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Partidas de salario mínimo por varios meses para nueve millones de hogares acorralados por la pandemia, financiadas a la larga por mayores tributos a los millonarios, aliviarían las penurias de pobres y empobrecidos, y de la economía toda. Se sabe: una mayor capacidad de compra despabila la producción. Pero además, de adoptarse la renta básica y el impuesto progresivo como políticas de Estado, éstos saltarían de reactivadores de la economía en la crisis a abrebocas del nuevo pacto social que resulta inescapable. 68 congresistas de nueve partidos radicaron proyecto de ley que crea renta básica de $877.000 durante tres meses y $438.000 en los dos siguientes, para alivio de 30 millones de colombianos. Su costo, $31 billones, 3 % del PIB. Enhorabuena.
Por su parte, un selecto grupo de especialistas encabezado por Vivian Newman, directora de Dejusticia, presentó acción de inconstitucionalidad contra el Estatuto Tributario y sus reformas, por violar los principios constitucionales de progresividad, eficiencia y equidad. El criterio, más justicia en la redistribución del ingreso nacional y en el esfuerzo fiscal extraordinario de la pandemia. Si el Estatuto Tributario irrespeta ese principio, más lo hiere la reforma tributaria de Duque, que termina regalándoles $9,5 billones adicionales a los ricos. Espitia y Garay, entre otros, prueban que los superricos de este país tienen tasa nominal de impuesto de renta del 27 %, pero pagan efectivamente sólo el 2,5 %. Conforme sube el ingreso de la persona, baja su tasa tributaria efectiva. Lo mismo sucede con las empresas: las más piponchas pagan apenas el 4,5 %. Y la tasa de evasión de personas jurídicas alcanza el 39 %: en 2012 se birlaron $15 billones.
Consentidas del sistema tributario son las grandes empresas, pese a su pírrico o nulo impacto en inversión, productividad y creación de empleo. La elevada concentración de capital, utilidades y control de mercado ha creado un sistema oligopólico que reduce la competencia y les da a los gremios económicos una enorme capacidad de negociación frente al poder público. Sorprenden las loas del periodista José Manuel Acevedo al empresariado (El Tiempo, 21/7/20), por asegurar sus negocios mediante aportes a campañas electorales, “reuniones a puerta cerrada y vocerías delegadas a líderes gremiales” con ascendiente en gobiernos y congresos amigos de sus intereses. Prácticas que comportan, a menudo, corrupción de alto vuelo. Según el procurador, cada peso invertido en una campaña electoral le retribuye al empresario $900 en contratos.
Mientras nuestro Gobierno acaricia una reforma tributaria que preserve las gabelas a los poderosos y grave a más ciudadanos del montón, Europa vigoriza la tributación progresiva: ésta y la política social del Estado armonizaron durante casi un siglo con crecimiento sin precedentes y bienestar generalizado de la población. En Estados Unidos, el promedio de impuesto de renta y patrimonio para los más ricos fue 80 % entre 1930 y 1980. Desde Reagan, se redujo al 35 % y el crecimiento, a la mitad.
Renta básica e impuesto progresivo, rutas hacia el Estado social de derecho que la Constitución consagra, mejorarían sustancialmente la distribución del ingreso, de la riqueza, del poder y las oportunidades. Darían marco al acuerdo programático del centro-izquierda que Humberto de la Calle propone, con gobierno colectivo de los coligados, para disputarle la Presidencia a la derecha y contraponer a su hegemonía las reformas que las mayorías reclaman. Y no se las descalifique poniéndoles como inri diabólico la “lucha de clases”. Si ella existe y pide pista será porque el propio Gobierno reaccionario ha escogido privilegiar a los menos y castigar a los más.
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