acta de escrutinios del jurado de votación. Confiamos en que los jurados no se dejen desinformar por canales no autorizados ni por opciones políticas en contienda, para prevenir un mal diligenciamiento de las actas, que tiene la virtualidad de conducir a que los transmisores de resultados de preconteo omitan la transmisión de alguna votación, como ha ocurrido en el pasado. Adicionalmente, el rediseño de las tarjetas electorales y formularios E14, aprobado por consenso con las agrupaciones políticas en contienda y con la Misión de Observación Electoral, incluye controles matemáticos implícitos que impiden la alteración fraudulenta de resultados.
En torno a los softwares también se han desatado controversias…
Los controles también están en los softwares de escrutinios que, al evidenciar diferencias entre el total de sufragantes, de votos encontrados en la urna y de votación asignada a cada opción electoral, no permite avanzar en el procedimiento de consolidación de resultados de escrutinios, hasta que los jueces de la República resuelvan en derecho, e inclusive conllevando recuentos de votos de las mesas excedidas. Debo recalcar que los resultados oficiales y vinculantes en una elección son los obtenidos como consecuencia del debido proceso administrativo conducido por jueces de la República y no la transmisión rápida de resultados.
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