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Acudiendo a una figura de la que el propio Gobierno ya intentó echar mano para desconocer una decisión autónoma del Congreso, el grueso de gobernadores del país cerraron filas para esquivar la aplicación de la emergencia económica con la que el presidente Gustavo Petro quiere tapar el hueco de COP 16 billones que se le abrió en el presupuesto de 2026.
Se trata de la figura de excepción de inconstitucionalidad, que la Casa de Nariño usó a mediados de 2025 cuando en el Capitolio no logró apoyo suficiente para impulsar una consulta popular que le blindara varias de sus reformas. En ese momento intentó vía decretazo esquivar la derrota en el Legislativo, lo cual le terminó frenado en las altas cortes. Y ahora son los mandatarios regionales quienes quieren jugar esa misma carta.
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La razón es que en la polémica emergencia económica que se expidió el pasado 29 de diciembre se aumentan los impuestos al consumo de licor y tabaco, con el fin de que el recaudo adicional fondee las arcas de la Nación. Pero eso implica, según los mandatarios regionales, que pierdan recursos para sectores sociales que se financian en sus territorios con ese tipo de tributos.
La estrategia, que ya fue calificada por el Gobierno como un intento de prevaricato y desconocimiento de la figura presidencial, se trazó durante una reunión de al menos cuatro horas que se realizó en Bogotá entre 17 de los 32 gobernadores. Los líderes de dar este paso fueron Dilian Francisca Toro (Valle), Andrés Julián Rendón (Antioquia) y Magali Matiz (Tolima), bajo la tesis de que la emergencia decretada por Petro es, a su juicio, inconstitucional y que pone en riesgo “la estabilidad financiera de las entidades territoriales y, con ello, la inversión y los recursos para la atención en salud, educación y deporte en todas las regiones del país”.
Las estimaciones de la Casa de Nariño indican que través de los tributos que ahora la vuelven a enfrentar con las regiones se recauden alrededor de COP 8 billones, lo que no significa que sea el total de recursos que dejarían de percibir las regiones. Sin embargo, para lograr esa cifra es que se aplican los nuevos impuestos, lo que se traduce en el encarecimiento de esos productos y, de acuerdo con las regiones, en una posible disminución de su consumo; en plata blanca, si menos se venden, menos se recauda, y de paso podría impulsar el contrabando.
En la cita en la que surgió la idea de acudir a la misma figura que ya usó el Ejecutivo se dio una votación para conocer qué tanto respaldo había. La decisión, pese a las 15 ausencias –entre quienes se cuentan Jorge Emilio Rey (Cundinamarca) y, entre otros, Juvenal Díaz (Santander)– fue unánime.
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Asimismo, en esta reunión de carácter extraordinario (organizada por la Federación Nacional de Departamentos) fue designada una comitiva de gobernadores para solicitar un espacio de intervención ante la Corte Constitucional durante la evaluación del decreto madre de la emergencia, el cual se encuentra en el despacho del magistrado Carlos Camargo. De hecho, no se descarta acudir a tutelas y otros recursos jurídicos que les den piso para desconocer su aplicación, algo que en todo caso aún no ejecutan mientras se avanza en esta estrategia legal.
La gobernadora Toro le dijo a El Espectador que “los recursos se van a ir al Gobierno Nacional; es decir, no los van a convertir en rentas cedidas”. Además, según otros mandatarios regionales, el contrabando que algo así podría desatar terminaría beneficiando a estructuras como el ELN y el Clan del Golfo, que tienen en esta línea de la economía ilegal una fuente de ingresos paralela al narcotráfico.
Ante todo esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, tildó de “mal ejemplo” el anuncio de los gobernadores y los señaló de una posible usurpación de funciones de la Corte Constitucional; dijo que es este el único organismo que puede declarar la inconstitucionalidad de un decreto. Fue él quien advirtió del posible prevaricato.
¿De dónde saldrían los COP 8 billones que busca el Gobierno con los impuestos que desataron la “rebelión” departamental?
En el caso del tabaco, la proyección se sitúa sobre los COP 762.000 millones, solo para 2026, y otros COP 309.000 para los vapeadores. Y la variación con los licores sería de mayor magnitud: COP 6,5 billones en impuesto al consumo más otros COP 784.000 millones vía IVA. El presupuesto general es de COP 546,9 billones, pero tiene un hueco de COP 16 billones.
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En departamentos como Antioquia todo esto podría ser una pérdida, según las estimaciones de su gobernador, de COP 200.000 millones. Para el caso de Caldas o el Meta, este ítem superaría los COP 100.000 millones.
Desde la Casa Nariño, 24 horas antes de esta decisión, el presidente Petro insistió en la existencia de “hechos sobrevinientes” que obligan a la implementación de la emergencia económica. Dentro de sus argumentos está, precisamente, el hundimiento de la reforma tributaria al cierre del 2025 en el Capitolio, así como la misma propuesta en 2024 que le obligó a congelar cerca de COP 12 billones durante la vigencia del año pasado.
“Apenas el Congreso tumbó la ley de financiamiento, hicimos un endeudamiento de Colombia para pagar las deudas que heredamos”, señaló el mandatario en su más reciente alocución.
Al mandatario también le dieron respaldo desde las carteras de Justicia y Hacienda en medio de esta pelea. De un lado, el ministerio que lidera Germán Ávila señaló en un comunicado que la medida temporal de emergencia económica “respeta el recaudo y administración, por parte de los departamentos garantizando la sostenibilidad de sus finanzas y compromisos presupuestales, bajo los principios de colaboración armónica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional”. Además, la cartera convocó a una mesa de trabajo a los mandatarios regionales en Bogotá, que se llevaría a cabo el día 19 de enero. De momento no hay confirmación de asistencia de los gobernadores o la FND.
Además, el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, señaló que es “¡un exabrupto jurídico ese anuncio! De cómo materialicen en cada gobernación con los actos administrativos concretos de la decisión que anuncian, se desprenderán las acciones jurídicas del gobierno. De entrada, lo pretendido usurpa la competencia exclusiva de la Corte Constitucional, para estudiar y definir la constitucionalidad del Decreto cuestionado», siguiendo la línea de Benedetti en el MinInterior.
Todo esto se enmarca en una fuerte disputa que viene sosteniendo en época electoral el jefe de Estado con varias regiones, especialmente con las lideradas por mandatarios opositores. Incluso, se han dado enfrentamientos públicos por medidas económicas como esta emergencia o el aumento en un 23 % del salario mínimo, así como por el impacto negativo que se alega desde los territorios por cuenta de la llamada paz total.
Las disputas se han dado especialmente con Antioquia y Valle, pero ha tenido réplicas en Tolima y Chocó, entre otras regiones en las que también figuran ciudades como Bogotá (al mando de Carlos Fernando Galán) y Barranquilla (liderada por Alejandro Char). Mientras más se acercan las citas a urnas –8 de marzo para Congreso y 31 de mayo para Presidencia– se podría incrementar el tono de este tipo de choques.
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