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Para hablar de crisis siempre hay que remitirse a la poderosa reflexión que hizo Albert Einstein en 1935 sobre esta palabra: “No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederles a personas y países, porque la crisis trae progresos”. En Perú saben que este momento de incertidumbre por el que pasa el país también es una oportunidad de hacer las cosas bien. Es por eso mismo que la ciudadanía recibe con reparos la propuesta de adelantar las elecciones en el país hecha el lunes, ante la hecatombe que produjo la intentona de golpe de Pedro Castillo.
“Sí, nuevas elecciones. Pero recuerden que, sin reformas electoral y política, vamos a estar como el perro que gira sobre sí mismo tratando de morderse la cola”, señaló la iniciativa ciudadana de Sleeping Giants en Perú.
El gobierno peruano formalizó el lunes un proyecto de ley que plantea el adelanto de las elecciones generales para abril de 2024, el cual ya fue entregado por la nueva presidenta, Dina Boluarte, y que depende de la aprobación del Congreso. Sin embargo, la gente no está satisfecha con esto. Y es que como explica el doctor en ciencias políticas de la Universidad de Pittsburgh, José Incio, el asunto no es sobre unas nuevas elecciones, pues en Perú los problemas persisten, aunque Castillo ya no esté en la foto: “Hay una abundante, pero mala oferta política que no conecta con el electorado, lo que hace que esté obligado a elegir entre opciones con las que no genera simpatía. Es por ello que la fragmentación y la desconexión aumentan, y eso es muy peligroso”, dijo al medio JNE.
Los números respaldan el análisis de Incio. Sí, hay sobreoferta: solo en 2020 se presentaron 23 candidatos a la Presidencia, un récord para la historia republicana de Perú. Sin embargo, ningún candidato o candidata logró sacar más del 20 % en las urnas. En las encuestas previas nadie superaba el 10 %. También hay desinterés: un mes antes de las últimas presidenciales, una encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), reveló que el 91,9 % de la ciudadanía estaba poco o nada informada sobre los candidatos presidenciales. Ahora, Pedro Castillo, quien se presentó como un candidato fuera de lo tradicional, tampoco resultó siendo diferente a la clase política de la que tanto se aquejaba en campaña. Hay una oferta que no es buena y que cada vez que fracasa genera más desconexión.
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¿Una reforma electoral lo resolvería?
La propuesta popular es que, sin una reforma electoral, unas nuevas elecciones y un nuevo presidente no resolverán los problemas de fondo y el país podría caer en el mismo ciclo de destitución y nuevo mandatario. Algunas peticiones escuchadas son la de evitar que procesados y sentenciados se postulen a un cargo. Esto es un problema persistente. Según archivos de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a los que tuvo acceso el Centro Liber, al menos 16 congresistas estaban siendo investigados por corrupción hasta agosto de este año. Para septiembre de 2021, por lo menos 44 parlamentarios de diversas bancadas tenían temas pendientes con la justicia, según un informe del periodista César Hildebrandt.
Otra idea que surge es permitir que vuelvan las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), las cuales sirven como primer filtro para eliminar aspirantes que cargan irregularidades y alimentan la participación y la competencia. La manera en la que son elegidos los candidatos también importa. Pero ni esto, ni poner más filtros para evitar que lleguen personas que cargan con investigaciones al Legislativo, haría algo para resolver la crisis de los partidos o el problema de fondo: la representatividad. Como dice Incio, el cambio de reglas que plantea una reforma de este tipo “genera expectativas que de no ser cumplidas pueden agravar la crisis”.
“Una ley no te arregla el problema de representación y rendición de cuentas”, señala el experto.
Entonces, la pregunta de fondo para la nueva hoja de ruta debería no solo ser si adelantar elecciones, sino cómo hacerle un control a la oferta y mejorarla para el público, además de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Si algo evidenció la segunda vuelta de las elecciones de 2021, en la que Castillo logró la Presidencia, es que en el país persiste la idea de votar en contra de alguien y no a favor de una campaña, y esta práctica no se ve traducida en incentivos para sostener coaliciones o lanzar reformas que le ayuden a la gente.
Para Carlos Malamud y Rogelio Núñez Castellano, analistas del Real Instituto El Cano, esta comunión de problemas requiere que se firme una tregua, como lo pidió la Organización de Estados Americanos, para “dotar a la justicia de herramientas para combatir la corrupción y posibilitar la formación de partidos estructurados, de ámbito nacional, y menos vinculados a liderazgos personalistas”. El gran problema es que el diálogo y las llaves para una reforma recaen sobre el Legislativo, que sabe que con las condiciones actuales de la Constitución le dan un poder casi total. Mientras el Congreso tenga la capacidad de sacar al presidente solo reuniendo 87 votos, el próximo mandatario o mandataria, sea del partido que sea, podrá tener el mismo destino que los seis últimos presidentes que ha tenido el país en cuatro años: la destitución. Lo de Perú es un asunto sistémico. Hay que reformular las reglas, los partidos, pero también el sentido que se le da a la vacancia presidencial.
“Con la vacancia planteada en términos tan vagos, es probable que se corra con la misma suerte”, le dijo Ómar Ciro, profesor de derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la BBC.
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