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Las inversiones adelantadas en la dotación de los elementos de cocina de algunas de las 10 cárceles construidas en diferentes zonas del país, han generado un detrimento patrimonial.
El contralor delegado para la justicia, Javier Lastra, denunció que las inversiones que han adelantado respecto al menaje que debe disponer estos centros penitenciarios, «hoy no puedan ser instalados lo que genera un daño patrimonial al erario» de cerca de 15.000 millones de pesos.
Lastra dijo que las cárceles donde se han presentado estos desórdenes en la ejecución de los contratos son Acacias (Meta), Guaduas (Cundinamarca), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima), Florencia (Caquetá) y Pedregal (Antioquia).
Solicitó que se inicien los respectivos procesos de responsabilidad fiscal con aquellas personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de este proyecto.
Recordó que fue un proyecto adelantado por la anterior administración del Ministerio de Interior y Justicia, con un convenio interadministrativo con Fonade. «Sobre estas instituciones, la contraloría General adelantará las investigaciones para determinar quiénes son los responsables, determinar los valores y los montos del daño para recuperar estos recursos públicos», dijo.
Descartó que la totalidad del contrato de 1,1 billones de pesos sea objeto de la investigación. Solo busca determinar responsables en casos de una cocina que costó 500 millones de pesos y se encuentra oxidándose.
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