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La inequidad en el sistema tributario estadounidense actual, de la que mucho se venía hablando en medio de la desaceleración de la economía de EE.UU., se hizo más evidente cuando el multimillonario Warren Edward Buffett —originario de Omaha, Nebraska, y propietario de Berkshire Hathaway— reveló a finales del año pasado que su secretaria Debbie Bosanek paga impuestos en mayor proporción anualmente frente a lo que él lo hace. En Colombia las cosas no son tan diferentes, ya que las reformas a los impuestos durante los últimos 20 años han llevado a este círculo que le dio un vuelco al orden.
Cuando el multimillonario hizo este anuncio especificó que 217.000 ricos estadounidenses deberían pagar impuestos en una proporción superior a la que lo hace la clase media. Al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le caló la idea del magnate de Nebraska y propuso que los más adinerados de su país —que ganen por encima de US$1 millón anual— deberían aportar al fisco al menos el 30% de sus ingresos. Hoy contribuyen con menos del 20%.
Así las cosas, esta propuesta puede convertirse en una antesala de la próxima reforma tributaria estadounidense en medio de una contienda electoral en la que está dentro de la baraja a la reelección del presidente Obama, quien pone la recuperación de la economía como uno de los pilares más importantes para sacar el país adelante.
El mandatario propuso también que la Regla Buffett reemplace al Impuesto Mínimo Alternativo (AMT, por sus siglas en inglés). Sin embargo, hay quienes advierten que se generaría un hueco fiscal si se desmonta el AMT y se echa a andar la propuesta del magnate.
Aunque el presidente no busca ejercer presión en el Congreso para poner en marcha la alternativa, hay senadores demócratas que quieren ejecutarla como antesala de un rediseño radical al sistema tributario. Sin embargo, expertos tributaristas advierten que la Regla Buffett no es necesaria si la reforma al sistema de impuestos queda bien hecha para las próximas décadas.
Mientras que Estados Unidos sigue enfrascado en ese debate de cifras y de intereses, Colombia alista una reforma tributaria que tiene por objeto corregir al menos un 80% de los defectos de la actual estructura, donde no sólo los ricos pagan impuestos en menor proporción que la clase media, sino que también existe una gran evasión que no se convierte en un delito, como sí lo es en países con sistemas de tributación fuertes y con leyes menos “porosas”.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en días pasados dijo que la reforma tributaria que prepara el Gobierno busca convertir el sistema en algo más equilibrado, en el que “los ricos paguen más que los pobres. En la reforma no vamos a ir botando recursos, porque éstos han crecido como nunca antes. $86,6 billones fue el recaudo el año pasado, muy por encima de lo que habíamos planeado, simplemente por hacer unos ajustes, tapar huecos y perseguir a los corruptos”.
Si la reforma tributaria logra ser más equitativa, explicó Santos, se pueden invertir los resultados en la atención de la pobreza extrema existente en el país.
En palabras de Juan Ricardo Ortega López, jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el sistema tributario colombiano es desigual gracias a las reformas a los impuestos emprendidas entre 1990 y 2000 en las que se buscaba aumentar el recaudo para alimentar los gastos del Estado y suplir el alto déficit.
En primer lugar, dice Ortega, el impuesto de renta en el país puede considerarse regresivo. Esto significa que quien menos tiene ingresos termina pagando más que quien cuenta con remuneraciones más altas (por ejemplo, los más ricos del país pagan 1% de sus ingresos totales anuales en tributos).
Para ejemplificar, según el funcionario 650.000 ciudadanos declaran impuestos ante la DIAN y 5,4 millones de colombianos pagan tributos por otras vías como IVA. “Si de este monto se tienen 1’080.000 que declaran, esos otros, ¿cuánto y cómo pagan? Usted tiene que 3,4 millones de personas ganan menos de $30 millones al año; un porcentaje importante gana $20 millones anuales y están pagando más impuestos que las personas que tienen $1.500 millones de ingresos”.
En este momento, las personas que no declaran tributos ante el ente recaudador tienen que pagar una retención que oscila entre el 7 y el 11% de sus ingresos, situación contrastante con alguien que devenga $8 millones de salario al mes y termina aportando al fisco (en porcentaje) menos que aquel que cuenta con una remuneración equivalente a una octava parte.
Ortega aseveró que en este país la ley “se voltea más que en cualquiera de la región sin ningún tipo de sanción moral ni penal. En casi todos los países de Latinoamérica hay sanciones penales. Claramente hay un problema con el robo de impuestos de manera tolerada y aceptada por un alto nivel de la sociedad”. Si hubiera una contribución equilibrada, al año tendrían que pagar 15 millones de contribuyentes, entre ellos los ricos a quienes se les impondrían reajustes a los porcentajes sobre sus ingresos anuales.
Aunque el recaudo de impuestos en el país va $400.000 millones por encima de la meta establecida en este momento, está amenazado por la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que tuvieron el propósito inicial de fomentar la creación de empresa en Colombia. “Con la Ley 1429 se han creado en Bogotá 52.000 SAS en el último año. Las empresas que han jurado ser nuevas y estar creando empleo y activos, son 140.000 en el país. Que aparezca este último número manifestando que no va a pagar renta porque dicen estar haciendo algo supernovedoso es espeluznante”.
En medio de la proliferación de las SAS y de un marco normativo que ha permitido “mamarle gallo” a la ley, “se ha convertido en un juego de suerte y azar la evasión de impuestos”, según el jefe de la DIAN, quien señala que si los contribuyentes atendieran a todas sus obligaciones tributarias no se les cobraría tanto a quienes cumplen a tiempo pagando el 60% de sus utilidades. “Esto es una barrera de crecimiento”.
Horacio Ayala Vela, exdirector de la DIAN y consultor tributario, considera que el impuesto al patrimonio es uno de los más regresivos en el país, al igual que el tributo a la renta que se cobra en un 95% a través de sociedades en las que los accionistas grandes y pequeños pagan en igual proporción sus obligaciones (la carga es de un 33%). “La evasión viene no de que los contribuyentes sean vivos, sino de que la legislación está muy abierta a esas cosas. Son las propias leyes las que generan las injusticias”.
A las actividades minero-energéticas que están llegando al país y que durante 2011 jalonaron una inversión superior a US$12.000 millones, según Ayala, no hay que darles tantos beneficios en materia tributaria debido a que se han otorgado títulos petroleros o mineros de manera discrecional, hecho que ha permitido una fuga de recursos bastante cuantiosa.
Eduardo Sarmiento Palacio, director del Observatorio Económico de la Escuela de Ingenieros Julio Garavito, dijo que la debilidad del impuesto a la renta y al patrimonio ha generado numerosas exenciones que contrastan con $40 billones en impuestos que se dejan de pagar en el país por año. “Hay una estructura donde en muchos casos los grupos de menos ingresos destinan mayor proporción al pago de impuesto que los de ingresos altos”.
La minería en el país, de acuerdo con el académico, en este momento no está contribuyendo con el 20% de sus ingresos a los impuestos. “Los petroleros vía impuesto de renta y regalías contribuyen $10 billones. Eso da una contribución baja y las ganancias del capital son enormes”.
Según el director de la DIAN, no se le aumentarán los impuestos a ningún sector y cree en que “todos deben pagar lo justo, ni más ni menos”. Sin embargo, señala con frustración que las ventas de productos nacionales se hagan a paraísos fiscales.
Ligado a esto, tener menos recursos vía impuestos significa, según Sarmiento, que las regiones no pueden contar con los aportes suficientes para financiar la salud y la educación. “Lo que hay que hacer es tener impuestos más altos. Hay que tener tributos a la renta superiores a los que hay actualmente. Para agarrar a los de ingresos altos se necesita un tributo permanente al patrimonio”, concluye.