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“No tenemos paciencia eterna para esa verdad, porque no estamos hablando de asuntos que requieran sofisticación en las investigaciones, ya que ese reclutamiento fue ostensible ante los ojos del pueblo colombiano”. Así se refirió el presidente Duque al reclutamiento de menores de edad por la guerrilla de las Farc, delito cuyos dirigentes han negado haber cometido. Esa negación es inadmisible, jurídica y políticamente, y ha generado un rechazo profundo expresado en diversas columnas de opinión. Esta columna se suma a ese repudio.
Pero las palabras del presidente no contienen solo un reproche a las Farc. Son también un reclamo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ese reclamo es cínico e inaceptable. Hablar de “paciencia eterna” implica acusar soterradamente a la JEP de ser lenta e ineficiente para declarar la responsabilidad de los dirigentes de las Farc por el delito de reclutamiento. ¿Con qué autoridad moral lo dice, si fue el propio presidente quien retardó y obstruyó el funcionamiento de la JEP por cerca de un año al formular las objeciones a la ley estatutaria de regulación de su actividad, objeciones que finalmente fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional? Además, el Gobierno no ha facilitado el desempeño de la JEP ni de los otros órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creados por el Acuerdo de Paz (la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas), a los cuales les recortó el presupuesto en casi un 30 %. De $90.000 millones que la JEP tenía asignados para 2019, el Ministerio de Hacienda le redujo sus ingresos a $67.000 millones. Pero aun si hubiera contado con el presupuesto suficiente, los procesos ante la JEP y ante cualquier órgano jurisdiccional requieren tiempo. No puede pretenderse que, sin deliberación ni análisis y proscribiendo el derecho a la defensa, se condene de una vez a los excomandantes guerrilleros por este delito, porque el presidente de la República considere que “fue ostensible ante los ojos del pueblo colombiano”.
Si de paciencia eterna se trata, ¿qué decir de las violaciones sexuales en que han incurrido numerosos miembros de las Fuerzas Militares? La opinión pública se pregunta por qué no hay decisiones todavía. ¿Quién los está investigando: la justicia ordinaria o la justicia militar? Si es la justicia ordinaria, es decir la Fiscalía, su morosidad es ostensible. Si es la justicia militar, ¿en qué momento la violación sexual pasó a considerarse un acto del servicio? En todo caso, más allá de la actuación de los órganos judiciales, el Ejecutivo, es decir el presidente y el ministro de Defensa, está en mora de tomar medidas administrativas de depuración y de disciplina para ordenar el retiro del Ejército de estos abusadores que, en vez de cumplir con su deber de proteger a la población, decidieron valerse del uniforme para ultrajarla. Igual reflexión cabe hacer en relación con los cerca de 5.000 casos de asesinatos de civiles presentados falsamente como muertos en combate.
Es lamentable que el presidente se dedique a ver la paja en el ojo ajeno y no vea la enorme viga que tiene en el propio.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
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