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La Procuraduría tiene en curso expedientes que llevan a determinar qué alcaldes y funcionarios públicos en todo el país habrían desaprovechado los recursos públicos o actuado sin la debida diligencia durante la emergencia generada por el covid-19. Este diario tuvo acceso a las indagaciones e investigaciones abiertas, con las cuales se busca establecer irregularidades en la implementación del Plan de Vacunación, celebración indebida de contratos y hasta muertes tras el proceso de inoculación. Por el momento, 26 casos permanecen abiertos y a la espera del archivo o el llamado a juicio disciplinario.
Al despacho del viceprocurador general, Antonio Arias, han llegado las denuncias contra siete hospitales de Risaralda por “irregularidades en el desarrollo del Plan de Vacunación”, durante mayo de 2021. Según conoció El Espectador, habría quejas por ciudadanos fallecidos tras ser vacunados en Quinchía, Guática, La Celia y Pereira. Los casos en el Hospital Universitario San Jorge (Pereira) y Santa Mónica (Dosquebradas) ya fueron cerrados, tras no hallar méritos para siquiera entrar a juicio. Al parecer, lo mismo ocurrirá con los otros hospitales. No obstante, ese es uno de los 84 procesos disciplinarios que la Procuraduría ha adelantado, desde 2020, por contratación para mitigar el virus y desarrollar el Plan Nacional de Vacunación.
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Según la base de datos de la entidad, de los 84 procesos que se han abierto por denuncias públicas, reportes de medios de comunicación y verificación de funcionarios, 26 siguen activos. Seis relacionados con el Plan de Vacunación, el cual inició en febrero del año pasado, y veinte con la contratación de alcaldías, redes de servicios de salud y hasta la dirección personal del Ejército. Las denuncias activas se concentran en quince departamentos del país. Hasta el momento no hay ninguna sanción en firme, no obstante, la entidad precisa que “los procesos disciplinarios tienen una duración de cinco años de prescripción”.
Por ahora, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al alcalde de La Palma (Cundinamarca), John Pulido, y al alcalde de El Retorno (Guaviare), Yeyson Pineda. Contra ambos se formuló pliego de cargos, por lo cual su puesto y habilidad para ocupar cargos públicos entrarán en valoración de la entidad. Sobre Pulido, el ente de control acusa irregularidades en la celebración de un contrato, con el cual se pretendía adquirir insumos para atender personas afectadas por el covid. Contrató $65 millones, al parecer con sobrecostos, en comida e implementos de aseo con una empresa dedicada a la reparación de vehículos. A Pineda se le endilga responsabilidad en hechos similares, por $321 millones.
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La personería de Riohacha (La Guajira) tiene denunciado al Hospital Nuestra Señora de los Remedios por “violación de las normas establecidas dentro de la vacunación para el covid-19”. Aunque el expediente está bajo reserva, en abril de 2021 el personero Yeison Deluque se quejó públicamente, pues la institución no contaría con una ruta de disposición de cadáveres, por lo cual los dejarían a la intemperie. Por otro lado, la Alcaldía de Icononzo (Tolima) está bajo investigación ante la “posible desatención a las directrices del Plan de Vacunación y haber brindado priorización a servidores y personal contratista”. No estaban contemplados en las etapas 1 y 2 decretadas por el Gobierno.
También están bajo indagación preliminar algunos concejales de Morelia (Caquetá), quienes habrían incurrido en proselitismo político al entregar mercados durante la emergencia por coronavirus. Las ayudas alimentarias también son objeto de estudio en Sincé (Sucre), donde, según la denuncia, se entregaron mercados que costaron $200.000, pero tendrían un valor real de $100.000. Roldanillo (Valle del Cauca), Taraira (Vaupés) y la Red de Servicios de Salud de Primer Nivel de Guaviare están vinculados con expedientes por presuntos sobrecostos y supuesta falta de diligencia a la hora de contratar con particulares, sin atender los precios del mercado.
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Contra el alcalde de Barbosa (Antioquia), Édgar Gallego, cursa una investigación disciplinaria por “suscribir el contrato transgrediendo las normas sobre inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses”. Según la Procuraduría del Valle de Aburrá, el alcalde habría firmado el contrato N. 000193 de 2020 con la participación de Silvia Gómez, una contratista que, al parecer, aportó dinero a su campaña. También, habría celebrado un par de contratos con el abogado Nai de Jesús Atehortúa, quien recibiría honorarios mensuales por $13 millones. Se describen, además, presuntas irregularidades en la renovación de la planta de personal de la Alcaldía.
“Con relación a los contratos N. 000171 del 5 de marzo de 2020, N. 000188 del 25 de marzo de 2020 y contrato N. 000194 del 27 de marzo de 2020, se dará traslado para valorar el mérito disciplinario, puesto que los contratos resultan todos similares en su objeto y alcance, e inclusive hacen referencia entre sí. Y si bien no se asignaron de manera directa, ya que en cada uno se llevó el respectivo proceso de selección público, resulta menester señalar que los tres contratos conllevan un objeto contractual similar y confluyeron en el tiempo en abril de 2020”, se lee en el expediente contra Gallego.
Por último, entre los expedientes activos por contratación para mitigar la pandemia está un caso remitido por la Contraloría para el sector defensa. La seccional encontró, sobre la Dirección de Personal del Ejército, “presuntas irregularidades relacionadas con declaración de urgencia manifiesta y adopción de medidas de contratación estatal para adquisición de bienes o servicios para la atención de la emergencia covid-19”. Mientras que contra los alcaldes de Albania (La Guajira) y Palmira (Valle) el ente de control ya emitió fallos absolutorios. Además, cinco procesos fueron enviados por competencia a otras entidades de control. Por ahora, la Procuraduría se toma el tiempo de indagar si es necesario que en los 26 casos activos se adelanten juicios y sanciones.
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