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Este 16 de enero se cumplió un año desde que una crisis humanitaria sin precedentes estalló en Catatumbo, dejando, por lo menos, 150.000 personas afectadas en ese periodo de tiempo, según el Registro Único de Víctimas (RUV). La Defensoría del Pueblo documentó la problemática que enfrenta la zona desde enero de 2025 y que todavía no cesa. De acuerdo con su informe “Catatumbo: Persistencia de la guerra y anhelos de paz”, aunque el Estado, a través de la fuerza pública, ha intentado recuperar el control, se ha chocado de frente con dinámicas de conflicto que nacieron durante este tiempo en esa región. Ataques con drones, población civil instrumentalizada y constantes ataques de los grupos armados que se disputan el control de las economías ilegales son algunos de los problemas que han frenado el avance.
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El documento presentado por la entidad en Tibú (Norte de Santander) en la mañana de este viernes recopiló, entre otras cosas, testimonios de habitantes de la región, quienes reconocieron que aunque el Estado manifestó la intención de recuperar el territorio e incluso declaró estado de emergencia por la crisis humanitaria, la única acción que fue visible para ellos fue la militarización. Sin embargo, la Defensoría también hizo énfasis en las nuevas dinámicas en el conflicto con el que los grupos armados han atacado a la fuerza pública y, de paso, a la población civil.
La amenaza de los drones
Dentro de la información recopilada por la entidad relacionada con la crisis humanitaria en el Catatumbo durante el último año, resaltaron que el uso de drones para atacar a la fuerza pública fue constante y, en muchos casos, letal. Aunque el Catatumbo no fue el primer lugar en el que grupos armados utilizaron estas aeronaves, sí fue el lugar donde más creció su uso. “De acuerdo con el Comando General de las Fuerzas Militares, desde abril de 2024 al 21 de diciembre de 2025, se han presentado 394 ataques con drones, 275 en 2025, que han ocasionado la muerte de 2 menores de 18 años y 24 integrantes de la Fuerza Pública, así como 43 civiles heridos y 265 miembros de la Fuerza Pública”, expuso la Defensoría del Pueblo en su más reciente informe.
Según datos de entidades departamentales de Norte de Santander, nueve personas han muerto en el último año por este tipo de ataques. “Cuatro integrantes de la fuerza pública y cinco civiles, entre ellos, el niño de 12 años de edad que perdió su vida en la vereda 20 de Julio el pasado 15 de mayo”, de acuerdo con lo recopilado por la Defensoría en el informe. Dichos ataques, incluso, llevaron a que el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, advirtiera en la misma semana de ese ataque, que “los drones llegaron para quedarse y aquí tenemos que desarrollar una capacidad muy fuerte de anti-drones, pero también de emplearlos en medidas de ataque”.
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De hecho, dentro de los intentos que está haciendo la fuerza pública para defenderse de la amenaza de los drones, está que el año pasado, en la Feria Aeronáutica realizada en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), se presentó el dron de Reconocimiento y Ataque Guiado para Operaciones Militares (DRAGOM). Esta aeronave, según se explicó en su momento, es “un dron de fabricación 100% colombiana que, además de poder transportar elementos de logística y militar a las tropas, posee un software de lanzamiento integrado en pantalla, navegación satelital, despegue y aterrizaje autónomo”, entre otras características.
El dron que presentó la fuerza pública, según dijeron, “permite obtener información táctica en tiempo real con gran precisión”. Además, manifestaron que ese dron podría lanzar ataques de alta precisión en contra de los grupos armados. Aun así, la Defensoría recopiló información que da cuenta de cómo los grupos armados han instrumentalizado a civiles para que, dentro de otras cosas, los enseñen a manejar los drones con los que posteriormente los atacarán.
“El Ejército tuvo conocimiento del intento de secuestro de un ingeniero de sistemas en Cúcuta por parte de uno de los grupos armados ilegales para que fuera a los campamentos en Catatumbo a instruir a los guerrilleros en el manejo de este tipo de aeronaves no tripuladas”, señala el informe de la entidad. Asimismo, el documento resalta que “entre la información obtenida por las fuentes militares, se da cuenta de que los propios guerrilleros que ya tienen experiencia en el manejo de los drones cargados con explosivos estarían siendo movidos desde otras regiones”. Estos expertos de los grupos criminales, dice la Defensoría, “se estarían desplazando, en este caso, de Cauca a Catatumbo, solo para enseñar a volar los drones”.
Violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)
“El Eln y las disidencias de las extintas Farc-Ep cometieron infracciones a las normas del DIH, en particular, la prohibición de atentar contra la vida e integridad corporal, la toma de rehenes y atentados contra la dignidad personal de aquellas personas que no participen directamente en las hostilidades”, asegura el informe de la Defensoría del Pueblo. Aunque la entidad sostiene que los enfrentamientos entre los dos grupos armados durante el último año hacen parte de la dinámica del conflicto armado interno, algunos de los ataques “tuvieron como blanco a la población civil y configuraron un ataque sistemático y generalizado”.
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De acuerdo con la recopilación de información, desde el 16 de enero de 2025, “se han cometido distintos hechos que han afectado a la población civil, en los cuales han participado miembros de los grupos armados contra decenas de miles de víctimas y con consecuencias devastadoras”. Para la entidad, han sido ataques masivos, planeados y empleados a través de distintos medios, que, además, “han contado con una importante organización para su despliegue como parte de una política de reconfiguración del control territorial por parte del Eln”. Aunque el grupo armado sostiene que sus ataques son respuestas a los ataques de la fuerza pública o de otros grupos criminales, como el Frente 33 de las disidencias, la Defensoría se mantiene en que hay pruebas que dan cuenta de que no fue así, sino ataques indiscriminados contra población civil.
“Dentro de los hechos que hacen parte de este ataque sistemático y generalizado se encuentran actos de tomas de rehenes (secuestros), homicidios selectivos de integrantes de la población y como consecuencia de ataques con drones, confinamientos y desplazamientos forzados”, reza en el documento de la entidad. Asimismo, se resalta que “entre sus víctimas se encuentran firmantes de paz, líderes sociales, miembros de los pueblos Yukpa, Barí y Wayúu, mujeres (algunas gestantes o lactantes), adultos mayores y niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de estas retenciones, confinamientos, homicidios y demás acciones violentas del Eln”.
Los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Eln han ocurrido en distintos municipios del Catatumbo, principalmente, dice la Defensoría, en Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú. La magnitud del daño que le hacen a la población los combates se puede revisar en cifras. Por ejemplo, se lee en el informe, que “durante la primera semana de la crisis, 28 848 personas se encontraban confinadas en Tibú y, sumado a los miles de desplazados, esto constituía más de la mitad de la población del municipio, de acuerdo con las cifras de la Alcaldía”. Por otra parte, en el documento se resalta que hay ataques que no tienen relación con el supuesto fin militar de los grupos armados.
“Se evidencian delitos contra la libertad e integridad sexual, trata de personas, amenazas a liderazgos sociales y funcionarios públicos. Dentro de las cifras que registra la Unidad de Víctimas, 245 personas fueron incluidas por delitos contra la libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado. Como parte de esos hechos, se han denunciado casos de trata de personas y explotación sexual”, expuso la entidad.
El abandono estatal que no se supera
Los habitantes del Catatumbo sostienen que la presencia del Estado, hasta ahora, se ha limitado casi exclusivamente a la presencia militar. Aun así, eso no es suficiente para solucionar los problemas estructurales que se han resaltado más durante la crisis humanitaria. Los cambios que exigen las personas en la zona “involucran una presencia institucional que no se encuentre únicamente dada por la presencia de fuerza pública”. Por ejemplo, se lee en el informe, persiste “la ausencia de funcionarios de policía judicial, de medicina legal y un sistema de justicia capaz de responder a los conflictos de la ciudadanía y reforzar la confianza en el Estado”.
El abandono ha sido tan grande que “los líderes sociales y comunidades del Catatumbo han asumido una pluralidad de funciones que le corresponden al Estado. Esto ha promovido en las comunidades una alta autonomía en la definición de prioridades y proyectos, y una gran capacidad de ejecución de procesos locales que respondan a esas necesidades”. Esa dinámica hace que pidan que la presencia estatal (si en algún punto aumenta significativamente) “permita la participación y la autonomía de la población en la definición de medidas para mejorar la garantía de sus derechos y sobre la destinación y administración de los recursos destinados a los proyectos de desarrollo social”.
El “portafolio de negocios” de los grupos armados
Esa ausencia del Estado ha llevado, según el informe, a que los grupos criminales tengan un “portafolio de negocios”. Según información recopilada por la Policía y el Ejército, ese abanico de economías ilegales “no solo incluye las extorsiones a los negocios y comerciantes”. Dentro de sus negocios al margen de la ley también está “el paso de migrantes por los cruces fronterizos, la trata de personas y el contrabando de gasolina, ganado, entre otros productos”.
La crisis humanitaria del Catatumbo permitió que la zona se convirtiera en una “mina de oro”, según la entidad. La información de fuentes de fuerza pública incluida en el informe sostiene que, por ejemplo, “cobran extorsiones a los negocios que están en las zonas donde ellos tienen su dominio y todos los comerciantes, desde pequeños hasta grandes, tienen que pagar”. Asimismo, tienen identificadas trochas en las que los grupos ilegales “cobran a la gente entre COP 20.000 y COP 30.000 por paso. Además de lo que cobran por lo que llevan, a veces mercancías en carro que cobran los mismos trocheros, gente que trabaja para estos grupos.”
Por ahora, la fuerza pública se mantiene en que le quitará el control del territorio a los grupos armados. Por eso, el comandante del Ejército, el general Hugo López, aseguró que la operación para ocupar el territorio por parte del Estado «arrancó con 6.000 hombres, hoy tenemos 6.500. La orden que se ha dado es hacer una gran operación de control militar, centrarnos en los puntos nodales en que se transportan los bandidos”. Asimismo, pidió colaboración de los civiles para que denuncien y den información sobre los líderes de los grupos armados. Por ahora, falta ver cuánto tiempo más tomará sacar al Eln y a las disidencias, así como falta ver en cuánto tiempo habrá una presencia íntegra del Estado en el Catatumbo.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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