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En El Salvador liberaron a una mujer que estuvo en la cárcel 9 años por abortar

La justicia salvadoreña puso en libertad condicional a una joven que estuvo en la cárcel nueve años por haber sufrido un aborto. En el país las mujeres que sufren de abortos espontáneos o que interrumpen sus embarazos son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 50 años.

18 de enero de 2022 – 10:08 p. m.
el salvador
Desde 1998, el código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta ocho años. Sin embargo, los fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como “homicidio agravado”, los cuales son procesados con hasta con 50 años de prisión.
Foto: Agencia AFP

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Grupos feministas celebraron este martes la liberación de Kenia, una joven que estuvo en la cárcel nueve años por haber sufrido un aborto. Además, prometieron seguir luchando por sacar a otras mujeres cuyos embarazos han sido interrumpidos.

De acuerdo con declaraciones hechas a la AFP por Morena Herrera, directora de la Agrupación Ciudadana Para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, ACDATEE: “Vamos a seguir luchando e insistiendo para que recuperen su libertad las mujeres que siguen encarceladas”.

Adicionalmente, explicó que: “Cada vez que liberan a una mujer encarcelada nos llena de alegría porque es absolutamente injusto que por una emergencia obstétrica fueran criminalizadas”.

Por su lado, Kenia salió de la cárcel luego de recibir un beneficio penitenciario solicitado por esta asociación. Ella es la cuarta mujer excarcelada desde el mes de diciembre, tras la puesta en libertad de Karen, Kathy y Evelyn. Estas cuatro mujeres cumplían penas de prisión tras ser acusadas de homicidio agravado, por haber sufrido distintas emergencias obstétricas que derivaron en abortos espontáneos.

Según esta Agrupación Ciudadana, cuando Kenia tenía 17 años quedó embarazada después de ser “agredida sexualmente”. Un año después “sufrió una emergencia obstétrica” en un granero, a un costado de la casa en la que vivía.

Mediante un comunicado esta asociación explicó lo que le sucedió a Kenia. Cuando el padre de esta joven la encontró desangrada “llamó al número de emergencia para pedir ayuda. En lugar de ayudar a Kenia durante su emergencia médica, la policía salvadoreña la arrestó y la acusó de homicidio agravado”. Por este hecho, la joven fue condenada a 30 años de prisión.

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Una esperanza

Kenia además de afrontar la violencia sexual sufrió “la violencia del Estado” que le impuso una condena desproporcionada al haber sido “criminalizada injustamente”, manifestó la activista de Derechos Humanos, Sara García.

De acuerdo con García, la liberación de Kenia “es una esperanza en la lucha” por “los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres pobres de El Salvador” que son denunciadas cuando llegan a los hospitales públicos.

Desde 1998, el código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta ocho años. Sin embargo, los fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como “homicidio agravado”, los cuales son procesados con hasta con 50 años de prisión.

El coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, CDHES, Miguel Montenegro, se pronunció por una reforma constitucional “que vele por los derechos de las mujeres”, indicó.

Condena a Estado salvadoreño

Por encarcelar a las mujeres por abortos espontáneos, el Estado salvadoreño acumula procesos y condenas.

El 30 de noviembre después de un largo proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado salvadoreño por violar varios derechos de una mujer identificada como Manuela.

Esta mujer salvadoreña murió pagando una condena de 30 años por un parto extrahospitalario, el cual fue tipificado como un homicidio agravado.

Manuela no sabía leer ni escribir y sufría un cáncer linfático no diagnosticado. La enfermedad le provocó una emergencia obstétrica el 26 de febrero de 2008, cuando se encontraba en un baño, a unos metros de su casa. Allí expulsó el feto y se desmayó.

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Cuando fue llevada a un hospital el personal médico la acusó por aborto y en agosto de 2008 fue condenada a 30 años de prisión. El 30 de abril de 2010, cuando tenía 33 años, murió esposada a una cama en el área de reos del hospital nacional Rosales.

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Por otra parte, el 5 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, anunció que presentó a la Corte Interamericana el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía de lupus a la que se le impidió abortar en 2013 pese a que el feto no había desarrollado su cerebro y estaba condenado a morir.

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Tras la intervención de la Corte, el Estado de El Salvador autorizó que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana, el bebé murió horas después de nacer. Beatriz murió en un accidente vial en 2017 sin tener justicia.

Ahora el Estado salvadoreño se enfrenta a un nuevo proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo hace responsable por poner a Beatriz “ante una situación de riesgo grave a la vida” debido “a la prohibición absoluta de la interrupción de su embarazo”.

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