Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El 16 de septiembre de 2007, un convoy de contratistas de la compañía privada de mercenarios Blackwater abrió fuego en una plaza abarrotada de Bagdad, Irak. Durante casi veinte minutos, los hombres armados, que no vestían uniforme militar, dispararon en pleno espacio urbano. Al menos 17 civiles iraquíes murieron, entre ellos una pareja y su hijo. Todos inocentes. La investigación posterior encontró que los contratistas creyeron estar ante una amenaza de coche bomba, pero no había pruebas de fuego enemigo.
Dicho episodio, conocido como la masacre de Nisour Square, no solo desató la furia del gobierno iraquí, sino que expuso un problema más profundo: el Departamento de Estado de EE. UU., que había contratado a Blackwater para ayudar a sus operaciones en la ocupación de Irak, estaba delegando funciones de guerra a empresas privadas sin control claro, sin rendición de cuentas y con dudosos incentivos comerciales.
Para analistas del centro de pensamiento Brookings, el caso no fue un accidente, sino que expuso una tendencia estadounidense a la privatización de la seguridad en contextos de guerra y ocupación, producto del crecimiento explosivo del número de contratistas y la ambigüedad legal con la que estos operaban.
“Cuando se evalúan los hechos, el uso de contratistas militares privados parece haber perjudicado, más que ayudado, los esfuerzos de contrainsurgencia de la misión estadounidense en Irak, al ir en contra de la mejor doctrina militar y socavar esfuerzos críticos de las tropas. Peor aún, el gobierno ya no es capaz de cumplir una de sus misiones más básicas: librar y ganar las guerras del país. En su lugar, la externalización masiva de operaciones militares ha creado una dependencia de empresas privadas como Blackwater, dando lugar a vulnerabilidades peligrosas”, señaló en su momento el politólogo Peter W. Singer, en Brookings.
Además de Blackwater, cuya misión en Irak era proteger instalaciones sensibles y a personal norteamericano, Washington se apoyó en otras empresas estadounidenses de servicios militares y de seguridad privada para la externalización estructural de funciones estatales. DynCorp, envuelta en escándalos de abuso, protegía al personal diplomático y embajadas, junto con Triple Canopy. Por otro lado, KBR, filial del gigante de servicios petroleros Halliburton, se encargó de la logística militar y el mantenimiento de bases, también con contratos monumentales con el Pentágono.
El resultado de estos contratos estuvo lejos de ayudar a estabilizar Irak, como señaló Singer. No solo creó una dependencia que paralizó la acción diplomática cuando esos contratistas fueron suspendidos, sino que tuvo efectos como alimentar a las insurgencias.
“Ellos (los mercenarios) son parte de la razón de todo el odio dirigido a los estadounidenses, porque la gente no los conoce como Blackwater: los conoce solo como estadounidenses. Están sembrando odio, debido a estos actos irresponsables”, señaló el experto.
Casi dos décadas después, esta experiencia vuelve a cobrar relevancia. Según reveló CNN esta semana, los planes que discute el gobierno de Donald Trump para una eventual transición en Venezuela contemplan recurrir a contratistas privados para proteger infraestructura petrolera y personal extranjero. La propuesta reabre por completo el caso iraquí, y también pone los ojos sobre Erik Prince, fundador de Blackwater, quien haría parte del plan discutido por la Casa Blanca.
Prince es un empresario polémico. Luego de vender Blackwater, creó otras empresas con la misma idea. Vectus Global, por ejemplo, firmó en 2025 un millonario contrato para encargarse de las operaciones de seguridad en Haití. Contellings Holdings, otra de sus firmas, le propuso al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) un modelo tipo “cazarrecompensas” para “ayudarle” en las redadas migratorias en EE. UU., y ha asesorado a El Salvador en su modelo de seguridad. Ha sido uno de los empresarios que más han sacado provecho con el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Los escándalos no lo han afectado. En 2019, informes confidenciales de la ONU acusaron al empresario de liderar un operativo conocido como ‘Proyecto Opus’ para violentar el embargo de armas sobre Libia y armar a milicias aliadas al mariscal Khalifa Haftar, envío de mercenarios, helicópteros de ataque, drones y armamento para apoyar la ofensiva contra el gobierno reconocido por Naciones Unidas. Aunque funcionarios jordanos bloquearon la transferencia de equipo por falta de autorizaciones oficiales, el informe concluyó que la estructura de la operación, y la participación de empresas vinculadas a Prince, violaba compromisos internacionales y creó riesgos legales y de sanciones.
Prince negó cualquier vínculo con operaciones militares en Libia, sosteniendo que nunca proporcionó armas, personal ni equipamiento en ese país. Pese a las acusaciones, se está preparando para hacer negocios en el país a través del sector petrolero, según el sitio de investigación francés Africa Intelligence. También ha entrado a Perú y Ecuador, según Henry Shuldiner, analista de Insight Crime. Y ahora, según CNN, también alista su regreso a Venezuela, luego de participar en conspiraciones para derrocar a Nicolás Maduro.
Para Bryan Stern, fundador de la compañía de seguridad Grey Bull Rescue y exmilitar que encabezó la operación clandestina para sacar a María Corina Machado de Venezuela, el eventual despliegue de contratistas privados como los de las empresas de Prince o la suya responde a una lógica económica, motivada por la inversión extranjera.
“Cuando regresa la inversión, lo hace acompañada de tipos de los Navy SEAL, de los Boinas Verdes y de ‘ninjas’ encargados de mantenerlos vivos y a salvo”, le dijo a CNN, recordando que su empresa ya ha operado en la región “durante meses”, aunque reconociendo que la conversación es “prematura”.
Desde una lógica estrictamente estratégica, Venezuela reúne casi todos los factores que suelen invocarse para justificar el despliegue de seguridad privada armada. El país concentra recursos energéticos y minerales de alto valor, como el petróleo en el occidente y oriente, la Franja Petrolífera del Orinoco, refinerías costeras, el Arco Minero del Orinoco y la represa de Guri. Todos están dispersos en territorios extensos, poco controlados y atravesados por economías ilegales, así como por grupos criminales.
A esto se suma una geografía compleja, con selvas y sabanas al sur que dificultan la presencia estatal, con oleoductos vulnerables que conectan los pozos con los puertos, y una frontera porosa con Colombia por donde operan guerrillas, contrabandistas y otras redes criminales. En un escenario de transición política y debilitamiento institucional, proteger toda esta infraestructura crítica es una prioridad inmediata para cualquier intento de reactivar la inversión extranjera.
El problema es que ese argumento, probado antes en otros conflictos como Irak, y con escándalos como los de Libia, por mencionar algunos, arrastra los mismos riesgos profundos que condujeron al fracaso en operaciones anteriores. Introducir contratistas armados en un entorno ya saturado de actores irregulares aumenta el riesgo de escaladas violentas, y tampoco hace mucho por la estabilización.
“Muchos roles ahora subcontratados, incluyendo la escolta armada de funcionarios, activos y convoyes del gobierno estadounidense en una zona de guerra, no solo son funciones inherentemente gubernamentales, sino que la subcontratación ha creado tanto enormes vulnerabilidades como consecuencias negativas para la misión en general”, señaló Singer.
Además de la poca estabilidad que ofrecen, están los riesgos de que operen sin reglas claras y se abre la puerta a la impunidad. Aunque el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos criminales en 2008 contra cinco empleados de Blackwater por homicidio y violaciones de armas en el caso Nisour, y en 2014 cuatro de esos contratistas fueron condenados, estos fueron indultados por Trump en 2020.
Con amenazas concretas a los activos petroleros venezolanos, y la insuficiencia del Estado venezolano para protegerlos, expertos advierten que la ruta es recentralizar la seguridad en el Estado, con fuerzas públicas reformadas, profesionalizadas y sometidas a control civil y judicial, incluso si reciben apoyo técnico externo. Pero tanto a nivel interno como externo, la privatización de la seguridad ha demostrado no ser la salida.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com
Conoce más