Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Las presuntas irregularidades encontradas en un convenio (0787 del 11 de julio de 2016) suscrito entre la Secretaría de Educación de Villavicencio y la Asociación Regional de Municipios de Amazonía y de la Orinoquía (Asomaroquia), por un valor de más de $1.933 millones, llevaron a la Fiscalía a capturar a cuatro personas que estarían involucradas en estos hechos.
Se trata, según la Fiscalía, de Elmer González González, representante legal de la empresa; Hugo Leonardo Ortíz Cárdenas, ingeniero supervisor de la Secretaría de Educación de Villavicencio; Jackelin Casallas Bautista, supervisora de Asomaroquia; y Néstor Humberto Romero García, gerente para el Desarrollo de las TIC y adscrito a Asomaroquia. (Le podría interesar: Así se infiltró la Fiscalía en universidades para capturar a supuestos vendedores de droga)
De acuerdo con el ente investigador, se hallaron supuestas irregularidades en la celebración del convenio, de los cuales el municipio aportaba $1.671 millones y Asomaroquia $261 millones. El objeto del convenio era prestar el servicio de internet a 149 colegios oficiales de la capital de Meta. Sin embargo, la Fiscalía dice que se habrían generado sobrecostos y, además, la vulneración de principios de contratación estatal como planeación, transparencia, responsabilidad y objetividad.
“Supuestamente, se direccionó el contrato para favorecer a Asomaroquia, aun cuando esta empresa no era idónea para la ejecución del mismo. Los investigadores establecieron que, para conseguir el propósito, al parecer se falsificaron documentos que acreditaban la experiencia de la compañía, así como los estudios previos”, precisó el ente investigador. (Lea también: El Programa de Alimentación Escolar es una mercancía para la corrupción: Fiscalía)
Igualmente, la Fiscalía encontró que también se habrían adulterado firmas de personas con las cuales supuestamente subcontrataron servicios y que, además, los dineros destinados para ello, al parecer, terminaron en manos de los investigados “producto de esos falsos contratos”. En este caso, la Fiscalía calculó un detrimento de más de $1.266 millones.
Las cuatro personas fueron capturadas este martes en Bogotá y Villavicencio, y serán investigados en calidad de coautores por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Otras tres personas, explicó la Fiscalía, son investigadas por estos hechos, entre ellas, dos exfuncionarios de la Administración Municipal. (Le sugerimos: 600 capturados por tráfico de drogas en colegios y universidades: Fiscalía)
Conoce más