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Aunque se profundizaron sus diferencias, el Congreso y el Gobierno casi que terminaron por “beneficiarse” mutuamente con el hundimiento de la reforma laboral, que fue archivada en la Comisión Séptima del Senado con ocho votos contra seis. La oposición y los sectores independientes, que han ganado más reconocimiento mediático en las últimas semanas, tienen una especie de victoria legislativa por mostrarles a sus simpatizantes, mientras que el Ejecutivo encontró en la consulta popular la manera ideal para adelantar la campaña electoral e intentar cautivar nuevamente al electorado.
Ambos poderes parecen tener fiebre electoral y desde ya, cuando ni siquiera la Registraduría ha habilitado inscripciones de candidatos y mucho menos ha autorizado el inicio de la campaña, Congreso y Ejecutivo delinean estrategias para ir sumando votos y ser reconocidos con un relato claro en medio de los fuertes señalamientos que se hacen en su contra.
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Mientras el presidente califica a los senadores de traicionar al pueblo y estar velando por intereses personales cercanos a la codicia, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó el comentario de Petro de “sacar a los congresistas” que no apoyan las reformas como un golpe de Estado para buscar tumbar al Legislativo.
El Gobierno, aunque bien se podría decir que salió derrotado en la Comisión Séptima del Senado, dejó claro que este mismo martes, el día que designó para la marcha #18M, arrancó la “campaña por el sí” de la consulta popular. Fue desde las calles que Petro no solo se fue contra el Congreso, sino también contra los mandatarios que no se acogieron al día cívico, entre esos el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
El mandatario, que ha usado sus redes para compartir fotografías de las más de 30 movilizaciones en el país y lanzar dardos contra el Senado y repitió su discurso de la Plaza de Bolívar en alocución presidencial, reconoció que se vienen más marchas y correrías por el país, pues se declaró en “movilización permanente y creciente”. Lo propio hicieron los congresistas del Pacto Histórico que estuvieron presentes en la comisión del Congreso y que elevaron señalamientos como “sanguijuelas” y “vendidos” contra los responsables de la caída de la reforma.
Varios ministros contaron que ya se preparan decretos para aplicar algunos artículos de las reformas laboral y a la salud y agregaron que ya tiene redactadas más de diez preguntas que serían puestas a consideración en la consulta y que primero deberán tener un concepto favorable del Senado.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, contó que espera presentar próximamente nueve decretos e invitó al Senado a darle un guiño a la consulta popular, indicando que de no hacerlo, Petro sería el único líder al que se le niegue tal camino.
En todo caso, la determinación de los ocho senadores de sepultar la reforma estaba dentro de lo esperado y por algo el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, quien no se presentó a la discusión de la ponencia de archivo de la reforma laboral, dijo que a esta altura ya no les “importaba” si el proyecto se hundía o no.
Y es que el Gobierno ya tiene un relato que le puede durar hasta que los colombianos vayan a las urnas el próximo año: la necesidad de reformar al país a través de mecanismos de participación ciudadana y de darle una oportunidad más al progresismo. De hecho, al final de su discurso, el jefe de Estado se refirió a una segunda oportunidad y a la recomposición de las fuerzas en el Legislativo para 2026.
Igualmente, reforzó su cercanía con las organizaciones indígenas, campesinas y sindicales que participaron activamente en la marcha. Si bien, agrupaciones indígenas como el CRIC, la ONIC y la OPIAC suman más de $180.000 millones en procesos con el Estado en el último año y las organizaciones de acción comunal también han participado en contrataciones, se preparan otros pliegos y se avecina la radicación de un proyecto que favorecería contratación pública a juntas comunales.
El CRIC, por ejemplo, que se movilizó con la Minga Indígena, firmó en estos días previos a la marcha un contrato por más de $50.000 millones.
También se han prometido dineros para beneficiar a los campesinos del Catatumbo con el pago por la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y otras medidas para acelerar la reforma agraria en otras regiones.
Será una batalla de dos bandos, y así como el Gobierno buscará que la máxima cantidad de ciudadanos asistan a las urnas de la eventual consulta, varios congresistas de la oposición reconocieron que ya empezaron a trabajar en estrategias para impulsar el abstencionismo electoral o en últimas el voto negativo. Y esta tarea la esperan liderar el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
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Ven como imposible que el Gobierno logre los 13.6 millones de votos necesarios para que la consulta tenga validez y consideran que eso dejaría “mal parado” al presidente Petro y a sus intenciones de reelegir su proyecto.
En términos generales, son varios los que sienten que el hundimiento de la reforma laboral fue todo un triunfo de los sectores independientes y opositores, pero también han dicho públicamente sentir cierta precaución por la reacción del Ejecutivo y sus llamados a la movilización que pueden avivar los malestares e incluso la “persecución” contra aquellos que se opongan a la agenda gobiernista.
Desde otras bancadas sostienen que partidos como el Conservador, Colombia Justa Libres, MIRA, ASI y el ala liberal lejana al Gobierno, lograron subirse al bus opositor de la consulta que igualmente podrá ser un frente de su campaña para 2026. Por lo mismo, se podría polarizar el mismo seno del Congreso, que igualmente no esquiva los diálogos con la Casa de Nariño para tantear posibles representaciones en el gabinete.
Aún hay varios ajustes pendientes, como el del Ministerio de Comercio que habría sido prometido a los liberales, pero no ha quedado en firme por las fuertes diferencias en el partido. El último funcionario en salir fue Diego Guevara del Minhacienda, que tuvo el reto de superar el hueco fiscal de $12 billones en el Presupuesto General.
Adicionalmente, quedan pendientes las próximas renuncias de funcionarios del segundo mando (algunos representan a la oposición), que según Petro no permiten que mejoren las cifras de ejecución presupuestal.
Ahora bien, si hay algo en lo que sí coinciden el Capitolio y la Casa de Nariño es en ser conscientes de que los meses venideros serán acelerados e incluso caóticos por la tensión que subió de nivel y todo el juego político que está en medio para alcanzar el poder en 2026.
En los próximos días llegará al despacho del Senado la solicitud oficial del presidente Petro de convocarse a una consulta popular. La corporación tendrá máximo un mes para responder y definir si hay suficientes motivos para que los colombianos decidan por las reformas.
Sea cual sea el resultado, el Gobierno sabrá tomarlo a su favor, así como la oposición y el sector independiente, que no le dejarán el camino fácil a la Casa de Nariño en su intento de recuperar el poder.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
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