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En Bogotá hay ocho barrios en conflicto con el Distrito, por una razón similar: se han edificado en bienes de entidades públicas, es decir, bienes fiscales, que son de importancia estratégica para algunas obras de la ciudad y no deberían estar ocupados. Pese a ello, el panorama para encontrar una pronta solución parece complejo.
En esto sitios se encuentran familias, en su mayoría desplazadas por la violencia o de poblaciones vulnerables, que se asentaron de la misma forma: invadieron voluntariamente o fueron engañadas por bandas de tierreros que se dedican a parcelar predios y vender lotes sin contar con los títulos de propiedad.
Como si fuera poco, debido a la falta de una intervención oportuna de las autoridades, muchas familias llevan más de tres años ocupando el territorio y en ese tiempo han logrado levantar viviendas de dos y hasta más pisos e instalado servicios públicos. Por todas estas características, a pesar de que la ley establece los caminos para encontrar una solución, algunos casos en Bogotá parecen complicados.
Siendo un problema de vieja data, el Congreso expidió en 2005 la Ley 1001, que ordenó a las entidades públicas ceder bienes fiscales ocupados ilegalmente para vivienda de interés social, siempre y cuando la ocupación hubiera sido antes del 30 de noviembre de 2001. Siete años después, la nación fijó las reglas para cumplir este propósito.
Bajo esta premisa, el Distrito ha venido adelantando la legalización y entrega de algunos terrenos en la ciudad, como lo viene haciendo con el barrio Unir II, que fue promovido por los tierreros en la localidad de Suba hace 20 años. Sin embargo, hay otros que, pese a cumplir las condiciones para ser legalizados, están en predios de importancia estratégica para el Distrito o en zona de riesgo.
En estos casos, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) debe conciliar con los invasores, ofreciéndoles diferentes alternativas para abandonar la zona de manera voluntaria. “Hay sitios donde hay casas de hasta cuatro pisos y para recuperar el terreno se tendrían que pagar las mejoras que han hecho los ocupas, lo que saldría más costoso que el valor del lote”, dice el concejal David Ballén, de la U.
Uno de estos casos es el del barrio Magdalenas o Vereditas, en Kennedy, construido en un predio que adquirió la administración para construir la Avenida Longitudinal de Oriente (ALO). Aunque no es el único predio invadido a lo largo del trazado de esta vía, ya que hay parqueaderos y zonas cercadas, sí es uno de los más preocupantes, pues de las 208 viviendas en el lugar, solo 73 familias han aceptado la propuesta del Distrito para abandonarlo.
“Hay 50 lotes que no son viviendas de interés social (VIS) sino lotes vacíos o bodegas, que no entran en el programa de reasentamiento. Además hay 75 ocupaciones mixtas (negocios y casas), que tienen hasta el 30 de marzo para llenar los documentos y acceder a algunas de las oportunidades del Distrito”, señaló Natalia Hincapié, directora de urbanizaciones y titulación de la Caja de la Vivienda Popular en un debate sobre este tema que se realizó en el Concejo.
Falta de control
Si bien en los últimos años se ha adelantado la entrega y formalización de barrios en bienes fiscales, persiste la crítica sobre la forma como estos predios son vigilados y atendidos por la administración, pues se ha vuelto recurrente su invasión.
Por eso, desde el Concejo, algunos cabildantes han hecho críticas, no solo por los terrenos distritales invadidos (lo que denota falta de control), sino por algo más diciente: la información de los bienes fiscales estaría desactualizada. Aunque el Dadep adelanta trabajos en ocho barrios ilegales ya identificados, al parecer no hay un consolidado de los predios públicos y los que estarían ocupados ilegalmente. Por esta razón solicitaron más información sobre los mecanismos de medición y control, para que los bienes no sean ocupados ilegalmente.
El llamado atiende a una preocupación puntual: el detrimento patrimonial que estos actos generan a la ciudad, pues fuera de la inversión para comprar el terreno y el gasto para recuperarlo, se han evidenciado casos en los que, justo en medio de un proceso de recuperación, la demora de los trámites da pie para que otros lleguen a invadir.
No obstante, en respuesta a las críticas, la Dadep resalta que el Distrito ha trabajado y está trabajando para impedir que los predios públicos sean ocupados y, de hecho, a la par de las negociaciones con los invasores se adelanta un plan de acción para la protección de estos bienes.
En cuanto al señalamiento de falta de información, agregó que recientemente se realizó la actualización normativa, con lo cual se actualizará la información de los lotes o construcciones en el inventario general, información que se debe unificar en la base de datos del Sidep, donde se visualizan todos los predios de la administración.
Para este año, la inversión en protección de estas propiedades será de $9.092 millones. Con ello, no solo se tendrá que definir la política para proteger los bienes fiscales, sino solucionar casos de familias que viven en lotes distritales y que se deben reubicar con urgencia.
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