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Un viaje por carretera desde Montería hasta la región del Bajo Cauca tarda entre tres y cinco horas, dependiendo del destino final. Si es a Caucasia (120 kilómetros) o Nechí, el trayecto es de tres horas; a El Bagre, Zaragoza y Cáceres, de cuatro, y a Tarazá (180 kilómetros) es de más o menos cinco horas. Ese fue el desplazamiento que durante 10 años tuvieron que hacer los habitantes de estos municipios que buscaban en la sede de Medicina Legal de la capital cordobesa información sobre sus muertos. Eso en los no tan frecuentes casos en que los cuerpos eran encontrados o identificados.
“Ni siquiera pudimos ver a nuestros muertos por la ausencia de Medicina Legal en el Bajo Cauca, señalan Julio y Éber Ibarra, pobladores del casco urbano de Cáceres, insistiendo en que el municipio se encuentra abandonado por parte del Estado con el agravante de que se trata de una zona en la que los asesinatos por cuenta del conflicto armado y la presencia de actores ilegales siguen en aumento.
Datos de la Policía Nacional, en articulación con seccionales de Medicina Legal en Córdoba, apuntan a que en la región los picos de violencia criminal más altos fueron en 2012 y en el período 2016-2018. Solo en 2016, por ejemplo, fueron asesinadas 69 personas en Caucasia, Cáceres y Tarazá; en 2017, 103 personas (en los mismos municipios), y en 2018, 317.
Además, según la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), cerca del 50 % del total de asesinatos en la zona, reportados en los últimos tres años, son tratados como “casos muy complejos”, por el alto nivel de violencia sufrida por los cuerpos.
Para el general Luis Méndez, comandante de la Región 6 de la Policía Nacional, “los ajustes de cuentas entre miembros de estos grupos causaron decenas de muertos, y varios de estos nunca se identificaron. Conozco un caso reciente de una persona que fue asesinada por deber $90.000, y como ese se presentaron varios más en los últimos años”.
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El general Méndez fue enfático en que el crecimiento en la curva exponencial de estos homicidios se debe a que cada vez “hay más disputas por las rentas criminales, las cuales representan a las franquicias de las economías ilegales de estos grupos”. Además, agregó que en un escenario en el que confluyen Clan del Golfo, Caparros, Eln y estructuras disidentes, la Policía debe “atomizar su servicio” para hacer presencia en los municipios que necesitan mayor atención.
Para los pobladores de Caucasia es claro que la actividad de los grupos armados ilegales fue el motor para que la institucionalidad estatal se viera rezagada para responder las demandas de la gente. “La corrupción de anteriores alcaldías y el miedo que impartían los armados impedían que entidades como Medicina Legal pudieran llegar acá. Ni siquiera a Caucasia, que es considerada como la capital del Bajo Cauca”, señalan.
Angélica Lozada, coordinadora regional de Medicinal Legal en Córdoba, cuenta, por ejemplo, que muchos de los cuerpos que llegaban a esa sede eran sacados de los ríos. “En los últimos años, y por medio de procesos médico-legales se recuperaron cuerpos del agua, en el río Cauca. Sabemos que llegaban del Bajo Cauca antioqueño y por los estudios de necropsia, en los que se veía que muchos de ellos llegaban con signos de tortura, pudimos determinar que sus muertes estaban asociadas con el conflicto”. A causa de las alteraciones en los cuerpos por fauna cadavérica infectada, relata, fueron muchos los casos que tuvieron que ser catalogados como “NN”.
Lozada señala que el hecho de que el Bajo Cauca no tuviera una sede de Medicina Legal durante tanto tiempo muestra la falta de diligencia por parte de las autoridades en los municipios, a pesar de la existencia de una acción popular emitida en 2012, en la que se solicitaba la llegada de esta entidad, y también la falta de adecuaciones y preparación para atender estos temas.
Por eso, durante 10 años los casos de muertes menos violentas en la subregión se trataron en una funeraria y en el hospital local de Caucasia, que regularmente se encontraban agotados por las demandas de sus servicios; mientras que las muertes violentas y los “NN” eran llevados a Montería, que tenía más experiencia en temas de criminalística.
Los cuerpos provenientes de la parte norte de Antioquia, que eran encontrados en lugares como San Juan de Uré, Montelíbano o Tierralta (Córdoba), se mantenían en esa sede del Instituto a la espera de que se pudieran ubicar a sus familiares. De ahí que para los habitantes de estos municipios antioqueños la apertura de la sede de Medicina Legal en el Bajo Cauca, que fue inaugurada por la Embajada de EE. UU. y la administración de Caucasia, represente un beneficio.
Este centro, según Quebin Mejía, director regional del Instituto en esta zona del país, podrá atender en simultáneo a más de 20 cuerpos, por medio de las labores de dos médicos que pondrá la Alcaldía y otro a cargo de Medicina Legal. A mediano plazo se tiene contemplado que esta seccional se ocupe también de casos de atención psicosocial a la población, en lo que concierne a escenarios de violencia sexual.
A su vez, se espera que los funcionarios puedan trabajar mancomunadamente con la Fuerza Pública para identificar de manera más efectiva a los miembros de grupos armados ilegales que perpetren crímenes que sean tratados y evaluados por esta sede.
Pobladores de la zona, como Éber Ibarra, esperan que la creación de este lugar sea sinónimo de una mayor presencia institucional integral, para no retomar años pasados, en los que el accionar por parte del Eln, por medio del frente Héroes y Mártires de Tarazá, al mando de alias Mocho Tierra y de la violencia que impartía el frente Compañero Tomás o de las antiguas Farc, a través de los frentes 18 y 36, además de la presencia de la columna móvil Mario Vélez, era más visible que el alcance estatal dentro del Bajo Cauca antioqueño.
Sobre esto, el director nacional de Medicina Legal, Jorge Arturo Jiménez Pájaro, aseguró que “este centro, además de dar respuestas forenses de alta calidad, será un espacio para la administración de justicia en toda la región”.