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Prestar el servicio de recolección, barrido y limpieza en Bogotá no es una tarea fácil. Solo en un día se recogen más de 6.000 toneladas de residuos ordinarios, a las que se suman 1.000 toneladas adicionales que terminan indebidamente en las calles. Desde 2018, la Uaesp garantiza este servicio a través de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), donde cinco operadores cubren cinco zonas de la ciudad. Pero tras ocho años de vigencia, la concesión vence el próximo 11 de febrero. Pese a que la Uaesp intentó validar las ASE ante la CRA, el organismo rechazó la petición en junio y el recurso de reposición en agosto de 2025. El fracaso de este trámite le costó el cargo a la directora Consuelo Ordóñez.
Así, desde el próximo 12 de febrero, Bogotá cambiará las reglas de recolección de basura. Aunque, por defecto normativo, el camino será un esquema donde los usuarios eligen su operador, expertos piden una transición más organizada. Aquí el análisis completo.
Las implicaciones
Tras dos negativas de la CRA y la falta de tiempo para corregir la senda que llevaba la ciudad, la libre competencia ganó terreno. Aunque este modelo rige en casi todo el país, para Silvia Juliana Yepes, coordinadora académica del programa de servicios públicos de la U. Externado y experta comisionada, la ciudad no está preparada para el cambio, y puede haber consecuencias.
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“Un escenario es que los mismos operadores se queden con los mercados que ya tienen. No está claro quién va a ser el facturador o cómo se va a pagar la parte del aprovechamiento. Si el Distrito no hace una planeación que permita que esto fluya de manera pausada, vamos a ver un problema de saneamiento grave”, advirtió.
Como alternativa, Yepes sugiere un esquema transitorio que prorrogue contratos sin exclusividad. “El Distrito puede hacer regímenes de transición, mas no creo que los operadores actuales dejen sus roles”, agregó.
Sobre este punto, Proceraseo, entidad que agremia a los cinco prestadores, ha manifestado que sí seguirán prestando el servicio. Desde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, María Fernanda Jaramillo, profesional de la Dirección Técnica de Gestión de Aseo, anunció durante una audiencia pública en el Congreso, que efectuarán una especial vigilancia preventiva ante el nuevo modelo. Aunque contactamos a la entidad para conocer más detalles de cómo se hará esta verificación, no hubo respuesta al término de esta publicación.
Un segundo camino
Armando Ojeda, director de la Uaesp, señaló a El Espectador que efectivamente el Distrito evalúa prórrogas contractuales, pero están a la espera de un nuevo marco tarifario de la CRA y el acto administrativo de carácter transitorio que expida también la Comisión por orden de la Corte. “No obstante, hoy nos estamos moviendo sobre la vía cierta que nos permite la ley: la libre competencia”, aseveró Ojeda.
Contrario a lo esperado, Alejandro Carranza, gerente de Proceraseo, rechazó extender los contratos actuales. Según el vocero de los cinco operadores, las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) afectan la eficiencia y calidad, pues la empresa ya tiene un mercado ganado. “No puedo ser incongruente ayudando a que se prorroguen los contratos para que también la cosificación del reciclador continúe. Al contrario, ellos no deben depender de los operadores, y la oportunidad de acabar con eso es con la libre competencia”, sentenció.
Los recicladores
En toda esta ecuación precisamente hay un actor primordial: las más de 372 organizaciones de recicladores en Bogotá que, gracias a su labor, han aportado a la extensión de la vida útil del relleno Doña Juana en 37 años adicionales.
No en vano, con el cambio de esquema de prestación de servicio de aseo, interpusieron una tutela para proteger sus derechos adquiridos, argumentando que la terminación de las ASE pondría en riesgo el acceso cierto al material reciclable, el pago estable por su labor, la coordinación operativa con los prestadores del servicio y, en general, su derecho al trabajo y al mínimo vital. Esto se debe a que la libre competencia “carece de salvaguardias obligatorias y deja la inclusión de los recicladores a la mera voluntad de los operadores privados”.
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Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el alto tribunal reconoció ese riesgo y decidió ordenar a la CRA que, a más tardar el 25 de enero, cree un acto administrativo de carácter transitorio que asegure la continuidad del acceso al material aprovechable, la remuneración de los recicladores y clarificar los procedimientos para la continuidad del servicio.
Aunque consultamos a la CRA para conocer detalles de cómo están salvaguardando esas acciones afirmativas, y si en el acto administrativo autorizan la prórroga de los contratos, al término de esta publicación no hubo respuesta.
Desde la Uaesp, su director señaló que trabajan en la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para plasmar garantías específicas, como la coordinación de rutas, la creación de comités de conciliación y el aseguramiento de recursos tarifarios producto de su actividad, independientemente del modelo que se adopte.
Tarifas y usuarios
Otro de los impactos de la libre competencia es una posible alza desmesurada en el cobro del servicio de aseo —a pesar de la tarifa techo regulada por la CRA— o el riesgo de una doble facturación. Así lo manifiesta Máximo Leal, vocal de control social y representante de los usuarios. “¿Se garantizará también la cobertura total incluso en zonas difíciles? ¿Se mejorarán progresivamente frecuencias y limpieza? ¿Cómo se van a resolver los puntos críticos?”, cuestionó.
En respuesta, desde la Superservicios, María Fernanda Jaramillo señaló que iniciarán controles tarifarios en el primer semestre de prestación: “Vamos a validar que lo cobrado esté sujeto a la regulación y no se cometan abusos”. De hallarse irregularidades, habrá sanciones y devoluciones.
Para evitar la doble facturación, la Uaesp dijo que se reúne con los facturadores actuales (Acueducto y Energía) y con Vanti (gas), para evaluar cada uno de los usuarios. “Estamos igualmente preparándonos con una plataforma tecnológica para saber quiénes y cómo ingresan al mercado, garantizando que los usuarios reciban sus subsidios o hagan sus aportes según corresponda”, explicó Armando Ojeda.
El cambio sí lo sentirá cada hogar: cada cual decidirá qué operador recoge y transporta su basura de acuerdo con la tarifa ofertada por el prestador, “generándose un nuevo contrato (con el usuario) en condiciones uniformes”, explica la docente Silvia Yepes.
Con esta información, agrega Ojeda, el prestador informa al Distrito y a la Superservicios cuál va a ser su área de prestación y cómo va a operar. “Entonces, el concesionario actual que se quede en libre competencia, y lo haga mal, tenga por seguro de que va a perder el espacio que tiene. Eso revela quién presta mal el servicio o quién lo presta bien”, concluye el gerente de Proceraseo.
Zonas poco rentables
En la libre competencia el usuario escoge, pero el operador también decide cómo, dónde y a quién le presta el servicio. Esto genera el riesgo de que zonas de difícil acceso o poco rentables queden desatendidas y, por ende, un problema sanitario preocupante. Alejandro Carranza, gerente de Proceraseo, sugiere que deben hacerse acuerdos de barrido con la Alcaldía para evitar que se abandonen áreas.
“Si esto último pasa o nos damos cuenta de que los planes de barrido y las frecuencias no se cumplen o los ciudadanos llaman a la línea 110 a quejarse, nosotros reportamos de inmediato al Distrito”, aseveró.
Desde la Uaesp tienen la certeza de que los operadores mantendrán la cobertura en todas sus áreas gracias a la redistribución de costos entre las zonas alejadas del relleno Doña Juana y los ingresos provenientes de los estratos altos y sectores comerciales, que permiten financiar los subsidios. No obstante, está en su responsabilidad que bien sea con Aguas de Bogotá o licitación, se de garantía de este servicio.
Puntos críticos
Al desafío de garantizar la calidad en la recolección y el transporte de residuos orgánicos desde el 12 de febrero, están también los 478 puntos críticos activos mapeados a noviembre de 2025, donde hay arrojo clandestino de residuos orgánicos, escombros o voluminosos (muebles, colchones, etc.). Si bien hubo una reducción en la cantidad de puntos frente a los 623 registrados en 2024, el volumen de basura acumulada ilegalmente aumentó un 18,96 %, pasando de 813 toneladas diarias en 2024 a 968 en 2025.
Actualmente, los cinco operadores atienden estos puntos mediante adiciones contractuales que vencen este 11 de febrero. Ante este vacío, Armando Ojeda anunció que Aguas de Bogotá asumirá la responsabilidad total de recoger las 1.000 toneladas diarias de residuos voluminosos y escombros (RCD) tirados en las calles. “Estamos haciendo un seguimiento estricto para asegurar que tengan la capacidad operativa necesaria”, concluyó el director.
Lo que viene con la CRA
La Uaesp se encuentra a la espera de la expedición del nuevo marco tarifario de aseo por parte de la CRA, el cual servirá como base técnica para presentar una nueva solicitud de verificación de motivos y así intentar retomar las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). “En esa solicitud incorporaremos todos los avances regulatorios, las medidas afirmativas para los recicladores y los ajustes al mobiliario público, como cestas y contenedores”, explicó la entidad.
Según informó la CRA a este diario, tras resolver una recusación, el nuevo marco tarifario se encuentra actualmente en proceso de consolidación de las respuestas derivadas de la participación ciudadana. “Será expedido una vez se cumplan todos los procesos normativos”, puntualizó la Comisión.
Con todo lo anterior, todo apunta a que, al menos durante el primer semestre de este año, la libre competencia será el régimen que rija la prestación del servicio de aseo en Bogotá. “Estamos preparados y vamos a garantizar la continuidad y la prestación al 100 % a los usuarios”, concluyó el director de la Uaesp.
El éxito de este modelo, que por ocho años dejó atrás la ciudad, dependerá de una buena vigilancia de la Superservicios para amparar los derechos de los usuarios y de la capacidad de operación y gestión de la Uaesp para prestar a sus habitantes el servicio de manera eficiente y a toda la ciudad, vigilando que los operadores cumplan sus obligaciones, sin olvidar el urgente amparo de los derechos de los recicladores.
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Por ahora quedan preguntas abiertas. ¿Los actuales cinco operadores, a quienes se les aperturaron nueve procesos disciplinarios y una sanción a uno de ellos por incumplimiento de rutas, garantizarán la calidad del servicio desde el 12 de febrero? ¿Podrá Aguas de Bogotá asumir la responsabilidad de recoger los arrojos clandestinos y a la par cubrir el riesgo de zonas poco rentables? La eficiencia se medirá entonces cuadra a cuadra.
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Por María Angélica García Puerto
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