Hermanos Centioni: desde Italia claman justicia en Colombia

El denunciado es un comerciante que se ha movido con habilidad entre el mercado inmobiliario, el empresarial y el de las obras de arte. No obstante, su nombre ha sonado también en los estrados judiciales, como denunciado y denunciante, en 15 investigaciones en Bogotá, Zipaquirá, Santa Marta y Cartagena, por delitos como extorsión, constreñimiento, falsedad en documento, estafa y fraude procesal. Su versión dista de la que dieron los italianos. Exhibiendo documentos, sus abogados insisten en que el estafado fue él. En medio de lo que parecía la compra de una próspera empresa descubrieron otra cosa.

El negocio

Los protagonistas son Daniele y Francesco Centioni, dos hermanos de Civitanova Marche (Italia), que en octubre de 2006 registraron en Facatativá la empresa Gocol, especializada en productos de caucho sintético. Dicen, llegó a ser la primera del Pacto Andino en el sector de termoplásticos, con una facturación anual de $12.000 millones. Con la sociedad posicionada, en 2009 surgió una opción de negocio: Cardona Sierra les ofreció US$4 millones por el 66 % de las acciones. El 13 de diciembre llegaron a un acuerdo y fijaron un anticipo de $1.400 millones.

El 8 de enero de 2010 y sin reparos, el comprador envió el multimillonario anticipo que, según los Centioni, sirvió para pagar $380 millones a los abogados que acompañaron el negocio y ponerse al día con los proveedores. Desde entonces el comprador asumió el control de la empresa, por medio de su revisor fiscal, Alfredo Benítez. En febrero registraron en la Notaría 44 de Bogotá el contrato definitivo y la forma de pago: cuotas trimestrales de US$450.000, por tres años. El comprador firmó 12 pagarés y la hipoteca sobre una finca en Melgar. Los documentos los redactaron los abogados Andrés Medina, Wilson Buitrago y Mauricio Segura.

Las diferencias

Según los Centioni, cuando se acercaba el pago de la primera cuota empezaron las diferencias. Tras firmar un otrosí, dicen, Cardona les hizo una solicitud poco usual: que le devolvieran los pagarés y anularan la hipoteca, a cambio de un porcentaje sobre la venta de varias obras de arte que tenía en Miami. Para respaldar la propuesta envió un contrato de corretaje firmado el 18 de marzo de 2010 y se comprometió a pagar el 12 % de comisión por la venta, entre otros, de un cuadro de Leonardo da Vinci, según él, avaluado en 400 millones de euros.

Ante la propuesta, Daniele se contactó con el director general del Ministerio de Bellas Artes. Al menos hubo interés en la obra de Da Vinci. La conclusión: “Podría ser original, pero había dudas sobre su procedencia”. Esto llevó a los italianos a rechazar la oferta. A partir ahí, relatan, empezaron a ser víctimas de amenazas. Daniele decidió irse de Colombia. Antes de hacerlo intentó vender los pagarés a empresas como Génesis Gestión de Fondos de Inversión, dirigida entonces por Luis Klein (hoy director de la Agencia Nacional de Infraestructura). Sin embargo, no pudo concretar negocio alguno. A finales de marzo de 2010 viajó a Italia, con la hipoteca y los pagarés originales, los cuales afirma tener en la bóveda de un banco.

Con las manos vacías

El negocio se estancó y Cardona Sierra promovió una conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá, en julio de 2010. Los Centioni contrataron a la firma Prevención Legal, que envió a Italia a los abogados Camilo Guzmán y Carlos Aldana Macías y al consultor Hugo Márquez para ultimar detalles. ¿La instrucción? Conciliar solo si Cardona les pagaba US$3 millones o si devolvía la empresa y pagaba US$1 millón para capital de trabajo. Con sorpresa, a finales de agosto de 2010 los italianos descubrieron que los abogados acordaron devolverle los pagarés a Cardona y levantar la hipoteca. “Lo hicieron sin tener los pagarés originales. Firmaron un acuerdo ilegal. El único autorizado para firmar ese trámite era mi hermano Daniele y no estaba en el país. Para completar, nos dijeron que no podíamos regresar a Colombia, porque había una orden de captura contra mi hermano”, relata Francesco Centioni.

Consternados, de nuevo buscaron abogados. Gracias a la gestión de la Embajada de Colombia en Roma y a una denuncia firmada por el entonces embajador Sabas Pretelt, contactaron a los abogados Jaime Pardo y Ómar Toro. “Aceptaron, pero, al considerar que Cardona era peligroso, pidieron que el poder lo firmara un abogado de apellidos Calderón Cuéllar, de Cali, quien dijo estar dispuesto a asumir el riesgo”, agrega Francesco. Los abogados presentaron una denuncia penal en la Fiscalía y otra disciplinaria ante el Consejo de la Judicatura.

Intemediarios

En julio de 2011, luego de que Daniele y Francesco dieron su versión en el Consulado de Colombia en Roma, los contactó Claudia Lozano Doria, esposa de Pedro Castro Araújo, cónsul en esa ciudad, para ofrecerse como mediadora. Les pidió 4.000 euros para ejercer lobby sobre su caso, más el 10 % sobre lo que recuperaran. Por esa época Lozano Doria acababa de salir de su cargo como directora de Fiscalías de La Guajira, tras la denuncia de dos detectives que la señalaron de supuestamente haber recibido $350 millones por devolver una droga. Para completar, después se supo que ella ocupó el cargo en la Fiscalía sin ser abogada. La propuesta fue rechazada.

Los italianos siguieron con el proceso penal, asignado a la Fiscalía 151 de Bogotá. La fiscal Luz Stela Camargo adelantó las primeras entrevistas; sin embargo, fue relevada de la investigación y el caso pasó al despacho del fiscal Gabriel Mora Acevedo. “El fiscal nunca cuestionó las amenazas. Se limitó a preguntar sobre la empresa. No investigó las trampas para levantar la hipoteca, ni reparó en que todo se hizo sin los documentos originales”, alega Centioni.

A partir del 2012 le revocaron el poder a la firma de los abogados Pardo y Toro y desde entonces el proceso se paralizó. A pesar de las gestiones ante la embajada e incluso haberle enviado mensajes con personal del Vaticano al entonces presidente Juan Manuel Santos, el caso sigue en veremos. “Tenemos los documentos originales. No queremos que el caso prescriba. Estamos retomando contactos con la Embajada de Colombia y dicen que nos van a ayudar. Fuimos estafados con complicidad de notarios, jueces y abogados. El daño suma US$20 millones, sin contar daños morales como consecuencia de este hecho”, concluye Francesco.

La versión de Cardona

Antonio José Cardona Sierra es un comerciante que desde joven incursionó en el mundo de los negocios. Comenzó con la compra y venta de casas y fincas, actividad que amplió con compra de ganado y caballos de paso fino. Luego se metió en el mundo del arte y empezó a hacer negocios con Natan Saban, un coleccionista de obras. Sus negocios los hace por medio de su sociedad AJCS S en C, matriculada en Facatativá, cuyo objeto social reza: “Cría de equinos, actividades agropecuarias, compra y venta de bienes y de obras de arte”. Entre las propiedades hay bienes en diferentes regiones del país y clientes como el controvertido Otto Bula.

Según el contrato de corretaje que le ofreció a los Centioni, él sería propietario de importantes cuadros: uno de Tiziano, pintor italiano del Renacimiento (15 millones de euros); otro de Peter Raul Rubens (40 millones de euros) y, finalmente, su obra más valiosa, un lienzo de Leonardo da Vinci valorado en 400 millones de euros. A estos se suma una obra del pintor Rembrandt.

Sin embargo, al menos dos de esas obras fueron epicentro de un pleito entre Cardona Sierra y la exmodelo Lina María Pulido, viuda del caballista Diego Serna, quien fue asesinado en mayo de 2009. Según El Espectador, Cardona Sierra le vendió a Serna un porcentaje de las obras de Tiziano y Rembrandt. A cambio recibió una finca en Caicedonia (Valle), otra en Armenia, tres casas en Pereira y un lote en Bogotá.

Tras la muerte del caballista, Pulido entró a reclamar la propiedad. En su momento, según Cardona Sierra, lo hizo con extorsiones y amenazas, razón por la cual la denunció ante la Fiscalía. Pulido Salgado hace poco volvió a ser noticia, cuando la Policía la encontró en la casa donde capturaron a Januario Hernández, alias “Juano”, supuesto jefe de la banda San Andresito de la 38.

“El estafado fui yo”

Más allá del relato de los hermanos Centioni, Cardona Sierra y sus abogados tienen su versión. Dicen que el comerciante fue el que más perdió en este negocio y por eso fueron los primeros en denunciar a los italianos. Lo hicieron porque, aseguran, luego de pagar el anticipo, el revisor fiscal analizó en detalle los balances financieros de Gocol y supuestamente las cuentas no cuadraban. En la denuncia, radicada en marzo de 2010, dicen que la empresa debía cuatro meses de arrendamiento, cuotas de créditos bancarios por $300 millones, parafiscales, dos años de materias primas, la maquinaria estaba en leasing, no se legalizó mercancía importada y, para completar, después de la negociación, supuestamente los italianos se giraron cheques por $1.500 millones.

“Garantizaban ventas por US$28 millones, pero eso no correspondía a la realidad. En resumen, omitieron informar todas las anomalías. Como era lógico, todo hacía imposible proseguir con la negociación. Por eso, el propio Cardona desitió”, explican los abogados. A pesar de la denuncia, resaltan que Cardona intentó llegar a un arreglo amistoso, el cual se logró a mediados de 2010 con la conciliación en la Cámara de Comercio, la misma que los italianos califican de fraudulenta. Gracias a esto, Cardona Sierra se desentendió de la empresa Gocol. “Nuestro cliente prefirió perder los $1.400 millones del anticipo y pagar los abogados, a cambio de deshacer el negocio. Así quedó estipulado y hoy ese tema está en tránsito a cosa juzgada. ¿Qué pasó con la empresa? No tenemos idea. Vale resaltar que nuestro cliente nunca fue accionista, porque no se hizo la transferencia de las acciones”.

La denuncia que presentó Cardona Sierra en 2010, en la que se presentó como la víctima, fue archivada en 2017. El fiscal señaló que en su caso era imposible hablar de estafa, “cuando ambas partes eran experimentados comerciantes y habían transado la controversia en un centro de conciliación autorizado”. Justo ahora que los italianos intentan revivir el caso, los abogados de Sierra radicaron una nueva denuncia penal contra ellos. Según el documento, los extranjeros, “mediante la dolosa mutación de su relato, han pretendido revivir el conflicto contractual de 2010 y que finalizó mediante un mecanismo de resolución de conflictos”.

El caso sigue en manos de la justicia. Aunque ambas partes se acusan y se desmienten, uno de los elementos clave serían los pagarés. Aunque los italianos insisten en que tienen los originales, con lo que demostrarían que las transacciones en Colombia fueron ilegales, los abogados de Cardona aseguran que ellos los destruyeron. “Si los tuvieran los italianos, ¿por qué no los hicieron efectivos? Tenían cinco años y ese tiempo ya pasó”. La compañía Gocol, origen de esta historia, según documentos de la Cámara de Comercio, desde 2010 no renueva su matrícula y desde 2015 está en liquidación.