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En varias entrevistas a los medios de comunicación, el ministro de Hacienda ha anunciado que piensa reducir los impuestos a la nómina entre un 10 y un 14%.
Esta es una gran idea que esperemos quede plasmada en el proyecto de reforma tributaria y que, finalmente, sea aprobada por el Congreso de la República. Porque ayudará a reducir el desempleo y la informalidad en un país que tiene el desempleo más alto de América Latina y también una de sus tasas más altas de informalidad. Y las cifras son vergonzosamente contundentes: de los 20,5 millones de ocupados que hay en todo el país, sólo 6,5 millones están cotizando a salud y pensiones. Estos son los trabajadores formales y el resto, unos 14 millones, son informales o independientes. Pero, de esos 14 millones, alrededor de 10 millones tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. Además, más de 2 millones están buscando trabajo pero no lo encuentran y, por lo tanto, se clasifican como desempleados. Y quizá lo más grave es que tenemos estas preocupantes cifras después de uno de los períodos de mayor crecimiento del PIB en el último medio siglo.
Desde su comienzo, esta administración ha sido sensible a este problema y, por eso, presentó al Congreso un proyecto para la formalización y generación de empleo que se plasmó en la Ley 1429 de 2010. Tan consciente estaba esta ley de los altos costos laborales, diferentes al salario, que exceptuó del pago de los parafiscales a las pequeñas y medianas empresas durante dos años. Y no hay duda de que, en parte gracias a estos estímulos, la economía ha generado más de dos millones de empleos en los dos últimos años. Ahora se piensa hacer estas reducciones para todas las empresas y en forma permanente. Y, para financiar al ICBF, al Sena y, quizá, a la salud, se acudirá a una porción del impuesto de renta que tendría destinación específica para la solidaridad. Si bien un proyecto así no beneficiará a las grandes empresas que son intensivas en capital, sí lo hará con las que son intensivas en trabajo, las cuales son la gran mayoría.
El siguiente paso que se debería dar para reducir la informalidad y el desempleo es más complicado, pues tiene que ver con la relación que existe entre el salario medio y el mínimo. La informalidad es también muy alta en Colombia porque la brecha entre los salarios medio y mínimo es una de las más reducidas, quizá en el mundo. Por supuesto, la idea no es reducir el salario mínimo. Pero lo que sí se podría hacer es permitir que el salario medio crezca más rápido que el mínimo a lo largo del tiempo. Y para lograr un efecto semejante habría que hacer dos cosas. Primero, crear un nuevo indicador de ajuste salarial anual, el cual se convertiría en el referente para subir los salarios de todos los trabajadores formales (incluyendo los que hoy ganan el mínimo) en un monto igual a la inflación más la productividad. Y, segundo, continuar con el salario mínimo, pero ese sólo se ajustaría con la inflación para todos los nuevos empleados que entran a trabajar a partir del 1º de enero del año siguiente. Con un procedimiento semejante, todos los actores sociales quedarían contentos y se podrían formalizar millones de empleos en pocos años.