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Las experiencias de naciones del sureste asiático y de Suramérica demuestran que las políticas a corto plazo de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos son contraproducentes. Académicos coinciden en que la fumigación aérea no solo es ineficaz sino contraproducente.
“Los daños causados por la fumigación actúan como una barrera para que el Estado haga presencia en las zonas de sembrado, algo que termina empujando a las comunidades agrícolas a alejarse de la autoridad”, le explica a El Espectador James Windle, director de la Licenciatura en Criminología de la University College Cork. Autor de Erradicando la producción ilícita de opio: intervención exitosa en Asia y Medio Oriente. Lea también: Plata y paciencia: las claves para acabar los cultivos ilícitos
Y agrega: “La fumigación puede intensificar las condiciones estructurales que facilitan la siembra de cultivos ilícitos, al empujar a los agricultores a la pobreza, aumentar los conflictos violentos y la inestabilidad política. Esto no solo hace más difícil acabar con los cultivos, sino que los aumenta en el futuro”.
El estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señala que “las aspersiones son parte del problema, además de que ponen en peligro la salud de poblaciones y ecosistemas locales”. Bolivia, Pakistán, Turquía, China y Tailandia decidieron no usar químicos para combatir los cultivos ilícitos y adoptaron su propia estrategia, que, en la mayoría de los casos, ha resultado exitosa. ¿Qué hicieron? Le recomendamos: El estudio que raja al glifosato en la Corte
De Bolivia para el mundo
Desde hace dos años Bolivia es un ejemplo en la lucha antidrogas, un modelo que podría ser replicado en otros países de la región. Después de ser uno de los países con más plantaciones de cultivos ilícitos, en la actualidad Bolivia solo tiene 21.500 hectáreas de coca cultivadas, muy lejos de las 171.000 plantaciones que crecen en Colombia, cuya realidad no es comparable, aunque sí aporta a las soluciones que necesita el país.
Todo comenzó en 2009, cuando el presidente, Evo Morales, decidió nacionalizar la lucha contra las drogas con base “en el control social, la soberanía, la racionalización y sobre todo el desarrollo integral”, explica el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Así, el tercer productor de coca más grande del mundo hizo avances con su propio enfoque, que se aparta de la fumigación, la interdicción y la estigmatización de los cultivadores de hoja de coca. “La violencia ya no es noticia diaria en las zonas de cultivo de coca y el control se establece a través del diálogo y de manera concertada en regiones productoras de coca. Hemos experimentado la mayor transformación y diversificación productiva”, agregó el ministro boliviano.
Kathryn Ledebur, directora de Red Andina de Información, le dijo a la BBC que la estrategia boliviana “no es perfecta pero sí realista, pues se negocia con los productores de coca locales”.
El experimento condujo a un logro que es reconocido en varias partes del mundo. “Esa fallida guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos no solo fracasó, sino que tuvo un alto costo social cobrando vidas humanas, violentando la soberanía de los países como el nuestro. La erradicación condicionada implicaba el atropello de los derechos humanos”, explicó Romero ante la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Le puede interesar: 12 estudios sobre los efectos del glifosato en Colombia
Lecciones de Asia
Desde su experiencia en la lucha para erradicar y sustituir cultivos ilícitos, naciones como China, Vietnam, Laos o Tailandia pueden aportar al debate. Lo que hicieron estas naciones fue establecer una estrategia de logros a largo plazo con fuerte presencia en las áreas de producción, monitoreo y uso de la fuerza.
China solía erradicar cultivos a la fuerza, y la resistencia a menudo fue brutalmente reprimida por los militares. “Como pocos agricultores recibieron una compensación o apoyo para la creación de medios de vida alternativos, la intervención empujó a muchos a la pobreza. La naturaleza represiva de la prohibición del opio parece haber sido un factor contribuyente a la fragmentación de China”, explica Windle.
El éxito para China llegó con la era comunista al identificar que el primer paso a seguir era incrementar la cobertura del Estado, y al mejorar las relaciones entre las comunidades campesinas, las condiciones mejoraron. Los incentivos para los agricultores, a quienes se les distribuyeron semillas mejoradas y tecnología moderna, los motivó a cultivar granos en lugar de opio.
En Vietnam y Laos las estrategias también fueron orientadas al desarrollo: se incursionó en territorios que habían sido hostiles y así se conectaron las regiones aisladas a los mercados legales, para que los cultivadores valoraran la sustitución como la mejor opción.
Tailandia y el café
Tailandia es un referente global en la lucha contra los cultivos ilícitos. Según expertos, las exportaciones de opio se redujeron de 245.000 kilos en 1956 a 4.000 kilos en el 2000, un mínimo histórico para el país. ¿Cuál fue su estrategia? Centrarse en el desarrollo humano de las comunidades afectadas, incluirlas para que participaran activamente en la planeación del proyecto y vincular este a un ambicioso plan de desarrollo nacional (conocido como Proyecto de Desarrollo Doi Tung) planteado para un período de treinta años.
Los tailandeses entendieron que para pasar de los cultivos ilícitos a una economía legal tenían que atacar las causas de la presencia y persistencia de estos cultivos en el país: pobreza, analfabetismo, deforestación, consumo de derivados de opio, tráfico de personas y problemas de salud, entre otras. A su vez, aprovecharon la desmovilización progresiva de las guerrillas comunistas de la zona para poner en marcha un modelo de desarrollo rural integral con énfasis en las personas. En 2002 lo lograron, la ONU los declaró un país “libre de cultivos”. Donde antes había sólo plantaciones de amapola para la producción de heroína, hoy hay cultivos de café, macadamia, fábricas textiles y enormes jardines de flores exóticas que, además, catapultaron el turismo.
Turquía y el opio
El opio es un viejo conocido de Turquía. A partir de 1805 se dejó de cultivar para consumo interno y se comenzó a exportar a todo el mundo tanto en el mercado legal como en el clandestino para producir farmacéuticos y heroína. Así, el país construyó un imperio capaz de proveer a los clientes más exigentes, como China, Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, con las constantes regulaciones y endurecimiento de políticas internacionales con respecto al uso de la sustancia, a partir de 1930 Turquía tuvo que implementar medidas para erradicar el opio. El reto fue enorme, pues casi toda la población campesina vivía de su producción y la presencia del Estado era reducida.
Estados Unidos, además, forzó a que el gobierno turco cediera y permitiera crear en 1972 un programa de sustitución de tierras. La falta de resultados hizo que el gobierno creara un sistema de regulación bajo licencias que logró, en 2005, que 600.000 personas se mantuvieran económicamente del negocio del opio, generando un ingreso de exportación de más de US$60 millones. La estrategia fue aumentar la presencia del Estado en el territorio y ofrecer a la comunidad campesina un comprador alternativo que disminuyera el mercado ilícito.
Las medidas de Pakistán
En los años 80, cuando el país se centró en la intervención agresiva, enfocada en la erradicación, todo se salió de control. Las guerras en Afganistán e Irak, países vecinos y grandes productores de opio, provocaron que los paquistaníes asumieran esos mercados. Entonces, Pakistán volvía a ser uno de los productores más grandes de opio en el mundo.
Pero en la década de los 90, superados los conflictos en Oriente Medio, el gobierno, con apoyo de las Naciones Unidas, implementó un plan de erradicación manual que, en 1996, y por primera vez en treinta años, logró una importante reducción en el número de hectáreas cultivadas de amapola. De los 800.000 kilos de opio cultivado ilícitamente en los años 80 pasaron a menos de 50.000 a comienzos del siglo XXI.
Y aunque estos programas tomaron tiempo en mostrar resultados, su principal ventaja es que fueron enfocados en el desarrollo de las comunidades donde se sembraban los cultivos ilícitos. Una vez que los proyectos de desarrollo comenzaron a producir resultados tangibles, el Estado amplió su presencia en estos territorios e implementó programas de erradicación gradual.
Cada año, el gobierno apuntaba a diferentes áreas para comenzar con la supresión de cultivos. Los representantes del Estado luego se reunían con los líderes tribales y los agricultores y les informaban sobre los riesgos de sembrar opio. Quienes violaron el contrato y volvieron a sembrar enfrentaron una erradicación forzosa de sus cultivos.
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