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“En secreto me contaron que debía cuidarme en extremo por todo el mal que estas personas procuraban hacer en mi contra, no solo utilizando herramientas legales y las redes sociales para denigrar mi buen nombre, sino que también acudieron a poderes de lo oculto”. Las palabras las dijo, en una audiencia de diciembre de 2021, la jueza promiscua del Circuito de Puerto Carreño (Vichada), Derlis Vega, quien le pidió al Tribunal de Villavicencio que le quite de su despacho un importante proceso de corrupción que se le ha vuelto un lastre. En el caso hay recursos de regalías comprometidos, todos los entes de control le han puesto la lupa y, sin embargo, el proceso penal ya lleva más de dos años varado.
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Se trata de la investigación por las irregularidades alrededor del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables (Ciner), con sede en Puerto Carreño. En 2019, la Fiscalía les iba a imputar cargos en los juzgados de Paloquemao a Germán Salas Rodríguez, exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Vichada; Carlos González Arias, exjefe de Compras, y Julio César Flórez, exsecretario de Planeación. Desde el comienzo, la Fiscalía intentó que el proceso se llevara en Bogotá, pues de por medio hay regalías. De hecho, fue el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que aprueba los proyectos con estos recursos, el que encendió las primeras alarmas, en 2017.
Pero la defensa de Flórez dijo que en Bogotá no eran competentes y logró que la Corte Suprema de Justicia enviara el proceso en contra de él, González y Salas a Puerto Carreño. Así fue como el caso aterrizó en el despacho de la jueza Derlis Vega. “Hoy se tenía previsto realizar la audiencia de formulación de acusación contra Germán Salas, Julio Flórez y Carlos González, si no fuera porque esta funcionaria advierte la existencia de un hecho que afecta el desarrollo del presente trámite, ya que la suscrita considera que su imparcialidad se ve afectada”, dijo la funcionaria judicial en audiencia el pasado 14 de diciembre.
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A las partes les tomó por sorpresa el anuncio. Como le dijo una fuente cercana al proceso a este diario: “En este caso se demuestra que pueblo chico, infierno grande”. Pensaban que esta ocasión sería la vencida. Luego de que distintas consecuencias de la pandemia del covid-19 llevaran a aplazar la acusación cuatro veces en 2020, en enero de 2021 se volvió a congelar el proceso, pues la defensa de González Arias recusó a la jueza, asegurando que tenía una enemistad personal con la familia del procesado. Sin embargo, el Tribunal de Villavicencio negó la recusación. “Se hizo alusión de forma confusa a varios hechos que no permiten concluir la existencia de enemistad grave”, concluyó el Tribunal.
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Como el departamento de Vichada no está conectado a la red eléctrica del resto de Colombia, el Ciner fue pensado inicialmente como una solución estructural al problema energético. De allí que todos los departamentos de la Amazonia le aportaran recursos de regalías. Pero, en 2017, el DNP visitó la obra y constató que ni siquiera había sido instalado el parque de energía solar, uno de los ejes del proyecto. El Gobierno cortó los recursos, así que la obra nunca se terminó, con lo que el Ciner quedó convertido en un elefante blanco y, según la Contraloría General, habría un detrimento patrimonial por $32.700 millones.
Los entes de control enfilaron baterías e iniciaron investigaciones aparte. En el búnker se concentraron en uno de los cinco contratos: el de la dotación para el que supuestamente sería el centro de investigación más importante del sur del país. Cuando el ente investigador imputó al exgobernador Sergio Espinosa y al gobernador encargado, Manuel Villalba, le dijo al Tribunal de Bogotá que, junto con otras personas de Vichada, “acordaron favorecer a la unión temporal Dotación Vichada, que se constituiría para tal fin, con la adjudicación de un contrato a través del cual la administración departamental le compraría toda la dotación para el Ciner”.
Luego se pensó que en diciembre de 2021 la audiencia se realizaría sin un nuevo contratiempo. Sin embargo, la jueza Vega reveló en audiencia que ha recibido amenazas y persecuciones, que la han llevado a sentir repulsión por la familia González. Inició diciendo que llegó a conocerlos, pues ella misma condenó a otro miembro de la familia González: Éder González Bustos, sobrino del exfuncionario investigado y sentenciado por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Luego llegó a su despacho un proceso contra el propio González Arias por delitos sexuales.
Después la Fiscalía radicó un nuevo escrito de acusación en su despacho contra un tercer miembro de la familia González, y el panorama pasó de castaño a oscuro. Ahora son tres González en manos de la misma jueza. Aunque ese mero hecho no la lleva a estar impedida, pues es normal que en un circuito judicial tan pequeño como el de Puerto Carreño un juez lleve varios procesos contra una misma familia, en los días que antecedieron a la audiencia de diciembre pasado llegaron al despacho rumores y hasta declaraciones juradas que, a su juicio, podrían nublar su criterio. En concreto, le dijeron que dos mujeres de la familia González estaban buscando perjudicarla.
De hecho, la funcionaria se enteró de cómo, supuestamente, las mujeres han construido todo un entramado para desprestigiarla. “Los familiares de estos procesados se han dado a la tarea de buscar a personas cercanas a mi ámbito laboral, personal y familiar, incluso abordando a exempleados de mi esposo, quien ejerce como comerciante en este municipio, para proponerles que auspicien declaraciones mentirosas en contra de la suscrita en procura de enlodar mi buen nombre y mi imagen”, dijo la jueza en audiencia, para luego señalar que temía por su vida y la de su familia.
La jueza Derlis Vega ya había estado en entredicho en el pasado por haberle adjudicado 6.633 hectáreas de tierras baldías (es decir, que eran propiedad de la nación) al representante a la Cámara por el Centro Democrático Gustavo Londoño García. Ese caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que terminó anulando el fallo de Vega, pues la única autoridad competente para adjudicar baldíos es la Agencia Nacional de Tierras. Además, en este mismo caso, la Fiscalía le imputó cargos al exgobernador Espinosa por intentar sobornar a un fiscal y dos investigadores que tenían la tarea de escudriñar en los contratos del Ciner.
Con esos antecedentes, personas cercanas al proceso miraban con suspicacia los varios aplazamientos que decretó la jueza Vega en el caso del Ciner, hasta que llegaron a la audiencia del pasado diciembre. Allí, la funcionaria judicial detalló que los González la habían denunciado penal y disciplinariamente, para ella sin fundamento alguno y en supuestos intentos por hostigarla. Según la jueza, a punta de recursos jurídicos, las dos familiares de González Arias se han puesto a la tarea de crear una imagen de que es corrupta. Asimismo, aseguró que han echado mano de otro tipo de maniobras, ya no terrenales.
“En este lugar, a los miembros de la familia González los conocen como practicantes de brujería”, aseguró la jueza en audiencia, en la que, por supuesto, estaba presente Carlos González Arias. Según explicó la funcionaria judicial, esto lo supo porque una persona que fue abordada por los González le rindió una declaración jurada en la que le detalló toda la estratagema con nombres y apellidos. Otras personas se lo dijeron de manera reservada, “por miedo a represalias que puedan recibir por parte de la familia González”. Según la jueza, estas circunstancias la llevan a sentir temor por su integridad y la de su familia.
“Estos últimos eventos han hecho que esta familia genere para mí un sentimiento de repulsa, animadversión y de profunda desconfianza por mi seguridad personal y familiar”, dijo la jueza del caso. Y remató: “Para no afectar, entonces, el debido ejercicio de la justicia es que la suscrita decide declararse impedida para que el trámite sea llevado en los juzgados del Circuito de Villavicencio, garantizando de esa manera el debido proceso y evitando que la familia del procesado continúe persiguiéndome”. Así las cosas, será la Sala Penal del Tribunal de la capital de Meta la que decida si la jueza está impedida y si los hechos ameritan que el proceso sea enviado a otra ciudad.
Ya hay cinco exfuncionarios de la Gobernación de Vichada inmersos en procesos penales, pero, como ha contado este diario, ninguno ha sido llamado a juicio. Renuncias de abogados, denuncias y ahora rumores de brujería han empantanado el caso. Ninguna de las partes se opuso al impedimento y, de hecho, el fiscal del caso lamentó que esto ocurriera, porque es otra muestra de que los familiares del investigado “se creen los dueños de Puerto Carreño”.
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