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Mientras el presidente Gustavo Petro viene acelerando su estrategia para la reelección de su proyecto, que incluye llamados a la movilización y ahora a la defensa de una eventual consulta popular, en varias carteras se han venido adelantando millonarias contrataciones con los grupos indígenas y comunales que refuerzan su sintonía con el Ejecutivo. En su mayoría confirmaron su presencia en la marcha de este martes, #18M, y en apoyar el camino del progresismo hacia su reelección en 2026.
El relacionamiento entre Ejecutivo y estos sectores es contundente, pues nada más en el último año, ministerios como Interior, Salud, Transporte, Minas, Ambiente, Deporte y Culturas han adelantado proceso por más de $180.000 millones con organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC).
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Además, varias organizaciones de acción comunal han estado vinculadas en millonarios procesos y todo parece indicar que podría aumentar su participación en la última etapa del Gobierno, en la que Petro espera poner a toda marcha la ejecución presupuestal de sus ministerios para cumplir con sus promesas de campaña, a la vez que le da participación a sus bases populares.
Un ejemplo de esto es el programa “Caminos Comunitarios para La Paz Total”, que maneja el Instituto Nacional de Vías y cuyo objetivo es la pavimentación y mejora de carreteras. Las organizaciones comunales han tenido una participación por más de 600.000 millones y, de hecho, la Procuraduría abrió hace unos meses procesos contra algunos funcionarios de la entidad por supuestas irregularidades.
Los sindicatos no se quedan atrás y, como las anteriores organizaciones, también han tomado la palabra para defender el proyecto progresista e incluso para lanzar dardos contra los legisladores que le pusieron un freno a la reforma laboral, el proyecto por el que inició la batalla de fuerzas entre oficialismo y oposición, que se verá en las calles por los siguientes meses.
Nada más la Unión Sindical Obrera (USO), que apoyó la campaña Petro con $600 millones y hará presencia en la movilización, instaló recientemente una valla en Barrancabermeja (Santander) en la que se ven los ocho senadores de la Comisión Séptima que firmaron la ponencia de archivo de la reforma, la cual se espera someter a votación este mismo martes para determinar si la iniciativa se hunde finalmente.
Justamente, este sindicato celebró la llegada al Ministerio de Minas de Edwin Palma, quien comandó al grupo y fue destacado por el presidente Petro por su lucha sindicalista.
En este mismo municipio estuvo este fin de semana el congresista del Pacto Histórico David Racero acordando con los militantes de la coalición el punto de partida de la marcha y haciendo pedagogía sobre la consulta popular. También se conoció que en varias aulas del Sena se mostraron las caras de los senadores, los partidos a los que pertenecen y se socializaron los hashtags a usarse en las redes sociales para el #18M.
Racero no fue el único legislador en “correrías”, también se vio a María José Pizarro en Medellín, ciudad a la que llamó la “cuna del uribismo”; a Gloria Flórez en Barranquilla, a Alfredo Mondragón en Cali, donde también se vio con estudiantes del Sena para comentar la reforma laboral. Martha Peralta viajó al Cauca, departamento desde el que salió la Minga Indígena que organizó para la defensa de la consulta el CRIC, que en este mandato ha suscrito contratos por más de $185.000 millones con varias entidades.
Además, en el último año la ONIC ha ganado firmado procesos con el Gobierno por más de $52.000 millones y la OPIAC por casi $31.000 millones. Desde la oposición han elevado dudas e incluso han señalado que su participación en la movilización social podría estar condicionada.
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La agrupación que también llamó a la movilización fue Fecode, que venía teniendo diferencias con el Gobierno desde la misma reforma a la educación, que terminó hundiéndose en la Comisión Primera del Senado el año pasado, incluso por la misma determinación del oficialismo que no quería aumentar los choques con el sindicato de maestros.
Y aunque ha habido molestias por las fallas que ha tenido el nuevo sistema de salud de los docentes, los ánimos con Fecode se suavizaron la semana pasada luego de que el Ministerio de Educación publicara el decreto 0277 que “mejora las condiciones laborales y pedagógicas para el magisterio colombiano”.
Entre las medidas que se adoptaron está la de reducir la jornada presencial de los maestros de ocho a seis horas.
Petro también ha buscado ganarse el respaldo de las comunidades campesinas, a las que les viene haciendo un llamado para sumarse a las manifestaciones y prometiendo que la reforma agraria se acelerará. Aunque el mandatario recientemente publicó un trino asegurando que 180.000 campesinos de la “Confederación Agraria Pacto Campesino” participarían en la marcha, en una búsqueda que realizó este diario sobre la agrupación no se encontraron registros.
Y si bien RTVC entrevistó a dos de sus líderes, Vianey Medina y Miguel Hernández, solo se encontró que la mujer tendría un contrato con la Agencia de Desarrollo Rural y que el hombre sería un militante del Pacto. No se encontraron registros de la existencia del grupo previo a las marchas.
En todo caso, el presidente tiene el objetivo de mostrarles a las comunidades campesinas que está comprometido con la reforma agraria. Para ello, en el último consejo de ministros televisado prometió $330.000 millones para la erradicación de cultivos de uso ilícito en el Catatumbo, que está bajo la amenaza de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias. En la región se les pagará hasta $1.2 millones a las personas que entreguen las matas de coca sembradas.
A propósito, aunque para este lunes se tenía estipulada la realización de un nuevo consejo en la Casa de Nariño, a última hora fue cancelado. En este, el presidente se iba a referir sobre el decreto de día cívico que se expidió para las marchas de este martes y que tanto revuelo ha causado con alcaldes y gobernadores que no quieren acoger la medida e incluso han anunciado sanciones contra los maestros que no asistan a las clases por manifestarse.
El apoyo de estos sectores sociales con el Ejecutivo es contundente, pues además de movilizarse han venido haciendo eco de los señalamientos de Petro contra el Legislativo y los que se opongan a sus planes. Podrán tomar aún más protagonismo en los siguientes meses cuando la derecha también caliente el escenario electoral.
Varias cosas busca el presidente Gustavo Petro con su regreso a las calles y a la plaza pública en la marcha #18M. Cuando el presidente haga sumas de cuántas personas asistieron a las movilizaciones de las 30 ciudades podrá irse dando a la idea de qué tan viable es la reelección de su proyecto en 2026.
Por lo pronto, sabe que cuenta con las comunidades indígenas, campesinas y sindicales. Pero aún le queda un amplio sector de colombianos por contar para determinar qué tantos están dispuestos a darle al progresismo un voto más.
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