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La desmovilización de las autodefensas en los departamentos de Sucre y Córdoba, entre 2005 y 2006, generó un ambiente raro para las pasadas elecciones locales en 2007. Mientras algunos se mostraban esperanzados al considerar que esta situación ayudaba a la democracia, las prácticas clientelistas, los nexos de políticos con ‘paras ‘ y la violencia sembraban el miedo entre algunos aspirantes.
La condición especial de estos dos departamentos fue motivo de interés para la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que en un cable, con fecha del 25 de septiembre de 2007, a escasas semanas de los comicios, envió un reporte a su central en Washington en el que planteó el panorama electoral.
Los antecedentes de una convulsionada administración departamental que terminaba su mandato, por los comprobados nexos de los políticos con las autodefensas, obligaban a que el país redoblara esfuerzos para asegurar las elecciones de 2007. A esto se sumaba la preocupación de la influencia que tenían los políticos presos con algunos candidatos.
De acuerdo con la Embajada, se señalaba que tras la desmovilización había un ambiente electoral sano, si se tenía en cuenta que antes sólo se podía presentar el candidato de los paramilitares. Como prueba del cambio mencionaron el caso del Polo Democrático, que estaba haciendo abierta oposición.
Sin embargo, otros candidatos expresaban públicamente su miedo por la presencia de las Farc y los nuevos grupos criminales (hoy conocidos como bacrim). El candidato Adil José Meléndez, quien aspiraba a la Alcaldía de San Onofre por el Polo, fue uno de ellos. Casi como prediciendo lo que hoy se vive en Córdoba, Meléndez explicó que los grupos criminales estaban interesados en la elección local, porque así podían controlar dos departamentos que eran una gran ruta usada para el narcotráfico.
Por su parte, Álvaro Emiro Petro, para la época candidato a la Gobernación de Córdoba por el Polo, dijo que algunas personas de su campaña y candidatos al Concejo de Sincelejo recibieron amenazas de un grupo llamado las ‘Águilas Negras’. Jackeline Moguea, líder de un grupo de víctimas y candidata al Concejo de San Onofre, dijo que algunos lugareños se sentían intimidados por los anteriores paramilitares que estaban trabajando en campañas, debido a su historial de violencia ampliamente conocido.
A este panorama de seguridad se sumó que en Sucre y Córdoba seguía la cultura de la compra de votos. “Hay serias dudas sobre la financiación de algunas campañas. Las autoridades están investigando algunas denuncias de fraude y corrupción”, decía el cable diplomático.
Según el testimonio que le dio a la Embajada de EE.UU. el obispo y líder comunal Nel Beltrán, la facilidad de los corruptos radicaba en que la pobreza de la región hacía que fuera una práctica habitual que los electores buscaran dádivas de los políticos.
Por ejemplo, personas de la campaña del candidato Juan Carlos Lengua indicaron a la Embajada que en la sede tenían dinero para entregar a los campesinos y un médico que prestaba servicio gratuito. Eso sí, aclararon que el recibir estas ayudas no obligaba a la gente a votar por ellos. Un trabajador de la campaña dijo que todos los partidos distribuyen estos beneficios, como demostración de que les importa el pueblo. Aseguró que cualquier candidato que no lo hiciera quedaría de último.
Aunque en campaña algunos partidos trataban de tomar distancia de los funcionarios que habían sido arrestados por nexos con los paramilitares, otros reconocían abiertamente su afinidad. Algunos recibieron ayuda política y financiera de exfuncionarios detenidos.
Por ejemplo, el candidato de la U Jorge Carlos Barraza reconoció haberse reunido con políticos detenidos y lo justificó diciendo que ese era su deber cristiano. En el caso de la actual gobernadora Córdoba, Marta Sáenz, publicó un aviso de página completa en el periódico local dejando clara su alianza con los políticos encarcelados. “Ella nos dijo que creían que eran inocentes y que no tenía nada de malo recibir apoyo de ellos, pues no se les ha declarado culpables”, dijo la mandataria en su momento.
Este panorama, que se vivía hace cuatro años, parece que en Córdoba y Sucre no ha cambiado. El miedo persiste para las elecciones que se avecinan, pues las bacrim tienen más fuerza cada día y la situación de inseguridad que hoy padece Córdoba es reflejo de la materialización de estas advertencias.