Ruanda: el genocidio que nadie quiso ver

Esa había sido la esperanza que debería permitir el regreso de los refugiados de los países vecinos y evitar una nueva guerra civil, como la que entre 1990 y 1993 había enfrentado a dos grupos que compartían la misma religión, lengua y estructura social.

Nadie creía que las cosas fueran a mejorar pronto, pero cuando un misil —que nunca se supo si fue disparado por el FPR o por ciertos grupos de hutus que se oponían a toda negociación, ni por qué potencia europea fue suministrado— derribó, sobre la capital ruandesa, el avión que transportaba al presidente Habyarimana, todo mundo supo que las cosas iban a empeorar.

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“El avión cayó a las ocho y media de la noche. A partir de las nueve y con el pretexto de vengar al presidente asesinado, comenzaron a escucharse las ráfagas en Kigali, la capital del país. Junto con los primeros tutsis atrapados en la calle y asesinados al azar, fueron también masacrados decenas de miembros moderados del partido presidencial”, recuerda Ernest Mutwarasibo, profesor de la Universidad de Ruanda. “Al mediodía siguiente, las masacres se habían extendido a casi todas las regiones del país”, agrega. 

En ciertas ocasiones, se califica al genocidio que comenzó esa noche como “el último del siglo XX” , lo que no tiene mucho mérito porque al siglo que incluyó la Shoah, la Nakba, las purgas estalinsitas, los Khmeres Rojos y el holocausto armenio, le quedaban cinco años. Si hubiera que calificarlo, podría decirse que fue el genocidio más rápido de la historia: entre 800.000 y un millón de personas, en su mayoría tutsis, pero también hutus que se negaban a participar en las ejecuciones y eran señalados como traidores, fueron asesinados en los cien días que siguieron. 

Si el ejército ruandés utilizó sus armas de dotación y decenas de grupos paramilitares hutus también recurrieron a armas de fuego, los civiles hutus se valieron de machetes, garrotes y piedras para masacrar a sus vecinos y en un buen número de ocasiones a miembros de su propia familia. La única razón era “ser” tutsi, una categoría basada principalmente en las profesiones de los ancestros (los tutsis eran pastores, los hutus agricultores), pero que en boca de los misioneros belgas, que apoyaban los intereses de su país en la región, fue elevada a distinción “étnica”, incluso racial. Una distinción artificial que a partir de 1959 fue obligatoria en los documentos de identidad impuestos por las autoridades coloniales. 

Si bien existe un consenso sobre el asesinato de Habyarimana como detonante de las masacres, es también claro que desde un punto de vista logístico e ideológico, el genocidio llevaba años de preparación.

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Las mismas emisoras de radio y cadenas televisión que en abril del 94 daban indicaciones a los hutus sobre las aldeas y campamentos donde aún quedaban tutsis vivos y las rutas que tomaban para huir hacia los países vecinos, habían intensificado sus campañas de desinformación en las que acusaban a los tutsis de servirse de los acuerdos de paz que habían puesto fin a la guerra civil el año anterior para obtener ventajas en todos los campos y finalmente quedarse con el poder en caso de que el gobierno colegiado llegara a implementarse. 

Varios oficiales franceses habrían solicitado a sus superiores la autorización para buscar e incautar las caletas en las que los paramilitares prohutus estaban escondiendo sus armas en las semanas que precedieron al atentado, pero la comunidad internacional no reaccionó entonces ni cuando las masacres comenzaron.

Francia no quería perder el apoyo de un régimen con el que hasta entonces tenía excelentes relaciones. Estados Unidos tardó en imponer sanciones, temiendo una escalada como la que acaban de enfrentar en Somalia, e Israel continuó sus exportaciones de armas para el ejército de Ruanda durante todo el genocidio.

“La responsabilidad de los países desarrollados existió a muchos niveles”, dice Marcel Kabanda, sobreviviente del genocidio y presidente de la asociación Ibuka, una ONG que busca el reconocimiento internacional de las víctimas. “Cuando se habla del genocidio suele presentarse como un resultado de la barbarie y una supuesta organización tribal propia de África, cuando en realidad se trató de un proyecto político racista que incluía entre sus líderes a varios dirigentes formados en prestigiosas instituciones europeas”, agrega.

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Fue en presencia de Kabanda que —siete años después de que el entonces presidente François Hollande se comprometiera a levantar un monumento, aún inexistente, en memoria de las víctimas del genocidio en Ruanda— el actual presidente Emmanuel Macron se comprometió, el viernes, a crear una comisión de investigadores que, bajo la tutela del historiador Vincent Duclerc, tendrá la misión y, sobre todo, el poder administrativo de explorar los archivos franceses sobre Ruanda entre 1990 y 1994; sin embargo, ningún ruandés hará parte de la comisión. 

“Todos los jefes de Estado han evitado ese tema, así que al menos es un comienzo. Para emitir un juicio habrá que esperar los resultados de esa comisión”, dice Kabanda, quien a los 62 años aún espera vivir lo suficiente si no para ver a los responsables frente a la justicia, al menos para entender lo que ocurrió en esos cien días de horror que terminaron cuando, paradójicamente y recurriendo también a actos de barbarie, los guerrilleros tutsis conquistaron el poder que aún conservan.

Venticinco años después, en época de aguaceros cuando la lluvia lava la tierra, las colinas de Ruanda siguen entregando sus muertos.