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Es miércoles, día de El Espectador explica. El año comenzó de la peor manera en Arauca, departamento de los llanos orientales colombianos que limita con Venezuela, por cuenta de los violentos. Cuatro municipios de la región se encuentran en alerta roja por cuenta de los fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln, luego de muchas advertencias que no han sido escuchadas. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué esta región? ¿Qué están buscando los grupos en el departamento? En esta edición de El Espectador le explica trataremos de contar, a través de los artículos que hemos trabajado en las últimas semanas, el por qué Arauca se encuentra en una situación crítica. Comencemos.
Primero que todo, es importante entender la importancia geográfica y estratégica que tiene el departamento de Arauca. Desde hace más de tres décadas y hasta hoy, los grupos armados ilegales han encontrado en esta región un lugar propicio para sus actividades delincuenciales. Las posibilidades que ofrece Arauca por ser zona de frontera, así como la débil institucionalidad y los altos niveles de corrupción que caracterizan el sector público del departamento son solo algunos elementos que lo hacen un lugar perfecto para los insurgentes y los grupos paramilitares. Los araucanos, como lo cuenta la sección Judicial en esta nota, están en emergencia, recordando la reciente guerra entre el Eln y las Farc que entre 2.006 y 2010 dejó centenares de civiles muertos.
¿Por qué el conflicto se eternizó allí? Para responder esta pregunta le recomendamos este testimonio de Nelson Fredy Padilla, editor dominical de El Espectador, que recuerda a través de su experiencia como reporterodistintos momentos que ilustran la complejidad de la situación de orden público que se vive en Arauca. En él, cuenta cómo el Eln y las Farc terminaron consolidándose en el departamento a partir de los años 70, el primero en busca de refugio luego de recibir el llamado golpe de Anorí por parte del gobierno en Antioquia y el segundo por una orden de expansión territorial. Los dos atraídos por una región aislada y con doble potencial: la frontera con Venezuela y los nacientes cultivos de marihuana y coca, a su vez generadores de economías ilegales en las que los campesinos marginados encontraron alternativas de ingresos que se mantienen hasta hoy. Al conflicto Ejército-guerrillas se sumaron, en los años 80, carteles del narcotráfico y los grupos paramilitares.
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Entre 2004 y 2011 el Eln y las antiguas Farc se trenzaron en una guerra a muerte en el departamento luego de que el Eln decidiera erradicar los cultivos de coca, a lo que las Farc se opusieron. Nicolás Achury, periodista de Investigación de este diario, documenta en esta radiografía que esa guerra dejó, según cifras oficiales, más de medio millar de víctimas civiles y miles de desplazados. La disputa sólo pudo zanjarse con un acuerdo entre los principales mandos de ambas guerrillas que pactaron una repartición del territorio. Pero la desmovilización y salida de las antiguas Farc dejaron un vacío de poder que otros grupos intentaron copar.
Tras el Acuerdo de Paz, el conflicto armado en Arauca, específicamente en los municipios de Saravena, Cravo Norte y Puerto Rondón, se fragmentó ante la falta de control territorial por parte del Estado. La frontera entre este departamento, en Colombia, y el estado de Apure, en Venezuela, es hoy un espacio en disputa entre disidencias del pacto de paz, guerrilla, los ejércitos de ambos países, grupos paramilitares y narcotraficantes.
Pero para entender el conflicto en Arauca es necesario también identificar a los actores en disputa: el Eln; las disidencias al mando de Miguel Botache Santillana, conocido como Gentil Duarte, que se siguen autodenominando Farc-Ep; y la Segunda Marquetalia, al mando de Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez. La presencia del Eln en Arauca es, en su mayoría, del Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño, integrado por los frentes Domingo Laín Sáenz, Adonay Ardila Pinilla y José David Suárez. Su comandante es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (Pablito Arauca), por el que el Gobierno de Colombia ofrece una recompensa de $4.000 millones. Pablito estuvo detrás del atentado a la Escuela General Santander en Bogotá, en 2019, que causó la muerte de veinte cadetes.
A su vez, la disidencia de Gentil Duarte tiene el respaldo en esta zona del frente décimo Martín Villa, al mando de Jorge Eliécer Jiménez Martínez, conocido con el remoquete de Arturo Paz, y del frente 28, liderado por Antonio Medina. El grupo tiene cerca de 150 hombres en armas que se mueven entre Arauca y Apure. De acuerdo con Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2018, el frente décimo Martín Villa “tomó mayor notoriedad y comenzó a tener base en Apure, Bolívar y Amazonas, tres estados de Venezuela”. Hoy se disputan el territorio contra el Eln, la Segunda Marquetalia e incluso las Fuerzas Armadas del país vecino.
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En el caso de la Segunda Marquetalia se ha reportado su presencia en al menos cuatro estados venezolanos. Se conformó en agosto de 2019, al mando de Iván Márquez, el exjefe negociador de las Farc, que decidió volver a las armas junto con otros comandantes guerrilleros como Seuxis Pausias Hernández Solarte (Jesús Santrich), Hernán Darío Velásquez (el Paisa) y Henry Castellanos (Romaña). Estos dos últimos habrían sido asesinados en noviembre de 2021, en hechos que siguen siendo muy confusos. Incluso, una de las versiones que dieron las autoridades responsabiliza de la muerte del Paisa al Frente Martín Villa, de las disidencias de Duarte. Desmintieron su autoría en un comunicado en el que dicen que con esas versiones “pretenden incitar una guerra de nuestra parte con el Eln”, como habría sucedido en la primera semana de enero de 2022, cuando se reportaron al menos 27 personas muertas por parte del Eln, en una zona de presencia de las disidencias de Gentil Duarte.
Ese recuento nos trae hasta 2022, exactamente en la primera semana del año. El 2 de enero, en una zona rural del departamento, fronterizo con Venezuela, 27 personas fueron asesinadas en el marco, de acuerdo con las autoridades, de un enfrentamiento armado entre guerrilleros del Eln y disidentes de las Farc. La sangrienta confrontación se extendió a los municipios de Arauquita y Tame, al tiempo que en Fortul y Saravena abandonaron cadáveres sin identificar.
Los pobladores aseguran que los enfrentamientos han ocurrido en todo el departamento de manera coordinada, pero especialmente en las zonas rurales de Tame, Saravena, Arauquita y Fortul. Algunos han sido homicidios selectivos y otros son producto de los choques entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Frente 10, un grupo disidente residual de las antiguas Farc que busca recuperar su antiguo espacio en la región. Respecto a los de la primera semana de este año, como lo contamos en este artículo, según la Fiscalía, las 27 víctimas mortales fueron obligadas a salir de sus casas por hombres armados y fueron asesinados con tiros de gracia.
Pero en efecto, como lo contamos en unos párrafos más arriba, no es nueva la presencia de grupos armados ilegales en esta zona. De hecho, ya había advertido la Defensoría del Pueblo, en la alerta temprana 029 de 2019, sobre la presencia de grupos ilegales, particularmente en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. “El Ejército de Liberación Nacional (Eln) y los disidentes de las Farc, desde el segundo trimestre de 2018 iniciaron una escalada de violencia contra la fuerza pública, las autoridades regionales y locales y la población civil”.
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La violencia de estas organizaciones ilegales en las jurisdicciones municipales se expresa, entre otras, en prohibiciones a la población civil para transitar en determinados sitios y horarios; extorsiones y exacciones económicas que afectan las actividades productivas y comerciales de la población y las empresas, con lo cual buscan fortalecer su economía de guerra. Además, tanto el Eln, como el Frente 10 y el Frente 28 de las disidencias de las Farc hacen presencia en el Estado de Apure en Venezuela, donde controlan también buena parte de la población y tienen una relación muy cercana, de tolerancia, y muchas veces de convivencia con las fuerzas de seguridad venezolanas.
En marzo de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta tempranasobre el municipio de Arauca. En el documento, le pedían al Gobierno actuar con urgencia ante la exacerbación de los riesgos de ataque contra la población civil y de infracciones del Derecho Internacional Humanitario, por recientes acciones violentas del Eln y del frente décimo de las disidencias de las Farc, especialmente en la capital del departamento.
Pero en efecto, como lo contamos en unos párrafos más arriba, no es nueva la presencia de grupos armados ilegales en esta zona. De hecho, ya había advertido la Defensoría del Pueblo, en la alerta temprana 029 de 2019, sobre la presencia de grupos ilegales, particularmente en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. “El Ejército de Liberación Nacional (Eln) y los disidentes de las Farc, desde el segundo trimestre de 2018 iniciaron una escalada de violencia contra la fuerza pública, las autoridades regionales y locales y la población civil”.
La violencia de estas organizaciones ilegales en las jurisdicciones municipales se expresa, entre otras, en prohibiciones a la población civil para transitar en determinados sitios y horarios; extorsiones y exacciones económicas que afectan las actividades productivas y comerciales de la población y las empresas, con lo cual buscan fortalecer su economía de guerra. Además, tanto el Eln, como el Frente 10 y el Frente 28 de las disidencias de las Farc hacen presencia en el Estado de Apure en Venezuela, donde controlan también buena parte de la población y tienen una relación muy cercana, de tolerancia, y muchas veces de convivencia con las fuerzas de seguridad venezolanas.
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En marzo de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta tempranasobre el municipio de Arauca. En el documento, le pedían al Gobierno actuar con urgencia ante la exacerbación de los riesgos de ataque contra la población civil y de infracciones del Derecho Internacional Humanitario, por recientes acciones violentas del Eln y del frente décimo de las disidencias de las Farc, especialmente en la capital del departamento.
Sin embargo, como lo cuenta esta nota de Colombia +20, varios líderes locales y analistas han rechazado la medida porque aseguran que esto no cambiará nada. De hecho, la población teme que la violencia se recrudezcapor enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc. De hecho, Arauca ya es uno de los departamentos más militarizados del país con cerca de 9.000 unidades del Ejército que no han conseguido impedir la crisis.
Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, ONG especializada en el estudio de los derechos humanos en el mundo, ha documentado el contexto social en Arauca en los últimos años y también considera que más soldados no necesariamente implican mayor seguridad. En esta entrevista, realizada por nuestro colega de la sección Judicial Sebastián Cote, Pappier advierte que la militarización, por sí sola, no alcanza.
Y es que los últimos hechos de violencia registrados en el departamento de Arauca evidencian el bajo impacto de las rentas petroleras en el mejoramiento de la calidad de vida de los araucanos y el fracaso en la implementación del Acuerdo de Paz. Como lo contamos en este análisis realizado por Diego Mauricio Villa Espinosa, a la inseguridad de la región se le suman también problemas sociales y económicos. Las cifras que deja el 2021 explican en buena parte el recrudecimiento del conflicto armado.
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Los datos revelados por el DANE relacionados con el mercado laboral revelan que la capital del departamento de Arauca ostenta la tasa de desempleo más alta del país (32,5 %), casi tres veces superior a la tasa nacional y la más alta en la historia reciente del departamento. Uno de cada tres araucanos no encuentra una oportunidad laboral que le garantice condiciones de vida digna, lo que, sumado a la migración de miles de familias venezolanas, facilita las tareas de reclutamiento a los grupos al margen de la ley.
El panorama político del departamento no es diferente a su realidad económica y social. La captura, el 20 de octubre de 2021, del médico Facundo Castillos Cisneros, gobernador de Arauca, e imputación de cargos por su presunta participación en hechos de corrupción y nexos con miembros de la guerrilla del Eln, que terminan en medida de aseguramiento privativo de la libertad, ponen en jaque nuevamente al departamento y lo someten a la incertidumbre política y administrativa, generando traumatismos en la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental Construyendo Futuro 2020-2023. El 26 de noviembre de 2021 asumió como gobernador encargado el general en retiro Alejandro Miguel Navas Ramos, hasta que el partido Cambio Radical y demás movimientos políticos que apoyaron la candidatura de Castillo logren un consenso y presenten una terna al Gobierno Nacional, situación que a la fecha no ha sido resuelta.
Así, el panorama para el departamento, de acuerdo con el experto, para el año que comienza es muy desalentador. Un año en el que se define por elección popular al nuevo presidente de la República y los miembros del Congreso y Senado, implica la entrada en vigor de la Ley de Garantías, restringiendo la celebración de contratos, la adjudicación de obra pública y la adquisición de bienes y servicios, lo que ralentiza la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental y, por ende, dilata el cumplimiento de las metas propuestas para el cuatrienio, por lo que el departamento acumularía cerca de ocho meses, contados a partir de la captura del gobernador hasta el 19 de junio de 2022 (fecha en que posiblemente culmine la Ley de Garantías), con una limitada ejecución del presupuesto de inversión pública.
Asimismo, el recrudecimiento del conflicto genera pérdida de confianza en los consumidores, empresarios y potenciales inversionistas, lo que agudiza la crisis de empleo, incrementa la pobreza y frena el desarrollo. La incertidumbre que genera no tener un gobernador en propiedad, el proceso electoral del presente año y el del año 2023 plantean grandes retos para la clase política local, que a la fecha no ha sido capaz de brindar soluciones duraderas para los araucanos.
