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La recién aprobada ley que permite al gobierno argentino controlar la producción, comercialización y distribución de papel para diarios impresos no deja de suscitar controversias en el país gaucho y la prensa global. Mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner asegura que la medida democratizará la repartición del insumo, una creciente oposición argumenta que es inconstitucional y amenaza la libertad de expresión.
Se trata de un duro golpe con el que la mandataria inicia su segundo período y se alza como triunfadora en la pelea contra los diarios opositores —que lleva más de medio siglo, pero se acrecentó desde el conflicto agrario de 2007, cuando estaba en el poder su esposo y antecesor, Néstor Kirchner—. El Congreso tramitó la ley según la cual la empresa Papel Prensa, cuyos principales accionistas eran los diarios La Nación y Clarín, y en menor medida el Estado, pasará a ser de interés público y proveerá papel a todos los diarios del país.
La ley especifica que si los actuales dueños mayoritarios de Papel Prensa no tienen fondos para suplir toda la demanda del país, el Estado aportará el dinero. Así se acrecentará la participación accionaria del Estado, que hasta ahora es del 27,46%. El Grupo Clarín (que posee el 49% de las acciones), y La Nación (dueña del 22,5%) alegan que la medida es una forma de control estatal que viola el artículo 32 de la Constitución, que prohíbe sancionar leyes que impidan la libertad de imprenta. El Grupo Clarín demandará al Estado en la Organización de Estados Americanos y la Corte Penal Internacional.
El diario El Nacional, de Venezuela, señala en su editorial que, basado en esta ley, el Estado podrá confiscar paulatinamente la totalidad de Papel Prensa y que “es obvio que el control del papel se traducirá en la imposición exclusiva del silencio oficial”. Lo que podría ocasionar la medida es que el Estado suministre el insumo “sólo a aquellos que se porten bien, que no critiquen, que se rindan”, lo cual equivaldría a una censura previa.
El Universal, de México, también señala en su editorial que “lo que parece una ley para propiciar el acceso de todos al papel, es en el fondo una estrategia gubernamental para tener el poder de desahuciar o premiar a los diarios según su afinidad con el gobierno”. Dice que los defensores de la medida argumentan que velan por el interés público en vez del privado, pero “si el problema fuera realmente el monopolio privado, ¿por qué establecer uno público? Si el gobierno estuviera interesado en la competencia y la libre expresión realizaría exenciones fiscales para la importación del papel o propiciaría la creación de nuevas empresas para la venta del insumo”, en vez de apropiarse de la única empresa que provee la materia prima.
La Sociedad Interamericana de Prensa, que agrupa a editores de toda América, se une a la oposición. Anunció que confía en que la justicia deje sin efecto la medida, que también tildó como inconstitucional, a partir de las acciones judiciales que adelantará el Grupo Clarín.
A todas estas, si el papel del Estado será democratizar la prensa o censurarla al no proveer de insumos a sus opositores, aún está por verse. Lo cierto es que, tal como lo señala El País de España, la mandataria argentina tiene a su favor una mayoría absoluta en ambas Cámaras, con lo que le queda el camino libre para ganarle a la oposición.
El editorial del diario español dice que Fernández tiene más poder que ningún otro gobernante en la historia de Argentina y que está claro que va a utilizarlo. Además, señala que “una excesiva concentración de poder en un mandatario ha sido frecuentemente malo en cualquier país, aunque sea formalmente democrático, como es el caso de un gran amigo de la señora Fernández, el presidente venezolano Hugo Chávez”.