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A mediados de septiembre, los miembros del consejo directivo de Comfenalco Antioquia -la sexta caja de compensación más grande del país- fueron separados de sus cargos por orden de la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio), el órgano de vigilancia y control de estas entidades.
La Supersubsidio justificó su decisión señalando situaciones que “ponen en riesgo el patrimonio de Comfenalco Antioquia y, así mismo, a todos los afiliados y beneficiarios del subsidio familiar de la corporación”. De ahí que la entidad ordenara la intervención total de la caja de compensación.
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Si bien la medida tiene un carácter cautelar, tuvo efectos inmediatos: las directivas de la caja fueron removidas y se nombró a un agente especial de intervención, un funcionario de la propia Supersubsidio, quien -a la fecha- está ejerciendo las funciones administrativas dentro de la caja.
La decisión de la Superintendencia sobre Comfenalco Antioquia no ha estado exenta de polémica. Ha sido calificada como “desmedida” y, para algunos, hay cuestiones que podrían sugerir una arbitrariedad del órgano de control.
Actualmente, la Supersubsidio tiene 10 cajas de compensación bajo medida de intervención -en su mayoría, los casos vienen de años atrás-, pero lo que llama la atención es que en el último año han sido intervenidas dos de las cajas más grandes (en afiliados y recursos) del país: Comfenalco Antioquia y Comfamiliar Risaralda.
Ambos casos han “levantado ampolla” en el sector de las cajas de compensación e, incluso, sindicatos acusan a la Supersubsidio de estar actuando como juez y parte en las intervenciones.
¿Qué pasó en Comfenalco Antioquia?
El 18 de septiembre, el superintendente del Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas, ordenó la “intervención administrativa total” de Comfenalco Antioquia de manera cautelar y por un periodo de 12 meses.
El primer argumento del órgano de control fue que $10.000 millones, correspondientes a remanentes de la liquidación de la EPS de Comfenalco Antioquia, no se encuentran bajo la titularidad de Comfenalco Antioquia, lo que genera “un riesgo jurídico y patrimonial”.
Cabe resaltar que, tras la liquidación de los programas de salud de la caja, estos $10.000 millones fueron transferidos a una fiducia en Credicorp Capital, cuyo “doliente” (o fideicomitente, como se le conoce técnicamente) es Mandato Salud S.A.S., una empresa privada creada por el consejo directivo de Comfenalco Antioquia.
Para la Supersubsidio, sin embargo, es injustificada la creación de Mandato Salud S.A.S., en palabras de la entidad “no obra un negocio jurídico subyacente” que haya hecho obligatoria la creación de dicha empresa ni la cesión de derechos fiduciarios de Comfenalco Antioquia hacia esta.
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Además, el órgano de control indicó que Comfenalco Antioquia no dio claridad sobre dónde están, quién los administra y cuál es la destinación de los $10.000 millones, por lo que no hay certeza sobre si esos recursos pertenecen al sistema de salud o a la caja de compensación, como operadora de esos programas de salud que fueron liquidados, y señaló que el consejo directivo de la caja no solicitó un informe de seguimiento por parte de revisoría o auditoría interna, concluyendo así que los directivos omitieron una debida diligencia y control.
Así mismo, un segundo argumento de la Supersubsidio para ordenar la intervención son las “pérdidas recurrentes” (por más de $20.000 millones) de los programas de vivienda de Comfenalco Antioquia, que estarían generando un impacto negativo sobre el patrimonio de la caja.
El órgano de control ve con preocupación que el programa de vivienda viene arrojando pérdidas desde hace seis vigencias, incluyendo la actual, “por lo que existe una presunta vulneración al régimen de transparencia, en cuanto a las conductas y acciones prohibidas”.
Con la intervención total, la entidad recalcó que busca proteger los recursos del Sistema de Compensación Familiar y a los afiliados de Comfenalco Antioquia, con el objetivo de garantizar la entrega de subsidios y programas de la caja y, en general, “el cumplimiento de los servicios sociales a la población cubierta (…), entre afiliados y personas a cargo”.
De acuerdo con Juan Guillermo Pérez, superintendente del Subsidio Familiar, Comfenalco tiene un impacto sobre 928.734 personas. De estas, 460.127 son trabajadores afiliados, quienes tienen a su cargo 468.607 beneficiados. Así mismo, tiene 21.610 empresas afiliadas, que han realizado aportes durante 2023 por valor de $245.000 millones de pesos.
La defensa de Comfenalco Antioquia
Jorge Alejandro Gómez, quien fue director de Comfenalco Antioquia durante 26 años hasta la decisión de la Supersubsidio a mediados de septiembre, le dijo a este diario que, con la intervención, el órgano de control “desbordó su competencia”.
Según Gómez, los $10.000 millones de los remanentes en salud no están riesgo y son un saldo residual de la liquidación de la extinta EPS de Comfenalco Antioquia -a manos de la Supersalud- y que fue el agente especial liquidador el que ordenó guardar esos $10.000 millones para atender “contingencias jurídicas” que puedan presentarse a futuro, como eventuales litigios con acreedores, por ejemplo.
“Están en una fiducia de administración y pagos, con destinación exclusiva para el pago de obligaciones jurídicas aún no definidas, como lo ordenó la Supersalud a través de su agente especial liquidador. No entendemos por qué la Supersubsidio llega en un momento de posliquidación para tomar una competencia que no le corresponde”, dice Gómez.
En la misma línea, Julián Andrés Palacio, abogado y vocero de algunos miembros del consejo directivo de Comfenalco Antioquia, manifestó que “no se ha perdido ningún recurso. (Los $10.000 millones) no son recursos del sistema de salud, ni son recursos del sistema de aportes del 4 % que hacen los empleadores. Son recursos totalmente independientes que, por transparencia, se decidió que una sociedad los administrara para hacer esa separación de los recursos de Comfenalco”.
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Sobre las pérdidas del programa de vivienda de la caja, Gómez manifestó que “la Supersubsidio confunde resultados financieros (de los programas de vivienda) con la sostenibilidad financiera de la caja”.
En su comunicación oficial, la Supersubsidio reconoció que las pérdidas del centro de costo de vivienda de la caja venían de seis vigencias anteriores, incluida la actual.
“Si uno mira esas pérdidas, son de periodos que ya se cerraron. Cuando se cierra un periodo, compensamos las pérdidas del programa de vivienda con los ingresos de otros programas autosostenibles de la caja. Esas pérdidas de vivienda no amenazan los resultados de la caja ni el funcionamiento de otros programas”, aseveró el exdirector, quien señaló que en 2022 los resultados de la caja arrojaron un saldo positivo de $41.000 millones y de $20.000 millones a junio de 2023.
Igualmente, el abogado del consejo directivo agrega que “las pérdidas (del programa de vivienda) fueron de $2.000 millones en 2022, pero el patrimonio de Comfenalco Antioquia asciende a casi $600.000 millones”.
Palacio, además, sostiene que estas pérdidas no pueden ser atribuibles a la administración de Comfenalco, porque “son producto de la situación que está viviendo el mercado de la vivienda en todo el país”.
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Vale recordar que, en el último año, el sector vivienda se ha contraído por factores como tasas de interés en máximos históricos, la alta inflación y el aumento en el costo de insumos de construcción.
Con base en estos argumentos, el consejo directivo removido interpuso un acto de reposición para que se revoque la intervención. A la fecha, la reposición sigue en trámite administrativo en la Supersubsidio. Cabe resaltar que, a comienzos de octubre, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Superintendencia entregar todos los documentos relacionados con la intervención de Comfenalco Antioquia, incluyendo actas y datos completos de los funcionarios que participaron en el proceso.
El superintendente del Subsidio Familiar declinó pronunciarse sobre el caso de Comfenalco Antioquia al no haber una decisión administrativa en firme.
La polémica detrás de la intervención
Asocajas, el gremio de las cajas de compensación, calificó como “preocupantes” las medidas de intervención de la Supersubsidio. De acuerdo con la entidad, no hay claridad en los causales que están llevando a la intervención de las cajas.
“Reiteramos que este tipo de medidas, que en algunos casos han sido injustificadas, sin fundamento y que carecen de rigor, pueden poner en riesgo el funcionamiento del Sistema de Compensación”, fue la respuesta de Asocajas a un cuestionario enviado por El Espectador.
De hecho, pese a que la Supersubsidio habló de situaciones que “ponen en riesgo el patrimonio de Comfenalco Antioquia”, en otro apartado de la resolución indica que “los indicadores financieros de la corporación (la caja) a junio de 2023 muestran solidez y liquidez”. Algo que, para algunos observadores, puede resultar contradictorio.
Adicional a lo anterior, el consejo directivo removido critica que nunca fueron llamados a presentar descargos o a controvertir una medida de tal magnitud como lo es una intervención total.
Entre tanto, uno de los principales cuestionamientos del sector a la Supersubsidio es que el órgano de control está actuando como “juez y parte” en las intervenciones, es decir, parte de sus funciones de vigilancia y control para inspeccionar a las cajas y, si descubre un incumplimiento, procede a intervenirlas, para luego nombrar a sus propios funcionarios como agentes interventores, con facultades para tomar decisiones administrativas.
En el caso de Comfenalco Antioquia, la Supersubsidio nombró a Osvaldo Enrique Álvarez como agente especial de intervención. Desde 2022, Álvarez funge como superintendente delegado para la Gestión en la entidad.
¿Por qué la Supersubsidio está nombrando a sus propios funcionarios en las cajas intervenidas? Esta fue la respuesta que le dio el superintendente a El Espectador: “Cuando hay intervenciones totales, yo debo nombrar un agente especial de intervención. Lo que he hecho es nombrar personas de la propia Superintendencia para ahorrarles recursos a las cajas, porque si no tendrían que pagarle a una persona externa que yo nombre, pagarle honorarios que podrían llegar a ser muy onerosos”, dijo Juan Guillermo Pérez.
Para entender el proceder de la Superintendencia en estos casos, el superintendente entregó un balance de las intervenciones realizadas durante su mandato: “he intervenido parcialmente la caja de La Guajira, la caja de Risaralda y la caja del Caquetá, y se ha intervenido de forma total la caja de Arauca y la de Antioquia. Intervenimos la caja del Caquetá porque tenía un consejo directivo dividido y en esa división incurrieron en actividades que podrían considerarse ilegales: falsificación de actas y de firmas. Se tuvo que intervenir ese consejo y se ratificó en su cargo al director; en Risaralda, la manera en que el consejo estaba haciendo su trabajo comprometía los recursos de la caja, se le hizo un contrato al director y después se decidió reemplazarlo, con una afectación grave al patrimonio de la caja”, añadió el funcionario.
El superintendente explicó que en la medida en que las cajas intervenidas vayan cumpliendo un plan de mejoramiento, las irá devolviendo a los departamentos “para que empresarios y sindicatos puedan postular a quienes representan esos consejos directivos”.
Hasta entonces, serán administradas por un agente especial durante el tiempo que dure la intervención, como ocurre actualmente con otras cajas como Comfiar (en Arauca), Cafaba (en Barrancabermeja) o Comfamiliar Risaralda. Respecto a esta última, cabe resaltar que está intervenida desde diciembre de 2022; sin embargo, un fallo de tutela le ordenó a la Superintendencia del Subsidio Familiar restituir al consejo directivo el pasado 4 de octubre.
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Las molestias sobre el actuar de la Supersubsidio toman un mayor calado cuando se consulta a los sindicatos, que hablan de una intromisión del Gobierno en las cajas de compensación.
De acuerdo con Rafael Ángel Quintero, secretario de Información y Prensa de la Confederación General del Trabajo (CGT), el recaudo de las cajas por cuenta de los aportes de los empleadores es “una suma atractiva para cualquier gobierno”.
El líder sindical denuncia que “la Superintendencia (del Subsidio Familiar) viene actuando como administradora de las cajas. ¿A qué vienen esas intervenciones? Lo que nos gustaría saber es por qué la Superintendencia, que debe ser un órgano de control, pareciera que quiere tomarse las cajas para hacer el trabajo político del Gobierno Nacional”.
Quintero añade que la preocupación de los trabajadores del Sistema de Compensación Familiar es que el Gobierno, a través de la Supersubsidio, remueva consejos directivos que son elegidos democráticamente por los mismos afiliados de la caja.
“Lo de Comfenalco Antioquia fue de manera repentina, sin escuchar las partes. Como trabajador del sistema, pienso que son medidas drásticas que tienen otros fines”, puntualizó Quintero.
Según cifras de Asocajas, en Colombia existen 42 cajas de compensación familiar, las cuales cobijan a 10,6 millones de trabajadores afiliados y a 10,7 millones de personas que hacen parte de su núcleo familiar, para un total de 21 millones de beneficiados.
En 2022 los aportes del 4 % que realizan las empresas al Sistema de Compensación llegaron a $9,8 billones, lo que significa un crecimiento del 16,9 % frente a 2021, y los aportantes se incrementaron en 4,1 %, de acuerdo con el gremio.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
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