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En abril, a los habitantes del municipio de Curití, en Santander, les podrían llegar dos recibos por el cobro del servicio de agua de dos empresas. La razón es que, pese a que ya se han proferido dos fallos al respecto, no está claro quién debe prestar el servicio y, por consiguiente, a quién deben pagar los usuarios. La historia involucra a tres empresas y dos administraciones, lo que ha dividido las opiniones sobre lo que debe pasar ahora.
Se puede decir que todo comenzó hace cinco años, cuando el entonces alcalde del municipio Miguel Ángel Triana impulsó en el Concejo la creación de una nueva empresa municipal para manejar el servicio de agua, pese a que esta labor ya la realizaba la Corporación de Servicios de Acueducto y Alcantarillado de Curití E. S. P. (Corpacur), empresa comunitaria con más de 30 años en funcionamiento.
Según el líder Orlando Galvis Vásquez, Triana tenía problemas con la empresa de agua desde antes de ser alcalde, debido a que, como urbanizador, solicitó a Corpacur disponer de agua a sus proyectos en las urbanizaciones El Líbano, El Vivero y El Caney, pero la empresa le respondió que no era posible garantizar el suministro en la zona, por cobertura y porque en ese lugar se requería bombeo para llevar el agua.
Galvis añade que cuando Triana entró a la Alcaldía intentó recoger firmas para sacar a Corpacur, pero no lo logró, por lo que, luego, llevó al Concejo el proyecto para crear una empresa pública que prestara el servicio. Los cabildantes aprobaron el proyecto y el 19 de julio de 2021, la Alcaldía tomó el control de la planta de tratamiento de agua, argumentando que estaban recuperando bienes de Curití. “Rompieron candados y cadenas con seguetas para apropiarse de nuestra infraestructura. Desde ese momento, empezaron a facturar el servicio sin tener ninguna concesión sobre el acueducto”, indicó Galvis.
Años más tarde cuestionado por el medio El Regional sobre los conflictos con Corpacur, Triana respondió: “Hablan de que mi interés era llevar agua a las urbanizaciones que yo tenía, pero claro si es que yo nunca he negado que he sido constructor antes de ser alcalde y toda esa gente ya había comprado, entonces no es para llevarle agua a Ángel Triana, era para llevarles agua a unas personas que requerían el servicio y fue lo que hicimos: llevarles agua”.
El proceso
Lo que ocurrió es que el servicio de acueducto lo comenzó a prestar la nueva empresa pública La Curiteña, mientras que Corpacur interpuso acciones judiciales en las que alegaron que el Concejo aprobó la creación de la nueva entidad sin estudios técnicos ni financieros, así como no se consideró abrir una invitación pública a las empresas que ofrecen el servicio para prestarlo.
En septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de San Gil emitió un fallo en el que anuló el acuerdo del Concejo que dio origen a La Curiteña, lo que llevó a la liquidación de la empresa. Luego, en diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander dejó en firme la sentencia, pero la Alcaldía no entregó el control del acueducto a Corpacur, sino que se lo mantiene Servicur, la unidad municipal que desde 2009 se encarga del aseo y presta el servicio desde la liquidación de La Curiteña.
La posición del nuevo alcalde
El mandatario Carlos Fernando Márquez Ribero aseguró en un video publicado en las redes de la Alcaldía que el fallo se centra en la creación de la empresa La Curiteña y no especifica quién tiene que prestar el servicio, por lo que continuarán administrando el acueducto. “No hemos tenido una notificación contundente que nos diga que nosotros no prestamos más el servicio de alcantarillado (…). Los invitamos a que continúen el pago del servicio, porque somos el ente que está prestando el acueducto y alcantarillado de Curití”.
Pero según el presidente de Corpacur, José Arturo Cadena, la batalla legal ha sido para recuperar la administración del acueducto a “un fortín político”, por lo que asegura que cuentan con el respaldo de la comunidad. “El alcalde tenía 30 días de plazo para entregarnos el acueducto; sin embargo, él está empeñado en no obedecer y cumplir”, añadió. Por ello, Corpacur interpuso una tutela para exigir que se cumpla lo que para ellos no se ha hecho del fallo, así como ayer se realizaron manifestaciones en el municipio en las que pidieron la entrega del acueducto a Corpanur.
La pregunta ahora es a quién se le debe pagar el recibo del agua. Esta no sería la primera vez que habría un doble cobro. En 2010, la Alcaldía de Curití tomó a la fuerza el acueducto municipal, argumentando que Corpacur no se presentó en la convocatoria pública. La Superintendencia de Servicios Públicos intervino y determinó que la actuación de la Alcaldía fue ilegal, ya que utilizó vías de hecho y no estaba autorizada para facturar el servicio. Además, ordenó la devolución del dinero cobrado.
Ahora, Corpacur señala que a partir de abril reanudaría el cobro, por lo que entregaría facturas a 2.554 usuarios en el municipio. Sin embargo, Servicur, empresa de la alcaldía, asegura que sigue a cargo de la administración del acueducto y tiene 2.594 usuarios, a los que también les seguirá facturando el servicio, y como ninguno de los lados da su brazo a torcer, ni otra autoridad se ha pronunciado, la incertidumbre es la que reina hasta ahora. Al cierre de esta edición, el alcalde no había dado respuesta al tema.