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Tal y como lo han advertido distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, la situación de hacinamiento en las cárceles nacionales, sumada a la emergencia sanitaria por el coronavirus, hacen de estos lugares escenarios propensos para la falta de garantías de protección, lo cual, a su vez, los convierte en potenciales focos de contagio del virus.
A la fecha, los centros penitenciarios en Colombia reportan 213 casos de COVID-19, uno de ellos en la cárcel la Picaleña, en Ibagué. Por tal motivo, los reclusos en la Cárcel Distrital de esa ciudad piden seguridad para evitar el contagio.
Puntualmente, estas personas exigen especial cuidado a los privados de libertad que sean de la tercera edad, que sufran de enfermedades crónicas o que padezcan cualquier tipo de discapacidad.
Desde esa cárcel en Ibagué manifiestan que a pesar de necesitar atención médica en sus instalaciones, por la alta cantidad de población vulnerable que hay en ese centro, no hay nadie que vele por su protección integral. además, apenas hay un grupo de personas que tienen tapabocas.
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«Aquí hay personas que requieren médico las 24 horas. Muchas veces uno se enferma y el personal de guardia no tiene la posibilidad de trasladarlo a uno «, dijo uno de los denunciantes de esta situación a El Nuevo Día y a RCN Radio.
La preocupación es mayor desde que el 25 de abril, un recluso de 27 años en la cárcel La Picaleña (trasladado desde Villavicencio) diera positivo al virus. Temen tener la misma suerte en los próximos días si las medidas no cambian.
Los primeros casos por COVID-19 en las cárceles colombianas se presentaron en Villavicencio y días después se expandieron a centros penitanciarios en Bogotá, Caquetá, Amazonas, Tolima y Cundinamarca, luego de un conjunto de traslados desde la cárcel en la capital de Meta.