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A comienzo de este año, más precisamente en enero, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, les envió un mensaje a los representantes del sector bancario: “Ustedes están abusando de los costos de los servicios financieros. El Gobierno deberá supervisar si hay abuso de posición dominante y en tal caso tendrá que intervenir”. Pues bien, once meses después, con análisis en mano, Echeverry cumplió lo prometido y le puso tope al cobro que los bancos hacen cuando el usuario retira por cajero electrónico en una red distinta a la suya.
De esta forma, y con la entrada en vigencia del Decreto 4809 del 20 de diciembre de 2011, a partir de hoy se obliga a las entidades financieras a que la tarifa máxima que podrán debitarles por este concepto a los usuarios será de $3.965, que se equipara al valor que se cobra en Venezuela, Brasil, Ecuador, México y Argentina. “El Gobierno hizo un estudio comparativo de las tarifas y costos de transacciones financieras en Colombia vs. el resto de América Latina y es evidente que el costo es más alto. Estaba por los US$3,50, cerca de los $7.000 por un retiro”, aseguró Echeverry ayer, cuando anunció la entrada en vigencia del decreto.
Entre los beneficios que también detalla la norma está la prohibición del cobro de operaciones fallidas, pues se encontraron casos en los que los colombianos intentaban hacer retiros pero el cajero fallaba y aún así se hacía efectivo el cobro de la transacción. Se dejó claro también que los precios de consulta de saldo o transacciones en internet no podrán ser superiores al costo de lo que vale una transacción en cajero.
Y para mantener informado a cada uno de los usuarios, “con periodicidad anual los establecimientos de crédito deberán suministrar a cada uno de sus clientes un reporte especial, distinto de los extractos mensuales, en el que se informará la suma total de todos los costos que ha pagado durante el año, asociada a los servicios tales como cuotas de administración y manejo, tarifas por operaciones en cajeros, internet y consultas telefónicas”, detalla el decreto.
El superintendente financiero, Gerardo Hernández, fue enfático en recordar que “la entidad financiera que no le dé cumplimento (a la norma) la podríamos sancionar. Tenemos todas las posibilidades, podemos establecer multas, llamados de atención, obligarlos a hacer programas de ajuste a las normas vigentes”. Sin embargo, Hernández recordó que “las entidades ya venían bajando las tarifas y consideramos que eso es en beneficio de los colombianos, para que lleguen más personas al sector financiero”.
Y tiene razón. Desde el 12 de septiembre, por ejemplo, el presidente del Banco de Bogotá, Alejandro Figueroa, anunció que todas las transacciones que realizaran a futuro los clientes de esa entidad en cajeros automáticos diferentes a la red del Grupo Aval, bajarían de $6.750 a $3.500.
Se anunció también que la Superfinanciera establecerá un paquete de servicios básicos que deberán ofrecerse en forma homogénea (por parte de los bancos), de manera que el consumidor financiero pueda comparar fácilmente la oferta y así decidir si adquiere o no los productos que le ofrezca la entidad.
Luego del anuncio, la presidenta de Asobancaria (el gremio de la banca), María Mercedes Cuéllar, señaló que la decisión del Gobierno afecta la actividad de los bancos debido a la intervención en las tarifas. Según la directiva, “los bancos se tendrán que reacomodar” para hacer rentable el negocio.
Ahora, el paso a seguir es que todos los bancos hagan las modificaciones necesarias para acogerse a la ley pues, por ejemplo, cada vez que el usuario quiera hacer un retiro en un cajero que no hace parte de la red de su banco, en la pantalla debe aparecer el costo de la transacción, de forma que el mismo usuario sea quien decide si continúa o no, si paga o mejor busca un cajero de su propia red. Además, a partir de este decreto, cualquier cambio de tarifa que quieran hacer los bancos, deberá ser anunciado con mes y medio de anterioridad a sus clientes y usuarios.
Costos de retiro en cajero automático de otra red: ver infografía.