Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El verdadero anhelo de los colombianos no es la seguridad sino la paz, dijo en su columna de El Tiempo el exministro Rudolf Hommes. De eso parecen estar convencidos el Gobierno, las FARC y por supuesto los colombianos. Así lo confirma la última encuesta de la firma Gallup, en la que 63% de los encuestados afirma estar de acuerdo con un proceso de negociación con el grupo guerrillero. ¿Habrá paz?
Las cartas están echadas y la cuenta regresiva ya inició. Sin embargo, las críticas al proceso, aún sin haber iniciado, no se han hecho esperar. Así lo dejan ver las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien manifestó que este nuevo intento de poner fin al conflicto de más de 50 años es una “bofetada” a los colombianos.
“Los colombianos ya escarmentamos: sabemos que nuestra constante histórica es el fracaso de la mayoría de los procesos de paz”, comentó el columnista Héctor Abad Faciolince. Desde la época de Gustavo Rojas Pinilla, en 1953, se ha intentado reintegrar las guerrillas a la sociedad, pero han sido los gobiernos de Belisario Betancourt, César Gaviria y Andrés Pastrana quienes han buscado seriamente procesos de paz, todos con una cosa en común: han fracasado.
Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “es posible tener una Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, y lo vamos a demostrar”, y agregó que el objetivo de su gobierno es ponerle fin al conflicto en el país a través de un acuerdo y de un diálogo, sin que se vuelvan a repetir los errores del pasado.
Para ello, el congreso ya había aprobado en mayo de este año el Marco Jurídico para la Paz que, según indicó el presidente del senado, Roy Barreas, busca crear un escenario jurídico favorable a los miembros de grupos armados ilegales que se desmovilicen dentro de un proceso de paz, que permita terminar el conflicto armado interno, disminuyendo sanciones penales a cambio de no violencia, verdad y no repetición.
Lo anterior deja ver que, como manifestó el columnista Eduardo Posada Carbó, esta “no es una política improvisada”. Según indica un artículo del pasado 29 de agosto de la Corporación Nuevo Arco Iris, el Gobierno y las FARC iniciaron las sesiones de trabajo desde por lo menos el 23 de febrero de este año. Incluso el presidente Santos desde el mismo día de su posesión ya había afirmado que “la puerta del dialogo no está cerrada con llave”.
Otro punto que parece favorecer un acuerdo de paz está en que “el momento para reiniciar los acercamientos parece haber sido propicio. Basta repasar los sucesivos golpes de las fuerzas del Estado contra la guerrilla, incluidas las bajas de sus connotados comandantes, para identificar las circunstancias bajo las cuales el Gobierno consideró oportuno emprender esta nueva iniciativa”, afirmó Carbó
A esto se suma el hecho de que la cúpula mayor de la guerrilla no tiene recambio. “Lo que se conformó como una nueva generación de cuadros revolucionarios estaban en una perspectiva de conversaciones y de diálogos, porque se iban a morir de viejos todos en el monte”, manifestó el concejal de Bogotá Roberto Sáenz, hermano del abatido líder de las FARC alias ‘Alfonso Cano’.
Prueba de la aparente decisión del grupo guerrillero de buscar la paz es el cambio de lenguaje que mostraron en la más reciente rueda de prensa y sobre todo en el discurso de su máximo líder alias ‘Timochenko’, quien dejó a un lado el discurso de tipo marxista para hablar de la búsqueda de un “equilibrio democrático”. “Hace ya tiempo que las exigencias maximalistas han ido dando paso a una plataforma de reformas serias, pero posibles en el marco de una economía de mercado”, indicó el académico Medófilo Medina.
Pero si hay algo que demuestra la viabilidad de un proceso de paz exitoso es la muerte en combate de alias ‘Alfonso Cano’ durante la etapa de diálogos exploratorios entre el Gobierno y las FARC. En otro momento, este hecho provocaría la ruptura inmediata de las conversaciones, sin embargo esto no ocurrió y en cambio fue tomado, según aseguró en la reciente de rueda de prensa el líder guerrillero Sergio Jaramillo alias ‘el médico’, como “un hecho de guerra”.
No obstante, como dijo en su momento la defensora de Derechos Humanos Eleonor Roosevelt, “no basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla”. Para ello, el proceso deberá superar los obstáculos que ahora se le plantean.
Obstáculos
Uno de los anuncios que más causó controversia fue el hecho por la guerrilla en la pasada rueda de prensa, en la que aseguraban que no tenían a la fecha secuestrados en su poder. «En Colombia secuestran los órganos de seguridad del Estado colombiano, secuestran los paramilitares, secuestra la delincuencia común, y todo quien lo hace imputa esos secuestrados a las FARC», manifestó alias ‘el médico’.
Sin embargo, Según cifras de País Libre, consolidadas hasta junio del 2012, se conocieron 81 casos de secuestro simple durante el primer trimestre del año, ocho más que en el 2011, siendo el más significativo, según reveló la presidenta de la fundación Clara Rojas, el caso de un joven que fue tomado por las FARC para cobrar 200 millones de pesos por su liberación, pero a pesar de que su familia pagó la suma, el muchacho no fue entregado.
Otro punto que causó gran controversia fue el pedido del grupo armado ilegal de tener a alias ‘Simón Trinidad’ en la mesa de diálogos. Al respecto, el presidente Santos afirmó que “eso no depende de Colombia”, pues hay que recordar que el guerrillero se encuentra preso en Estados Unidos con una condena de 60 años.
No obstante, según afirmó Juan Carlos Palau, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, la situación no está tan clara. “A Simón Trinidad lo condenaron por el secuestro de los tres norteamericanos, porque no pudieron demostrarle el delito de narcotráfico. Eso en estricto derecho es una irregularidad porque el secuestro se cometió íntegramente en Colombia”. “Ese delito no se contempla en el tratado de extradición”, agregó Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
Por otro lado, las contradicciones entre los discursos tanto del Gobierno como de las Farc dejan ver ciertas diferencias todavía entre las dos partes. Así por ejemplo, el presidente afirmó que el proceso de paz “se medirá en meses, no en años», mientras que las FARC aseguran que «no se puede poner un tiempo fatal para los diálogos».
Otra diferencia se plantea en el tema del cese al fuego, pues mientras el Gobierno dice que “no cesarán las operaciones militares, y así será en tanto no se logren avances reales en las conversaciones que lleven a la terminación del conflicto armado», las Farc piden “cese de hostilidades y el cese bilateral al fuego durante las conversaciones”.
En cuanto a los puntos de la agenda, algunos expertos aún mantienen dudas, en especial sobre la pertinencia de discutir políticas estatales con el grupo guerrillero. “A la reforma agraria o al afianzamiento de la propiedad de la tierra tal como está, se llega por los votos, no por acuerdos en Oslo (…) para hacer esto realidad tendrían que ganar unas elecciones, cambiar la Constitución, hacer nuevas leyes, y que la gran mayoría del pueblo los apoyara. Si no, no. Porque lo que se negocia es la paz, no el gobierno ni las leyes”, afirmó Abad Faciolince.
¿Y Bogotá qué?
Si bien la capital ha estado al margen de forma directa del conflicto armado, algunas analistas aseguran que las ciudades se han convertido en un centro importante de encuentro de distintas redes delincuenciales asociados con grupos armados ilegales, y que penetran la ciudad a través de distintos frentes.
El caso más reciente de desmovilización de una organización armada se presentó en 2005 con la entrega de los paramilitares, luego de esto la capital sufrió efectos colaterales. Según un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris, el número de homicidios en la localidad de Bosa aumentó de 58 en 2006, un año después de la desmovilización, a 139 en 2010; mientras que en Ciudad Bolívar pasó 151 a 300 y en Kennedy de 150 a 245.
Esto se debe, según indicó Rudolf Hommes en una columna publicada el 23 de junio de 2011 en el periódico El Tiempo, a que como la fuerza pública no ocupó el espacio que dejaron los paramilitares, se fortalecieron las bandas criminales y ahora dominan varias regiones y ciudades prominentes.
De acuerdo con el mismo informe, en los últimos años aumentó el número de panfletos amenazantes de bandas criminales en las mismas localidades (Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy). Aunque nadie puede asegurar que pase lo mismo con el caso de las FARC, las cifras sí constituyen una alerta temprana, no sólo para Bogotá, sino para las demás ciudades, de cara a un eventual proceso de paz.
“La política de seguridad urbana debe basarse en cero tolerancia con el crimen y el desorden. Esto requiere adicionalmente la provisión de soluciones efectivas y humanitarias para los vendedores que operan en el espacio público y para auxiliar a los mendigos y a los adictos callejeros”, concluyó Hommes en dicho artículo.
Los costos de la paz
El país debe ser consciente de que un eventual proceso de paz exige sacrificios. Entre ellos, acceder muy seguramente al pedido de la guerrilla en el que exigen “garantías para la participación política”.
Pero más allá del tema político y de seguridad, la paz tiene también implicaciones económicas. Según cálculos hechos por la firma Raddar y la Corporación Bienestar, con el apoyo del Cesa y la Corporación Siglo XXI, se estima que el costo militar actual de 22 billones de pesos debe mantenerse en el tiempo por lo menos 20 años más, o de lo contrario se perderá lo logrado en el proceso, por el surgimiento de grupos delincuenciales que afecten la seguridad ciudadana.
El mismo estudio indica también que cada guerrillero reinsertado costará alrededor de 15,8 millones de pesos, a lo que se suman las cifras reveladas por Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que indican que en 2012 se invertirán 6,1 billones de pesos en reparación a las víctimas más lo adicional de restitución de tierras.
“Si se hubiera hecho la paz cuando la ofreció Belisario Betancur, el PIB colombiano podría ser de entre 20 y 45 por ciento superior al actual. Y si las Farc, en vez de habernos mamado gallo en el Caguán, hubieran llegado a un acuerdo con Pastrana, el PIB podría ser ahora entre 13 y 30 por ciento superior al actual”, indicó Hommes en su columna del pasado viernes.
Sin embargo, no todo implica gasto. De acuerdo con cifras reveladas por la revista Dinero, varios estudios indican que la economía recuperará dos puntos del PIB y las empresas podrían aumentar su productividad 1%. “Todo el gasto que se va para la guerra podría aprovecharse para infraestructura e inversión social”.
Así pues, las estrategias de Uribe y Santos terminaron complementándose, porque Uribe creció militarmente y ahora Santos plantea el dialogo. Sólo falta consolidar el paso de la seguridad democrática a la paz democrática.El Gobierno deberá derrotar con hechos a los opositores, pues en este proceso los contradictores no usan camuflado ni empuñan fusiles.
Tal parece entonces que esta vez sí hay atisbos de un fin del conflicto armado, claro está de superar los difíciles escollos que suponen los diálogos con una guerrilla tan longeva como las FARC, pues el grupo armado ilegal no llega a la mesa en las mejores condiciones y el Gobierno al parecer ya tenía todo “fríamente calculado”. Sin embargo, debemos partir del principio de que, como dijo el mismo presidente Santos, “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Por Javier Forero, colaborador de Soyperiodista.com