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El pasado 12 de diciembre, miembros de las Agc (Clan del Golfo) arribaron a la comunidad afro de Negría, en el municipio de Istmina, al sur del Chocó. Luego de amenazar a los habitantes y dictarles normas de comportamiento, como ordenarles con quién hablar y a qué hora moverse, asesinaron a Santiago Felipe Cáceres. Su cadáver fue arrojado al río San Juan y, aunque ya fue recuperado, será imposible llevarlo a Medicina Legal para su valoración. Hasta nueva orden, nadie podrá dar un paso, ni siquiera para transportar ese cadáver, porque, como si fuese poco, desde este 15 de diciembre inició el paro armado del Eln en la región.
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“¿Por qué se les permite el avance (a las Agc) para que asesinen a población civil? Pero, al mismo tiempo, están los comandos jungla en el río, haciendo cacería para asesinar comandantes guerrilleros (…) Por estas razones nos vemos en la obligación de decretar paro armado indefinido”, es el audio que está circulando en el municipio. Una fuente de inteligencia le confirmó a El Espectador que fue difundido por alias Bernardo, un líder del Frente de Guerra Occidental del Eln, quien, a través de medios propagandísticos, asegura que en los próximos días esa guerrilla mandará en el sur del Chocó.
Horas antes del crudo anuncio del Eln, toda la población de Negría se desplazó al corregimiento de San Miguel, en el municipio de Medio San Juan, y a la propia cabecera municipal de Istmina. Un total de 141 personas que salieron por el asesinato de Cáceres por parte de criminales de las Agc y que, ahora, tendrán prohibido su tránsito por la región por cuenta de guerrilleros que desde ayer están “emboscados” en el río San Juan. El 2022 para los habitantes de Negría fue tan nefasto que, con este desplazamiento, ya son cuatro las movilizaciones masivas forzadas en el año.
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“Istmina es el municipio que conecta al Chocó con el río San Juan. Es estratégico para cualquier ruta y cualquier tránsito de estos grupos armados hacia el sur. Es la conexión entre dos ríos, los más importantes del Chocó y es por donde se mueve toda la economía ilegal”, le dijo a este diario Dennis Huffington, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Se trata, entonces, de una de las banderas a conquistar por las Agc y el Eln, pues permite el tránsito de droga hacia playas del Pacífico, con destino a Centro y Norteamérica. Además, es un corredor cercano a Buenaventura, donde se manejan las finanzas del contrabando.
Como lo explica el defensor regional Luis Murillo, la población rural de Istmina, en los últimos años, ha quedado en medio del fuego cruzado. No hay respeto por el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, pues, antes de ser violentados, los habitantes son frecuentemente acusados por un grupo armado de colaborar con el bando enemigo. “Lo que se presentó fue una incursión, ahí no hubo combate. Las Agc entraron a la comunidad agrediendo a la población de Istmina. Mandaron una reunión comunitaria y atentaron contra dos personas. A uno lo asesinaron y otro logró escapar”, señaló en entrevista.
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Alias Bernardo, del Eln, aseguró en su comunicado propagandístico que el paro armado obedece a la supuesta convivencia de la fuerza pública con las Agc. Todo, mientras el gobierno de Gustavo Petro, quien es comandante en jefe de la Policía y las Fuerzas Militares, adelanta conversaciones de paz con las cabezas de la guerrilla en Caracas. Según una fuente en terreno, cuyo nombre protege este diario por su seguridad, con el paro armado, la subestructura del Eln busca llamar la atención de la comandancia que está en Venezuela. Al parecer, se sentirían desprotegidos ante un eventual cese al fuego unilateral, dada la supuesta alianza de miembros del Estado con las Agc.
Huffington, aunque no se refirió a la supuesta alianza, sí cree que la facción de Eln está debilitada y busca una salida: “La Agc no había logrado pasar de Quibdó. Allá los tenían contenidos, pero este año han ingresado hasta Buenaventura, a través del río Calima y el río San Juan. Los combatientes del Eln que quieren acogerse a esa iniciativa de paz total, además, se sienten vulnerables, teniendo en cuenta el proceso de paz con las Farc y lo que sigue sucediendo con los asesinatos de excombatientes. No quieren correr la misma suerte y dicen necesitar garantías por parte del Estado”.
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La declaratoria de paro armado en Istmina y en los ríos aledaños es un golpe a la esperanza de las comunidades, pues tan solo una semana antes se habían anunciado “alivios humanitarios” por parte de la comandancia del Eln. Según el defensor Murillo, el compromiso era aplacar la violencia que obliga a las personas de la región a confinarse y desplazarse constantemente. Ahora, la amenaza del paro armado llega como “una sentencia de muerte” para una población que debe, sí o sí, transitar los ríos para acceder a garantías mínimas de una sociedad, como lo es el servicio de salud o para comprar alimentos de la canasta familiar.
El investigador Huffington concluye que el gobierno de Petro debe avanzaren diálogos paralelos con el Eln y las Agc, si su propósito es que los “alivios humanitarios” se materialicen en esa región del sur del Chocó. Ningún bando está dispuesto, más allá de las decisiones de sus comandantes, a bajar las armas durante el desarrollo de las negociaciones. La Defensoría, por su parte, desde hace un año alertó al Ministerio de Defensa de la necesidad de contar con mayor presencia de uniformados. Incluso, el fortalecimiento de la inteligencia para prevenir incursiones como las de las Agc esta semana. Las preguntas que restan son: ¿Dónde estaban las autoridades cuando toda Negría fue atemorizada por las Agc? ¿Estarán ahora que el Eln prometió “emboscarse” en el río San Juan?
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