Primera instancia en la Corte Suprema: nuevos impedimentos en los casos Olano y Morelli

Esta vez, la Sala aceptó el impedimento que presentó el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, quien hasta su nombramiento era procurador delegado, para hacer parte del juicio al exsenador Plinio Olano Becerra por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, por presuntamente, prestar su cargo para los intereses criminales de la multinacional brasileña Odebrecht para hacerse a grandes obras a cambio de dinero.

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Vera argumentó que intervino como representante del Ministerio Público en las presentes diligencias y solicitó a la Corte, en ese momento, que acusara a Olano, al tiempo que estuvo presente en la práctica de los diversos testimonios recaudados en la etapa de instrucción, oportunidades en las que interrogó activamente a los testigos. Para la Sala Especial, en este caso es claro el impedimento «en la medida en que la intervención del magistrado Caldas Vera en la fase instructiva, conlleva una opinión ya formada en relación con la materialidad de las conductas punibles y la responsabilidad atribuible a Olano Becerra«.

 Por otro lado, la Sala Especial de Primera Instancia, no aceptó el impedimento que presentó el magistrado Caldas para llevar el juicio a la excontralora general Sandra Morelli Rico, investigada por supuestas irregularidades en la celebración del contrato de arrendamiento para una nueva sede de esa entidad, en donde se estudia un presunto detrimento patrimonial que ascendería a $12 mil millones. Caldas Vera argumentaba que como procurador estuvo presente en las audiencias preparatorias de juicio y se pronunció sobre las pruebas que la Fiscalía y la defensa pidieron tener en cuenta.

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Para la Sala, las manifestaciones de Caldas en esas diligencias no son suficientes para apartarlo del caso. «De acuerdo con lo expuesto, la participación del H. Magistrado en la audiencia preparatoria no fue de trascendencia, en la medida en que se limitó a avalar la posición de la Fiscalía en torno a la solicitud de inadmisión de varias pruebas requeridas por la defensa», dice el documento.

«En otras palabras, apoyó las manifestaciones sobre falta de pertinencia, conducencia y utilidad de los medios de prueba y dejó a criterio de Sala Penal lo relacionado con las 36 peticiones testimoniales, pero no avanzó -como no podía hacerlo- en la valoración de elementos de conocimiento de los cuales apenas se pretendía el decreto como pruebas y, obviamente, mucho menos se intentó valorarlos cuando ni siquiera se habían practicado. En fin, de manera alguna se refirió a la posible responsabilidad de la acusada o la materialidad de las conductas punibles», agregó la Sala.

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Cabe recordar que para no tener que usar a los conjueces de la actual Sala Penal, que conocerá de estos casos en segunda instancia, y generarles un impedimento a futuro, fuentes explicaron a El Espectador que el proceso ya está en marcha. La Sala decidió acudir a universidades como el Externado de Colombia, el Rosario, la Católica o la Nacional. La idea es encontrar personas con las mejores calidades para que puedan asumir el rol de juez, cuando sea necesario. Incluso, se le explicó a El Espectador que ya se han analizado hojas de vida de juristas que tienen mínimo maestría. El proceso de designación avanza para decidir en próximas semanas un listado definitivo.