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Rousseff, quien en los años 70 fue torturada en los calabozos de la policía política por su militancia en grupos de izquierda, señaló que no tiene ánimos revanchistas contra los militares, sino que se trata de construir verdad y memoria “para un país más justo, más igual y principalmente más democrático”.
Pero los alcances de la nueva Comisión están limitados, pues la mandataria se abstuvo de abrogar una amnistía vigente desde 1979 y ratificada el año pasado por el Supremo Tribunal Federal, que impide investigar a los torturadores y a quienes se alzaron en armas contra el último régimen militar entre 1964 y 1985, época en la que desaparecieron cerca de 200 personas por motivos políticos y miles de activistas fueron arrestados y torturados.
La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navy Pillay, señaló que para cumplir los objetivos de la nueva Comisión debe promulgarse una legislación que declare inaplicable la amnistía del 79, “por conducir a la impunidad en contravención de la Ley Internacional de Derechos Humanos”.
Sin embargo, Pillay aplaudió el compromiso de Brasil con el respeto de los derechos humanos y afirmó que la creación de la Comisión constituye «un primer paso esencial y bienvenido para curar las heridas del pasado”. También dijo que al proceso deben añadirse especificaciones “para facilitar el procesamiento de presuntos responsables de las violaciones de los derechos humanos” durante la dictadura.
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