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En 2010, desde una cárcel en Nueva York, el extraditado narcotraficante Jhon Eidelber Cano, alias Jhony Cano, habló. Conocido por ser uno de los protegidos del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, confesó que la elección de Mario Iguarán como fiscal general de la nación, en 2005, habría contado con $5.000 millones de las autodefensas. Doce años después de esa declaración, la historia revivió. Esta vez, por cuenta del exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, quien ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que la historia del capo es cierta y que, incluso, el ganadero José Félix Lafaurie participó en ella.
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Jhony Cano, Benito Osorio y Salvatore Mancuso concluyen lo mismo: la elección de Iguarán significaba una ventaja para los paramilitares, pues el exfiscal fue gestor de la ley de Justicia y Paz. Justamente, la hoja de ruta de la desmovilización y judicialización del paramilitarismo. Según la versión de Jhony Cano, Iguarán era una ficha clave porque permitiría a jefes de las autodefensas obtener penas pequeñas antes de convertirse en congresistas. Al final, la Corte Constitucional cerró esa posibilidad.
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El exnarcotraficante Jhony Cano, del Cartel del Norte del Valle, incluso fue uno de los colados que intentaron postular los paramilitares a Justicia y Paz para que recibiera beneficios. Cano contó desde Estados Unidos que Macaco, quien regresó a Colombia en 2019, habría ordenado el aporte de dinero para financiar la elección de Iguarán. Una teoría que un oficial de Policía retirado le contó a El Espectador en 2011. El uniformado relató en ese momento que el dinero supuestamente llegó a Bogotá en un vuelo comercial, desde la costa caribe y en un lujoso maletín.
El 23 de abril de 2008, un cable diplomático revelado por Wikileaks, enviado a Washington desde Bogotá por el embajador William Brownfield, daba pistas de que la misma historia que hoy retoma Benito Osorio en la JEP podría ser cierta. Brownfield explicó en esa comunicación filtrada la tensa situación entre el gobierno de Álvaro Uribe y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que entonces daban sus primeros pasos para destapar la parapolítica. Además, la carta del embajador también mencionó que, precisamente, el episodio de la elección de Iguarán había deteriorado todavía más la confrontación.
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Al final, Jhony Cano resultó en Estados Unidos pagando una condena por narcotráfico, pues nunca pudo probar que era miembro de las Autodefensas Unidas del Norte. Quien también ha hecho una feria de declaraciones es Salvatore Mancuso. El pasado 19 de enero, corroboró al testimonio de Benito Osorio. El exjefe paramilitar ya había hablado ante la justicia sobre el tema Iguarán. En una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, en marzo de 2012, explicó que habría recibido “presiones” de José Félix Lafaurie para apoyar la elección de quien se convertiría en fiscal.
Vía teleconferencia, el excomandante paramilitar señaló que en una reunión que sostuvo en el aeropuerto de Montería (Córdoba) con Lafaurie, este le señaló que el entonces ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, lo había enviado con el fin de que movieran sus influencias para lograr la elección. “Me dijo que venía a una misión muy especial encomendado por el doctor Sabas para que ayudara en la elección del doctor Iguarán, ya que sabían que había favoritismo por el doctor (Jorge) Pretelt”, precisó Mancuso.
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El presente judicial de ese cúmulo de testimonios, que incluso Salvatore Mancuso tendría cómo probar, está cerrado. “Jamás he tenido relaciones de vecindad, amistad o afinidad con grupos al margen que la ley, distinto a las reuniones que se llevaban de manera oficial e institucional para diseñar el marco jurídico de la ley de Justicia y Paz; pero nunca para el desatinado, absurdo y descabellado fin de solicitarles su colaboración dentro de la honorable Corte Suprema de Justicia”, ha dicho Iguarán. Esa misma magistratura lo posesionó en cabeza de la Fiscalía para 2005.
Aunque en días recientes se ha levantado el polvo de este sonado caso, en él también existen declaraciones que podrían mostrar otra realidad. En 2012, el portal Verdad Abierta reportó que el mismo Macaco negó conocer información sobre la supuesta colecta para beneficiar la elección de Iguarán.En ese momento, estaba en curso una investigación en la Comisión de Acusación de la Cámara, liderada por el representante coordinador Orlando Clavijo. El entonces congresista señaló que había hablado con el exparamilitar y “desvirtuó las afirmaciones que habían hecho otras personas, donde indicaban que había financiado con dinero de narcotraficantes, el pago a algunos magistrados para la elección de Mario Iguarán”.
Durante los años siguientes, Iguarán recibió los señalamientos del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, quien resultó segundo en la elección y quien luego fue condenado, en 2019, por ponerle precio a su justicia: $500 millones, en un trámite de tutela. Iguarán le respondió que intentaba “embestir a través de sofismas y falsedades” a los miembros de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. Al final, el caso quedó en boca de la opinión pública y la justicia nunca aclaró la veracidad de las declaraciones. Ni de las de Osorio, Mancuso y Cano, ni las del jefe paramilitar Macaco que negó los pagos para la elección del hoy exfiscal.
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Quien alborotó de nuevo el avispero fue el exgobernador Benito Osorio, condenado a 19 años de cárcel por alianzas con paramilitares en Córdoba. También fue integrante del Fondo Ganadero de esa región. Actualmente, cumple con su compromiso de decirle su verdad a la JEP y dentro de su historia del conflicto armado caben Mancuso, Iguarán, Pretelt de la Vega y Lafaurie. Su misión en la JEP es decir lo que sabe, a cambio de libertad. Serán los jueces de la justicia transicional los que decidan qué hacer con la película que arrancó en 2005, pero cuyo desenlace sigue siendo incierto.
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