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Las paredes de Buenos Aires reflejan las posiciones dividas frente al proyecto de legalización del aborto, que propone la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación y que hoy tendrá su prueba de fuego en el Congreso, donde se resolverá si el proyecto se debate en el próximo periodo legislativo. “No hay mayor violencia que decidir quién nace y quién no”, se lee en un afiche. “Las ricas abortan, las pobres mueren. ¡Hipócritas!”, menciona otro grafiti.
Lo paradójico es que defensores y detractores coinciden en que el problema es grave y piden una legislación adecuada. Según datos del Ministerio de Salud, a pesar de ser una práctica ilegal, en Argentina se realizan unos 500.000 abortos anualmente, más de 60.000 mujeres son hospitalizadas cada año como consecuencia de interrupciones mal realizadas y el 25% de la mortalidad materna es atribuida a esta causa, una cifra muy superior al promedio regional, del 11%.
En Argentina, la práctica del aborto está penalizada con cárcel y sólo se permite en caso de que la vida de la madre esté en riesgo o el embarazo sea el resultado de la violación a una mujer con deficiencias mentales. “En América Latina no es posible realizar los abortos que serían legales, porque las autorizaciones se dilatan por médicos y jueces que anteponen sus creencias y que dejan pasar los plazos hasta que esa mujer, o esa niña, está ya condenada a tener el hijo”, explica una de las diputadas ponentes, Cecilia Merchán.
Por eso se consideró histórico que, por primera vez en la historia del país, un grupo de legisladores presentara dicho proyecto, que además autoriza el aborto sin límite de tiempo en caso de violación o riesgo para la salud o la vida de la madre. Sin embargo, a pocos días de comenzar a discutirse en el Congreso la propuesta y ante el reclamo de un grupo de diputados que denunció que no se habían reunido las firmas necesarias, el presidente de la comisión de Legislación Penal tuvo que suspender el debate. Ahora hay que esperar a que hoy, en sesión plenaria de tres comisiones, el quórum habilite el dictamen para que el proyecto sea estudiado por ambas cámaras.
Sin importar el futuro legal de la iniciativa, el debate está creciendo. “La clandestinidad del Estado obliga a la clandestinidad del aborto”, sostiene el diputado Omar De Marchi. Hoy, finalmente, se sabrá el futuro del histórico proyecto. “Sólo falta que la presidenta plantee que esto es un problema exclusivo del Congreso y conceda libertad de acción a sus diputados”, afirma Merchán. De esta forma, Argentina podrá convertirse en el primer país en América Latina en despenalizar el aborto.
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