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Los impuestos creados bajo el amparo de la emergencia económica se encuentran en el ojo de una intensa batalla legal, por varios frentes.
Por un lado, la declaratoria del estado de excepción y las medidas adoptadas bajo esta figura deben pasar el examen de la Corte Constitucional, que ya designó un magistrado para este análisis (Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo en la era Duque).
Sobre la emergencia han llovido críticas desde todas las esquinas (que no sean las del Gobierno, claro) por la posible falta de sustento legal para decretar el estado de excepción. La Constitución establece que para poder invocar esta figura debe haber hechos sobrevinientes que amenacen la estabilidad económica y social del país.
La administración Petro asegura que la caída de la ley de financiamiento en el Congreso, y la consecuente falta de recursos en el Presupuesto General de 2026, clasifica como un hecho extraordinario. Este argumento, que es la principal línea de defensa del Ministerio de Hacienda en este tema, no convence a analistas y académicos, pues significaría que los reveses legislativos de cada administración dar para gobernar por decreto.
El otro frente de batalla de la emergencia es el que han trazado 15 gobernadores del país, que decidieron este jueves que las decisiones tributarias del gobierno nacional no aplican para ellos.
Los mandatarios regionales objetan los aumentos en impuestos alrededor del consumo de tabacos y licores (los impuestos de emergencia económica exceptúan a la cerveza). Estos tributos, en parte, financian los presupuestos regionales y de ahí el malestar de los gobernadores.
Por ejemplo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que la emergencia económica afectará los ingresos de las regiones, pues “los principales recursos” para sectores como salud, educación y deporte provienen de estos recaudos.
Desde el Gobierno se citó a una reunión con los gobernadores para el próximo lunes para explicar más a fondo la medida, según informó el Ministerio de Hacienda. No es claro aún si el presidente asistirá al encuentro.
La cartera aseguró que el decreto con los nuevos impuestos “respeta el recaudo y administración, por parte de los Departamentos garantizando la sostenibilidad de sus finanzas y compromisos presupuestales, bajo los principios de colaboración armónica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. Las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte”.
¿Cuál es el cambio que implementó el Gobierno?
Se sube el IVA para licores, pues pasa de 5 % al 19 % (con la excepción de la cerveza).
Y se modifica el impuesto al consumo para licores y tabacos.
En el caso de los licores, hoy esta tarifa es de COP 220 “por cada grado alcoholimétrico en unidad de 750 centímetros cúbicos”. Y para vinos está en COP 150. El decreto introduce una única tarifa de COP 750 para todos los licores, incluyendo vinos y aperitivos.
El componente ad valorem del impuesto también sube, quedando en 30 %; actualmente es de, máximo, 25 %.
Para los cigarrillos y tabacos en general habrá un componente adicional de COP 11.200 por cajetilla de 20 unidades “o proporcionalmente a su contenido”; hoy esta tarifa es de COP 4.068. Para la picadura, rapé o chimú subirá a COP 891 por gramo y hoy es de COP 324 por gramo.
¿Por qué el Gobierno le subió los impuestos al alcohol y al tabaco?
La idea de ajustarle las clavijas al tabaco y los licores en IVA y en impuesto al consumo no es una medida de emergencia, por decirlo de una forma.
De hecho, era una de las medidas que contemplaba la ley de financiamiento, que hundieron las comisiones económicas del Congreso en diciembre pasado.
Si bien la propuesta inicial metía al baile de los nuevos impuestos a la cerveza, durante la discusión en el Congreso se propuso excluir a este producto por su “impacto social”, según dijo el Minhacienda. La medida decretada mediante la emergencia económica conservó esta exclusión.
En su momento (con la cerveza a bordo), los ajustes en tabaco y licores buscaban un recaudo de más de COP 7 billones en 2026. La cifra crecía hacia el futuro: COP 8,3 billones en 2027, COP 8,8 billones en 2028 y se trepaba a COP 9,4 billones en 2029.
¿Por qué insistir con este tributo que, dicen los gobernadores, les pega fuertemente a los presupuestos regionales? Según el Ministerio, “si bien Colombia ya cuenta con impuestos sobre las bebidas alcohólicas, la literatura señala que aún existe espacio para rediseñar la estructura impositiva actual e incrementar los precios en comparación con los países de la región”.
Las razones acá no son sólo por espacio fiscal, sino por impactos en salud pública. Esta conversación también involucra los presupuestos regionales y nacional.
“Estamos consumiendo cada vez más, el alcohol es cada vez más barato y eso implica riesgos en salud pública de los que casi no se habla”, aseguró Victoria Soto, magíster en Economía y directora del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa) de la Universidad Icesi, en una nota anterior publicada por este diario.
Lea también: Las razones de quienes sí quieren, por salud, más impuestos al alcohol
El Gobierno argumenta que “de acuerdo con una evaluación realizada por el Banco Mundial, comparando el escenario con el nuevo impuesto y el escenario actual, los resultados sugieren que el rediseño del impuesto evitaría 1,4 miles de muertes, esto es una disminución del 3,6 %. La mediana del consumo de alcohol puro consumido por cada persona disminuiría en un litro, aproximadamente”.
Los cambios en el impuesto al consumo, estimaba en su momento el Minhacienda, le permitirían recaudar más de COP $6 billones (estimación que incluye la cerveza, que al final fue excluida, como ya se dijo).
En el caso del tabaco, el centro de las intenciones del Gobierno es un poco lo mismo: el uso de estos productos es un problema de salud pública y los impuestos buscan disminuir su consumo.
De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, “se estima que el precio de los cigarrillos aumentaría en 57,7 % y el de los vapeadores en un 57,2 %. Este ajuste acercaría los precios nacionales de los cigarrillos a los estándares observados en otros países de América”.
Las críticas a los impuestos al alcohol
El malestar contra los impuestos es un asunto tan antiguo como los tributos mismos. En este caso, el escenario no es muy distinto.
De acuerdo con la Industria Licorera de Caldas, “este aumento del IVA y otros impuestos sobre algunas bebidas alcohólicas ponen en riesgo la viabilidad de la industria de licores del país, que según estimaciones del sector representa el 1,5 % del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos totales desde el sector agrícola hasta el comercial (hoteles, bares, restaurantes, ferias, eventos, etc.)”.
La empresa de licores calcula que una botella de 750 mililitros de aguardiente puede enfrentar un alza de 43 % en el precio de venta final al público.
Otra de las alarmas que elevan gobernadores e industria es que una subida en impuestos puede darles impulso al contrabando y la comercialización ilegal. El argumento tampoco es nuevo y, parafraseando discusiones en el Congreso de la pasada reforma tributaria (la de 2022, que sí logró aprobación del Legislativo), un problema de fiscalización y vigilancia de las importaciones es bien distinto de un asunto fiscal.
Los impuestos regionales, en la mira
Parte de lo que está sucediendo con la pelea contra la emergencia económica vuelve a resaltar la necesidad de revisar el panorama tributario regional.
Si bien el Gobierno había prometido una reforma tributaria territorial, la iniciativa simplemente se quedó sin mayor espacio de discusión cuando la administración Petro, a duras penas, puede pasar presupuestos y cuenta con dos leyes de financiamiento enterradas en el Congreso.
Pero la fata de maniobrabilidad política no le resta peso a la necesidad de repensar los tributos desde la óptica de las regiones. Aquí vale resaltar que los marcos de recaudo y gasto de alguno de estos tributos están desactualizados, por ejemplo, y otros no están en línea con el objetivo de descentralización del país por el que propende la Constitución.
En promedio, 43 % de los recursos de un municipio provienen de transferencias de la Nación y esto genera una dependencia excesiva del nivel central del país, lo que genera pocos incentivos para encontrar dineros propios, por un lado. Pero también le impone cargas y dificultades al gasto de estos montos, que pueden ser de libre gasto (aunque con límites) o, en muchas ocasiones, con destinaciones específicas.
De forma general, el modelo de tributación territorial “ha generado rigidez en los presupuestos territoriales, ineficiencias en el gasto público, le resta discrecionalidad en las decisiones de mandatarios locales, genera asimetrías entre entes territoriales, promueve la competencia tributaria entre las regiones y la nación, y de regiones entre sí, y otros problemas ampliamente documentados”, concluyeron en su momento analistas del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana.
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