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Miguel Carbó Marceles es un comerciante de Barranquilla que fue capturado por, supuestamente, hacer parte de una organización ilegal que consistía en sobornar a contribuyentes que tenían millonarias deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Luego de su detención, y de las audiencias ante el Juzgado 25 de Garantías de Bogotá, quedó en libertad al no ser comprobada su participación directa en esta red que también compromete a funcionarios de la entidad. (Le podría interesar: Funcionarios de la DIAN negaron sobornos a contribuyentes para no pagar multas)
Precisamente, el juez les concedió el beneficio de casa por cárcel a los funcionarios de la DIAN investigados por estos hechos. Se trata de Ernesto Miguel Trillo, analista de la división de cobranzas de la DIAN; Sandra Viviana Zorro Rodríguez, jefe de la división de cobranzas; Jaqueline Castillo Parra, asistente de la jefatura de la división de cobranzas; José Manuel Triana Medina, jefe grupo coactiva de la división de cobranzas; Marco Aurelio Cuervo Muñoz, gestor división de cobranzas, y Javier Iván Lobo Ojeda, exjefe grupo persuasiva y coactiva de la división de cobranzas.
De igual manera, Ernesto Ponce De León Cárdenas y Roberto José Salcedo Cantillo, representante legal y gerente financiero de las empresas Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y Spai-Sons Commerce S.A.S., tendrán que permanecer detenidos en sus residencias mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía asegura que los funcionarios de la DIAN, al parecer, cobraban $100 y $600 millones de pesos a cada contribuyente para exonerarlos del pago de obligaciones o modificar sanciones a las empresas o personas naturales que registraban mora con la entidad. (En contexto: Por presuntos sobornos a contribuyentes, seis funcionarios de la DIAN fueron capturados)
Según la Fiscalía, dentro del portafolio de servicios que esta red ofrecía se encontró la eliminación de las deudas del sistema o el asesoramiento y ejecución de la disminución de los intereses a deudores morosos. En esta primera fase la investigación, la Fiscalía vinculó la empresa Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda, cuyos directivos habrían recibido asesorías de funcionarios de la DIAN para cambiar la razón social de la empresa con el objeto de evadir la deuda.
Por este servicio, el ente investigador asegura que la organización ilegal habría vinculado a los funcionarios en la nómina de la empresa, y presuntamente les pagaron $100 millones mensuales por el manejo de impuestos y rentas. “El ente acusador obtuvo órdenes judiciales para interceptar líneas telefónicas, realizar seguimientos e inspecciones, entre otras técnicas de policía judicial, con las que se evidenció la forma como operaba la red criminal”, precisó la Fiscalía al develar este presunto caso de corrupción. (Le sugerimos: Las empresas petroleras y mineras pagan muchos impuestos… ¿o no?)