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Al tiempo que la pandemia de COVID-19 ha movilizado la solidaridad y colaboración mundial multisectorial en una escala jamás vista, también ha agudizado el oportunismo nacionalista y la mentalidad de competencia suma cero de los Estados y de algunas empresas. Mientras que la comunidad científica atiende la necesidad cosmopolita de encontrar una vacuna “global”, los gobiernos se preocupan por la inmunización de sus poblaciones nacionales, la reactivación de sus economías y, en el caso de las potencias, su posicionamiento internacional, mientras que la industria farmacéutica va por el lucro.
El resultado de estos motivos diversos ha sido una carrera por desarrollar una vacuna efectiva contra el SARS-CoV-2 en tiempo récord, siendo Inglaterra, Estados Unidos, China y Alemania, seguidos por Australia, Rusia y Corea del Sur, los países cuyas instituciones participantes llevan la ventaja. Los expertos estiman que el candidato exitoso podría estar listo en 12 a 18 meses, pese a que generalmente una vacuna toma diez años mínimo desde su concepción hasta su salida masiva al mercado. Justamente por esto, existen muchos interrogantes, incluyendo el riesgo de que las vacunas “apuradas” puedan hacer más fácil contagiarse del virus o empeorarlo después de infectarse, el retraso inesperado en los procesos de aprobación regulatoria, la viabilidad de producir miles de millones de dosis (en fábricas nuevas) y garantizar simultáneamente el ritmo de producción de vacunas contra otras enfermedades graves, además de la posible escasez de vidrio requerido para hacer los tubos en los que se deberá transportar la vacuna.
Aun suponiendo que se superan todos los obstáculos imaginables, queda por definir el orden de prioridades a la hora de administrar cualquier vacuna. Si bien distintos actores, encabezados por la OMS y la asociación público-privada GAVI (en la que la Fundación Bill y Melinda Gates ha sido protagónica), han insistido en que sea tratada como bien público global con distribución equitativa alrededor del mundo —comenzando por médicos, enfermeras y otros trabajadores esenciales—, es de esperar que prime el nacionalismo vacunal por encima del cosmopolitismo, sobre todo ahora que no hay líderes mundiales con suficiente voluntad o poder de convocatoria y el multilateralismo está en crisis. Incluso la Unión Europea, que ha buscado apelar a la cooperación internacional en contrapeso a Estados Unidos y China, ha tenido dificultad en llegar a un acuerdo interno sobre el fondo de rescate para sus miembros más afectados por la pandemia.
Además de la tentación inmediatista que existe de ser el primero en vacunarse para así resucitar el trabajo y la producción nacionales, desde la perspectiva del poder económico y político, así como del prestigio internacional, tanto la vacuna como el tratamiento contra el virus son vistos por algunos como bienes estratégicos que pueden afectar el lugar ocupado por un país en el orden mundial, al igual que otras formas no bélicas de competencia pasada, tales como la carrera espacial o las olimpiadas. Empero, y a riesgo de afirmar lo obvio, por más que la magnitud de esta crisis y el sentido de oportunidad geopolítica hayan acentuado el imperativo egoísta nacionalista de “atender a lo propio”, una pandemia —sobre todo con las características de la actual y en el mundo interconectado en el que vivimos— solo se puede derrotar al frenar colectivamente su transmisión global.
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