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Solo faltan 24 horas para que se abran las urnas en Colombia y los ciudadanos salgan a votar, desde la 8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m., por sus nuevos mandatarios locales, en una jornada que reconfigurará el mapa del poder regional. Sin embargo, la atención no está centrada en los candidatos o sus propuestas y ni siquiera en las movidas políticas, sino en la novela que se armó por la instalación oficial de las elecciones.
La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en compañía de la fuerza pública y los organismos internacionales, tenían previsto viajar hasta Cauca para dar el banderazo en la capital del departamento, Popayán, como un “ejemplo de institucionalidad” en medio de la crisis de seguridad que afronta la región.
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Aunque ya de por sí la situación generaba varias preguntas, pues ni el presidente Gustavo Petro ni el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, participarían en el evento, el viernes el tema se enredó aún más cuando aparecieron en el escenario las disidencias del Estado Mayor Central (EMC). Este grupo había estado conversando con las autoridades para permitir la entrada del Ejército a zonas de su dominio, con el fin de garantizar la instalación de varios puestos de votación, pero, según una carta firmada por su vocero, Andrey Avendaño, y por el representante del Gobierno en la mesa de diálogos, Camilo González, también estarían invitados a la instalación de las elecciones en Popayán.
La noticia cayó mal en la opinión pública y generó todo tipo de críticas de sectores políticos y sociales que le preguntaron al Gobierno si con la supuesta invitación se le estaba otorgando un estatus de legalidad a ese grupo armado. “¿De qué lado está el Gobierno en la negociación con las disidencias? Están entregando el control a los terroristas del territorio. El gobierno de terroristas es incompatible con el Estado de derecho”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. Como ella, otros integrantes de partidos de oposición cargaron contra el Ejecutivo y los diálogos con las disidencias.
Según la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, “que un grupo ilegal que no ha dejado las armas ni se ha reincorporado ‘acompañe’ la jornada electoral es una omisión al deber del Estado de proteger y garantizar los derechos de su ciudadanía al voto, la participación, y el desarrollo de elecciones libres y justas”.
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Este tipo de críticas desencadenaron una serie de respuestas de la institucionalidad que llegaron a confundir aún más. Primero salió el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a rechazar la presencia de esa disidencia en cualquier espacio electoral. “El EMC es una organización ilegal”, dijo. Luego habló su compañero de gabinete, el ministro Velasco dijo que no había ninguna invitación y que debería ser el registrador, Alexander Vega, el encargado de responder.
Vega, junto al presidente del CNE, Alfonso Campo, negó que la organización electoral hubiera convocado a la delegación, canceló la jornada en Popayán y anunció una nueva en Armenia, lejos de la polémica. Andrey Avendaño también habló y dijo que al EMC le parecía de “vital importancia” acompañar el proceso, pero que el registrador no conocía la propuesta.
A través de su cuenta de X, el presidente Petro dijo que nadie del Gobierno, incluido el comisionado de Paz, Danilo Rueda, habían autorizado la polémica invitación. Para ese punto solo restaba la respuesta de González Posso y del propio Rueda, quienes al final confirmaron que no se daría la participación, pero nunca explicaron cómo surgió la idea.
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Lo que quedó demostrado es que hay una suerte de corto circuito en la información que circula entre el presidente, sus ministros y la mesa de diálogos con el EMC, situación que también genera una desconexión con el accionar de la fuerza pública, cuyo comandante dijo que no pedirán permiso de nadie para cumplir su deber. La cascada de declaraciones vuelve a dejar en evidencia las fallas en materia de comunicación y, probablemente el punto más complejo, el distanciamiento entre el Gobierno y la organización electoral.
Todo esto en el marco de unas elecciones marcadas por las alertas de compra de votos, fraude electoral, amenazas y atentados contra candidatos e incluso los riesgos de disturbios o asonadas, denuncia hecha por el defensor del Pueblo que ya generó otro choque con el presidente. Según la Fiscalía, ya hay más de 1.500 investigaciones por delitos que pondrían en riesgo el certamen.
Como se lo confirmó el propio registrador a El Espectador, a pesar de la coyuntura no ha tenido contacto directo con Petro, pues solo habla con Velasco, con quien ha chocado varias veces por el tema elecciones, como cuando dijo que las elecciones en Cauca estaban en riesgo y el ministro le pidió “que no se le vuelvan a perder 500 mil votos como hace unos años”.
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Petro, que no estuvo esta semana en el país, pues llegó el viernes de su viaje a China, también ha cuestionado las decisiones del CNE sobre la revocatoria de candidaturas. Así mismo, ha hecho varios pronunciamientos que la oposición considera participación en política, como sus propuestas para cambiar la línea del metro de Bogotá o su iniciativa de pagar a quienes denuncien la compra de votos, lo que a propósito lo tiene en otra puja con el fiscal general, Francisco Barbosa.
Todo indica que habrá elecciones con normalidad, esto en cuanto a la apertura y cierre de las urnas, pero a la sombra de una ruptura institucional que también cambiará de acuerdo a los resultados que el país empezará a conocer en la tarde y noche de mañana.
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