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La vida de algunos médicos se desgasta entre dos y hasta cuatro contratos temporales, atrapados en una rutina diaria que los obliga a correr de una clínica a otra. Sus jornadas superan las 12 horas de trabajo, un esfuerzo que, dicen, es la única forma de asegurarle a su familia una vida digna. “Es lo que toca”, resume uno de ellos. Los problemas en el sistema de salud no son nuevos, pero algunos creen que en los últimos años se han hecho más evidentes. “Algunas EPS no están pagando, las clínicas están cerrando servicios y a nosotros nos están echando”, denuncia otro. “No quiero sonar muy político, pero es impresionante que esto esté pasando en el Gobierno que prometió otra cosa”. “Es frustrante”, confiesan una decena de profesionales de la salud con los que conversamos en Antioquia, Meta, Manizales, Tunja, Bogotá, Valle del Cauca y Cartagena. “El panorama es sombrío”, advierten. “La situación nos afecta a nosotros y a los pacientes”.
En Tunja, el neonatólogo (médico especializado en el cuidado de recién nacidos) Edson Bernal y su equipo tuvieron contrato hasta el pasado 28 de febrero. La Clínica de los Andes, una de las instituciones privadas más importantes de Boyacá, decidió cerrar su servicio de neonatología a partir del 1 de marzo. “La clínica hizo todo lo que estaba en sus manos para no tomar esta decisión, pero las finanzas ya no daban para más”, reconoce Bernal. En esta institución, cuenta, se atendían afiliados de EPS como Sura y Compensar. “Desde que la última se vio obligada a estar solo en Bogotá y Cundinamarca (por decisión de la Superintendencia Nacional de Salud), la situación se volvió prácticamente insostenible.”
“Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que se atendía antes en cinco unidades neonatales y de obstetricia en Boyacá, ahora va a seguir siendo atendido en dos cuya capacidad instalada no ha aumentado. Estos servicios se han visto enfrentados a sobreocupación y eso está relacionado con eventos adversos, complicaciones y un sin número de situaciones”, advierte Bernal. “El panorama es muy triste, preocupante y sin ánimo de mejora”. Ese mismo 28 de febrero, a 540 kilómetros de Bernal y de Tunja, la Clínica Farallones—una institución de mediana y alta complejidad con una sólida trayectoria en Cali—también cerró su unidad obstétrica y neonatal. Afuera, los médicos que durante años trabajaron en ese servicio se reunieron con un par de velas en las manos para simbolizar su duelo.
“Estas unidades venían funcionando en la clínica hace más o menos 27 años. Fue un proyecto que nació gracias a un grupo de médicos formados en el Hospital Universitario del Valle, en la Universidad del Valle, en el sector público. Una parte importante de ese equipo siguió liderando estas unidades, consolidando un gran grupo de profesionales que, con el tiempo, fueron adquiriendo experiencia, perfeccionando su trabajo y mejorando el servicio. Eso es, precisamente, lo que se pierde”, lamenta Juan Carlos Rojas, pediatra y parte del equipo en Farallones. “Perder ese trabajado es fatal para el país. Lograr un servicio de este tipo no consiste solo en abrir una sede, contratar un director y un par de enfermeras”.
Durante los últimos años, la Clínica Farallones logró resistir los retrasos en los pagos de las EPS, pero en los últimos dos, la crisis se agravó aún más. “Esto funcionaba porque las EPS nos aseguraban un número de pacientes. Pero con las intervenciones de la Supersalud en las EPS… Eso fue meterle un palo a la rueda al sistema, lo cual hizo que los pagos fueran cada vez más difíciles. Ante esta situación, la clínica no pudo soportar más”, dice Rojas.
Para Rojas, es una paradoja que “en un gobierno que, ideológicamente, busca priorizar el mejor servicio a la población más vulnerable, se estén cerrando los espacios donde eso se hacía”. Cree que hay un error de percepción al asumir que las IPS privadas solo atienden a los más ricos del país. “Eso es falso. Aquí hemos atendido a una población muy pobre de todo el suroccidente colombiano: Chocó, Cauca, Nariño. Y, en su mayoría, pacientes afiliados al régimen subsidiado. Esa es la población que va a perder con este cierre”.
Sin embargo, no todos creen que cierres como el de Farallones se deban a acciones o hechos nuevos en el sistema. “El reciente cierre de las unidades de ginecología, obstetricia y neonatología en la Clínica Farallones de Cali pone de manifiesto una alarmante realidad: el diseño actual del sistema de salud colombiano prioriza la rentabilidad económica sobre la atención integral a la población”, señalan desde la Federación Médica Colombiana (FMC). “Servicios esenciales para la salud de mujeres y recién nacidos se consideran financieramente inviables, lo que, sumado a la desviación de recursos por parte de algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS), ha sumido a estas áreas en una profunda crisis”.
Para la FMC, responsabilizar al Gobierno de este panorama “desvía la atención de problemas más profundos relacionados con el diseño estructural del sistema y la gestión inadecuada de los recursos por parte de las EPS”. En un comunicado del pasado 27 de febrero, la organización señalaba que “la verdadera desfinanciación del sistema de salud colombiano no se debe a la falta de recursos, sino a su diseño estructural y a la gestión ineficiente de las EPS”. Allí recordaba, además, que el cierre de servicios de obstetricia y neonatología no es reciente: “En las últimas décadas, el país ha experimentado un cierre progresivo de estos servicios debido a la falta de rentabilidad, resultado directo del modelo instaurado por la Ley 100”.
La organización enfatizó que los problemas no son nuevos, sino el resultado de un diseño estructural deficiente. “El sistema no ha garantizado mecanismos efectivos de supervisión y cumplimiento en la gestión financiera de las EPS”, advirtió. Para abordar esta situación, señaló la necesidad de una reforma que reestructure el sistema y establezca controles rigurosos sobre la gestión de recursos, cuya administración debería ser pública. “Solo así se podrá asegurar una atención de calidad y continua para toda la población colombiana”.
Los retos del sistema no se sienten solo en Cali. “Estamos enfrentando una dificultad enorme por el crecimiento de la cartera en los últimos tiempos”, advierte Mauricio Tamayo, presidente de San Vicente Fundación, una de las instituciones de salud más importantes de Medellín y del noroccidente de Colombia. El pasado 27 de febrero, junto a otras 18 clínicas y hospitales que concentran la mayor parte de los servicios de salud de alta complejidad en el departamento, se reunieron para alertar sobre el impacto de la creciente deuda que diferentes entidades del sistema de salud han acumulado con ellas. A la fecha, esta deuda supera los $2,3 billones, una cifra que, dicen, amenaza su sostenibilidad financiera y pone en riesgo la continuidad de la atención a los miles de pacientes en toda esa región.
En la última cumbre de este grupo de hospitales, que llevan 50 años reuniéndose mes a mes, la advertencia fue clara: la deuda está creciendo sin un límite a la vista. “Durante el año pasado y en enero de este año, el flujo de recursos fue significativamente menor al necesario para operar con normalidad, mientras que la demanda de pacientes no ha disminuido. Hoy, los servicios de urgencias en clínicas y hospitales están colapsados porque los pacientes prefieren esperar allí durante horas antes que no recibir atención. El llamado es urgente: necesitamos oxígeno”, enfatiza Tamayo. “Y ese oxígeno son los recursos que deben llegar al sector hospitalario para que pueda seguir funcionando”.
En su más reciente informe de cartera, publicado en noviembre de 2024, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC)—gremio que agrupa a unas 225 instituciones, incluidas algunas de las más importantes del país, como el Hospital Pabló Tobón Uribe, de Medellín y la Fundación Valle del Lili, de Cali—reveló que hasta junio de 2024 la deuda con sus hospitales y clínicas ascendía a $18,9 billones. Esto es un incremento del 12,8 % respecto a diciembre de 2023, es decir, que, en seis meses, la deuda creció $2,1 billones.
El director de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, envió entonces una carta al Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, y a la Supersalud, en cabeza de Giovanny Rubiano, en la que solicitó la implementación de “medidas de emergencia, para garantizar el funcionamiento y operación continua del sistema asistencial y de prestación de servicios”. Giraldo también destacó que el llamado giro directo, una estrategia para que los recursos les lleguen sin que pasen por las EPS, no ha tenido el impacto esperado.
“El giro directo ha sido una medida importante, y creemos en ella. Pero en algunas instituciones se ha convertido en un techo. Ese es el problema”, resume Tamayo. La norma dice que las EPS deben destinar al menos el 80% de su facturación para el giro directo, pero en la realidad, ese mínimo se volvió un límite. “Hoy, a veces, ni siquiera se está pagando el 80%, sino apenas el 50%. La rentabilidad de estas instituciones no funciona así”. Esto ocurre a pesar de que hoy hay 9 EPS intervenidas por el Gobierno Nacional que concentran más o menos el 60% de toda la población afiliada al sistema de salud.
“Sin recursos, no podremos renovar la tecnología, pagar a los proveedores ni garantizar el cumplimiento de las nóminas a los trabajadores, una dificultad que ya enfrentan clínicas y hospitales en Antioquia y en todo el país”, advierte Tamayo. Los pacientes sufren la crisis en primera línea: falta de medicamentos y menos camas disponibles. Detrás, los médicos lidian con la inestabilidad laboral y la frustración de trabajar con recursos que no alcanzan.
¿Nos olvidamos de los héroes?
“Le cortaron las alas a los héroes de la pandemia y los mantienen en el lodo, donde no pueden protestar porque se ahogan”, escribe Germán Mogollón, cirujano pediatra y miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica. “El trabajo por orden de prestación de servicios por 20 y 30 años, sin vacaciones, sin fines de semana, sin ver a las familias, sigue repitiéndose sin atisbo de solución por ningún lado. Nos acostumbramos a la injusticia que ya a nadie le importa. IPS públicas y privadas decidieron congelar los salarios. Condenarlos a perder por lo menos el IPC cada año y mantener los gastos de sus familias”.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide el aumento del costo de vida, reflejando cuánto suben los precios de bienes y servicios como alimentos, transporte y vivienda. Si los salarios no crecen al mismo ritmo, el poder adquisitivo de los trabajadores disminuye. En el sector salud, muchos dependen del ajuste del salario mínimo, mientras que otros, como los especialistas, reciben pagos según las tarifas que las clínicas y hospitales negocian con las EPS. Pero, ¿de qué dependen, en gran medida, esas negociaciones? De la Unidad de Pago por Capitación (la famosa UPC), el valor que el sistema reconoce por cada afiliado.
A finales de 2024, la brecha entre el incremento de la UPC para 2025, el IPC y el salario mínimo definido por el Gobierno generó inquietud en el sector. Mientras la UPC creció un 5,3% para 2025, el salario mínimo legal subió un 9,54%. La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI) advirtió sobre las consecuencias de este desbalance: la sostenibilidad financiera de los hospitales estaba en riesgo, y con ella, su capacidad para cubrir los costos laborales, que representan hasta el 70% de sus presupuestos operativos.
Y si no pueden costear el aumento del salario mínimo de su personal, podrían recurrir a medidas como la congelación de salarios, la reducción de contratos con especialistas o incluso despidos y cierre de servicios, como ya está pasando en algunas regiones. “La situación varía de institución a institución, pero hay algunas que están viviendo dificultades enormes en los procesos de formación de su equipo. De todo tipo: desde el personal auxiliar y administrativo, hasta el especialista más connotado”, reconoce Tamayo, de San Vicente. Algunas IPS han tenido que modificar las condiciones laborales de su talento, desatando inconformidad y protestas. Una de las más recientes ocurrió en la Clínica San Rafael de Bogotá a finales de enero, donde médicos y enfermeras salieron en un “cacerolazo” a denunciar retrasos en sus salarios. “Los problemas son graves y numerosos”, señaló Alonso Marrugo, médico de esa institución. “Estamos en una mesa de negociación”.
“En nuestro caso, la clínica sí se había dado la pela por nosotros y nos había hecho una contratación integral”, cuenta Bernal, en Tunja. En la unidad de neonatología de la Clínica de los Andes trabajaban ocho pediatras (de los cuales dos eran neonatólogos). También contaban con una oftalmóloga pediatra, un cirujano pediatra y un cardiólogo. “Todos quedamos a la deriva después del cierre”. Al ser especialistas, no pueden ser reubicados en otras áreas de la institución, como sí pasó con el grupo de enfermeras y enfermeros que trabajaban también en la unidad. En Farallones la situación es aún más grave: “Otro país no habría permitido que unidades como estas lleguen a su fin…. 84.120 nacimientos atendidos, 48.620 pacientes hospitalizados en área neonatal, más de 100 trabajadores de la salud. Casi todos con terminación unilateral de contratos. Cesantes, a la calle”, dice Rojas.
Este nuevo escenario ha hecho que algunos médicos, como Mogollón, deban replantearse su camino laboral“. Trabajar en 3 o 4 sitios, porque si no pagan en uno, tal vez paguen en el otro y así se puede sostener”, se responde él mismo. En Meta, el doctor William Osvaldo Prieto Vargas vive una situación similar. “Si a uno le pagaran bien en una sola parte, uno trabajaría en una sola parte. Pero uno tiene familia, tiene niños estudiando, entonces tengo que trabajar en varios lugares. Correr para un lado para tratar de tener un salario más o menos digno y ofrecerle a la familia lo mínimo esperado”. Aun así, a Prieto le deben salarios. “El hospital departamental es el más cumplido. Las clínicas privadas son las más afectadas. Los pagos llegan con dos, tres o hasta cinco meses de retraso. A veces solo nos cubren el 25%. En los últimos dos años, la situación ha empeorado”.
No hay incentivos para brindar la mejor atención. “Nos pagaban una hora a cierto valor, y este año nos informaron que sería menos. Te dicen: ‘Si le sirve, trabaje, y si no, mire a ver qué hace’. Y si uno se queja o se rebela… no quisiera llamarlo amenaza, pero te advierten que pueden buscar otras opciones y ya”, relata Prieto. El cierre de servicios, la sobrecarga laboral, el desempleo, el pago atrasado de salarios e, incluso, la escasez de insumos básicos son el caldo de cultivo perfecto para el llamado “burnout”, un término que describe el agotamiento físico, emocional y mental extremo que sufren los trabajadores de la salud.
“Tenemos un desasosiego tremendo. Estar pendientes de cambiar una cánula que le asegura la vida a un niño y no tener el insumo… ¡Algo que parece tan básico! Estar obligado a atender a un niño en urgencias, en una camilla, cuando debería estar en una cama de UCI, cómodo, con todo lo que necesita, es simplemente devastador”, cuenta, Margarita Martínez, médica en Cartagena. “Eso no lo deja a uno dormir”.
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