Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
No es fácil identificar en qué consiste realmente la noticia sobre la Corte Constitucional, el uso del glifosato y el plan de manejo ambiental ideado por la Policía.
Lo primero sería aceptar que la Corte Constitucional sigue siendo un tribunal que cuida los derechos fundamentales de los colombianos. En esta ocasión, el derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas.
La noticia también podría ser que el trabajo de las comunidades con organizaciones sociales es una salida exitosa frente a los abusos del Ejecutivo. Más allá de las artimañas para hacerle el quite a la consulta previa, pudo más la estrategia de la ciudadanía.
Por el lado del gobierno de Duque y su equipo, lo noticioso es que trataron a las patadas de impulsar una política que se sabe es inútil (no soluciona el tema de la coca), costosa y dañina para las personas y su entorno. Cierra Duque su mandato con el mismo desdén por las políticas públicas basadas en evidencias con que arrancó.
Un periódico de ayer.
La Policía es otro actor del acontecimiento jurídico y político que es el portazo de la Corte Constitucional a las obsesiones de Duque y el uribismo con el glifosato. No hay que olvidar que en esta vieja historia la Policía ha sido la gran encargada de aplicar los lineamientos operativos de la política antidrogas.
Duque puede insistir en lo que le queda de tiempo y la Corte habrá de evaluar una vez más si se respetaron o no las condiciones exigidas para el regreso de la aspersión con glifosato. Pero la noticia para los candidatos presidenciales que celebraron la decisión del tribunal (casi todos, por fortuna) es que la Policía requiere nuevas formas de relacionarse con las familias cocaleras.
Además de una implementación seria del proceso de paz en las regiones cocaleras, otras reformas son necesarias. El lema de la Policía no puede seguir siendo Dios, patria y erradicación.
Conoce más